¿El Acuerdo sobre biodiversidad de la COP15 es un avance para América Latina?

Después de dos semanas de negociaciones, este lunes 19 de diciembre la Convención de Diversidad Biológica concluyó la Conferencia de las Partes (COP15) con un nuevo Marco Global de Biodiversidad (MGB) que establece la pauta que debe seguir la protección de la biodiversidad en esta década. Con dos años de retraso, debido a la pandemia del coronavirus, esta cumbre bianual debía celebrarse en China, pero por motivos sanitarios se trasladó a Canadá, aunque ha seguido manteniendo la presidencia de dicho acontecimiento.

Precisamente, el continente americano reúne a 7 de los 17 países megadiversos del mundo, entre ellos: Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Asimismo, América Latina y El Caribe es la región que mayor pérdida de biodiversidad ha experimentado, según datos del informe ‘Planeta Vivo 2022′, publicado el pasado mes de octubre.

Por este motivo, cobra relevancia para la región la tercera meta del también llamado ‘Acuerdo Kumming-Montreal’, emulando al de París sobre cambio climático, que cuenta con cuatro objetivos y 23 metas. En esta meta llamada 30×30 se establece la protección del 30% de áreas terrestres, de agua dulce y costeras para el 2030, relevando así a las ‘Metas Aichi’ establecidas para la pasada década (2010-2020). No obstante, para conseguir este nuevo objetivo, el Acuerdo cuenta con la implicación de los pueblos originarios, uno de los aspectos que se discutieron durante la cumbre.

Pueblos originarios reconocidos

“Es significativo el reconocimiento de la necesidad de la participación plena y efectiva y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en la misma implementación del MGB”, dice a DW Johnson Cerdá, Director Técnico Global de Conservación Internacional, y aplaude el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el tratado.

“Al final se logró incorporar que se respeten territorios tradicionales”, indica. Asimismo, otra de las metas sobre la mejor información disponible sobre biodiversidad, reconoce las tecnologías de los pueblos indígenas y comunidades locales. “Antes solo se reconocían conocimientos tradicionales, ahora adicionalmente se incluyen también sistemas de conocimientos de pueblos indígenas y comunidades locales en la educación formal e informal”, explica el experto indígena kichwa de la Amazonía ecuatoriana.

“Con una clara declaración de que nada podrá reducir los derechos ya alcanzados, permite tener cierta tranquilidad, sin embargo, causó cierta preocupación que se incluyera, ‘de acuerdo a la legislación nacional’, en las consideraciones de implementación”, advierte. Y es que “muchos países aún no tienen legislación sobre derechos de pueblos indígenas”, recuerda. Igualmente, reconoce que “muchos pueblos indígenas creen que el compromiso del 30×30 puede afectar sus tierras, principalmente con la creación de áreas protegidas”.

Una cuestión de financiación

En este sentido, además del rol que desempeñan los pueblos originarios como guardianes del territorio, se precisan recursos financieros para lograr las metas de dicho acuerdo. “Ha habido un pedido de crear un nuevo fondo global para la biodiversidad. Finalmente, lo que se acordó es hacer un fondo fiduciario dentro de la estructura y gobernanza del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) que vaya directamente a apoyar acciones relativas a la implementación del marco post 2020 y que esté ya operativo en 2023”, explica a DW Ana di Pangracio, directora adjunta de Biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

La directiva apunta a velar sobre los tipos de proyectos que se apoyen con estos fondos y sobre los que vengan del sector privado y de donaciones. “Rechazamos sistemas de créditos de biodiversidad y otros, que en verdad son falsas soluciones y distraen de lo que debe ser la prioridad que es atender las causas directas e indirectas de la crisis de pérdida de biodiversidad”, indica la directiva. Y plantea que “justamente una de las cuestiones negativas de este Marco es que los reconoce como una posible vía de financiamiento para la biodiversidad”.

Aunque recalca que en el acuerdo final se agregó que tiene que ser con salvaguardas ambientales y sociales, “deberemos darle seguimiento para que sean mecanismos absolutamente excepcionales y no la regla, porque la prioridad debe ser la preservación de la integridad ecológica de los ecosistemas”.