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Nacional

27 de Abril de 2023

Ministro Luis Cordero adelantó que el inicio de Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos en la dictadura sería en agosto

El ministro de Justicia y Derechos Humanos contó un vínculo personal con el tema, ya que "los dos hermanos de mi abuela paterna son detenidos desaparecidos de Paine".

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió al Plan Nacional de Búsqueda (PNB) del Presidente Gabriel Boric para conocer el destino de detenidos o ejecutados desaparecidos durante la dictadura, destacando que el mandatario “espera comenzar el proceso este año, en el mes de agosto, en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada”.

Así, en conversación con Deutsche Welle, el jefe de la cartera de Justicia contó que el cuenta con un vínculo personal con los detenidos desaparecidos en la dictadura, ya que creció “en una familia en que los dos hermanos de mi abuela paterna son detenidos desaparecidos de Paine, una localidad campesina en la Región Metropolitana, donde la dictadura detuvo e hizo desaparecer no a dirigentes políticos, sino a campesinos”.

Confesó que el Presidente Boric no conocía esta historia familiar, “es cómo la vida cruza destinos, nada más. Pero ante todo, mi obligación como ministro de Estado es llevar a cabo mis tareas con indiferencia de mi trayectoria o mi vida personal”.

Desafío permanente de Estado

Luis Cordero aseguró que el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos o ejecutados desaparecidos en la dictadura es relevante para que la búsqueda de justicia “no descanse en los hombros de los familiares”. Agregando que es una política pública para que “se transforme en una obligación y esfuerzo permanente del Estado y que el Estado acompañe hasta que se agote el último esfuerzo por parte de éste”, por lo que no tiene un plazo límite para tener resultados.

En ese sentido enmarcó que hasta la fecha “los casos de verdad y justicia han sido relativamente acotados y esencialmente han descansado sobre las acciones y gestiones de los familiares”.

Al ser consultado por la recepción de las agrupaciones de víctimas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó que ha sido recepción, apuntando a que “es la primera vez que el Estado lo asume como una obligación pública permanente, probablemente la demanda de ellos durante décadas”.

“Desde el punto de vista de la oposición actual, la derecha que fue antes gobierno, hoy es plenamente consciente de que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad y no hay límites para que el estado siga indagando. Hemos tenido conversaciones respetuosas y comprensivas de que es necesario y útil para la sanidad del sistema democrático chileno”, agregó el ministro Luis Cordero.

Dificultades en el proceso de recopilación de información

El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó -en entrevista con el medio alemán- que de las dificultades del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), “es la capacidad de poder analizar una gran cantidad de información que tenemos dispersa” sobre los detenidos desaparecidos, ya que al entrevistar a familias y abogados que trabajan en el tema, ven que “han vinculado e integrado una investigación con otra, pero el Estado no lo ha hecho de modo oficial, orgánico ni tecnológico”.

“Enfrentamos un gran desafío de gestión pública: sumar esa información, disponer de recursos para sistematizarla, aplicar tecnología y tener un grupo de trabajo permanente que monitoree el proceso”, expresó. 

Sobre si la justicia podría condenar a nuevos responsables de los crímenes de lesa humanidad, destacó que sí: “La jurisprudencia chilena considera que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles”.

Y, si es que el PNB podría generar “expectativas poco realistas” a las familias de detenidos desaparecidos en la dictadura, el ministro aseguró que “eso depende”.

“Si PNB es ir a indagar lugares para encontrar hallazgos, lo que por cierto es relevante, yo creo que las expectativas son inciertas. Pero hacerlo no solo es un imperativo político, sino que es un imperativo ético. Sin embargo, pareciera que la principal función es conocer las circunstancias generales en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer”, dijo Luis Cordero.

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