Ministro Luis Cordero y la controversia con el General Yáñez: “¿Puedo mantener la continuidad institucional estando sujeto a una investigación? Probablemente no”

Que el ministro Luis Cordero fue “poco prudente” y que no es el ministro encargado de llevar la relación con las policías. El jefe de Justicia fue objeto de diversos cuestionamientos tras señalar en Tolerancia Cero —a propósito de la formalización al exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, por revelación de secreto— que espera que el otro jefe de las policías, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, evalúe su renuncia antes de ser formalizado en mayo por su presunta responsabilidad en violaciones a los DD.HH. durante las protestas de 2019.

Con las aguas aún revueltas por su declaración, el ministro defiende su punto con el criterio de las formalizaciones como “punto de inflexión” que ha establecido el Ejecutivo. 

“Cuando usted tiene una persona en una posición directiva, lo que necesita de esa posición directiva es que esté focalizada en la función pública. Estar sujeto a la investigación del sistema de enjuiciamiento criminal debe ser una de las cosas más complejas que afronta una persona”, argumenta.

Pero entre las preocupaciones del abogado Luis Cordero, prima el perjuicio al ejercicio de la profesión legal que ha implicado el destape de las comunicaciones de Luis Hermosilla y que ya involucran a tres instituciones: el SII, la CMF y la PDI.

“Muchos (abogados) probablemente se preguntarán si acaso en los casos que enfrentaron, teniendo de contraparte a Luis Hermosilla, no fueron triunfos ilegítimos por este tipo de ventajas”, reflexiona el ministro.

—Con el Caso Audios y los presuntos sobornos a la CMF y al SII; y ahora con la arista de Sergio Muñoz y los métodos del abogado Luis Hermosilla, ¿qué tanto se lesiona la fe pública entre quienes administran justicia?

—Mucho. Cuando salió el audio, todo el mundo estaba muy focalizado en el tipo de lenguaje utilizado, en la corrupción, pero advertí en ese momento una cosa que me preocupa mucho: el impacto que podía tener y cómo podía lesionar la profesión legal. Porque era, en el fondo, un abogado aprovechando la posición en la que estaba para ostentar, no sólo vínculos impropios, sino que la comisión de delitos.

La declaración de esta semana del Colegio de Abogados recuerda que el secreto profesional es un deber, es un derecho, pero no está diseñado para la comisión de delitos. Esto es relevante porque la profesión legal es, primero, una profesión de confianza. Y segundo, es una profesión que aun cuando se atiendan intereses privados, contribuye a la provisión de un bien público que es la justicia. 

—Antes del ministerio, usted se desempeñaba como abogado. ¿Qué tan extendidas pueden estar las prácticas de Hermosilla en el gremio?

—Creo que no lo están. En la profesión legal esto produjo una impugnación muy grande porque había un abogado que a un lado tenía un privilegio que la otra parte no tenía. Y una de las ideas centrales sobre las cuales descansa el sistema legal es la igualdad de armas que supone que los hechos se enfrentan por igual, a las mismas reglas del derecho, y a un tercero imparcial.

La obtención de información ilícita por parte de una de las partes lesiona esa regla de igualdad de armas tan esencial del sistema judicial. Se hace evidente que había una persona que actuaba con una ventaja frente a otra y muchos (abogados) probablemente se preguntarán hoy día, si acaso los casos que enfrentaron, teniendo de contraparte a Luis Hermosilla, no fueron triunfos ilegítimos por este tipo de ventajas.

—Ha dicho que las filtraciones del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, pueden comprometer a más instituciones, que hay un riesgo…

—Es un riesgo por una razón muy simple. Estamos en un momento especialmente delicado en materia de seguridad. Entonces, cuando hablamos de seguridad, de crimen organizado, éste necesita dos cosas para tener éxito: infiltrar la economía —y en eso consiste el lavado de activos— y funcionarios corruptos.

¿Qué tiene que ver todo esto? El Caso Audios golpea uno de esos aspectos en las policías, en Impuestos Internos. Y no estoy diciendo con esto que el exdirector Sergio Muñoz esté vinculado al crimen organizado, ni tampoco que Luis Hermosilla lo esté. Pero sí está claro que son casos que revelan una debilidad institucional que es precondición esencial para la expansión de organizaciones criminales. 

Luis Cordero: “Si el día de mañana a mí (me formalizan), o a cualquier directivo de este ministerio, lo que corresponde es que no me mantenga”

—Sergio Muñoz ya está en prisión preventiva y el otro líder de las policías, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentará una formalización en mayo. Usted dijo que debería evaluar su salida antes de ese proceso. Pero son casos bien distintos.

—Materialmente son distintos. De eso no cabe ninguna duda.

—¿Y políticamente no son distintos como para haberle sugerido una renuncia? 

—Lo que pasa es que hay una cuestión que no depende de los casos. Depende de otro asunto. Cuando el gobierno dice “la formalización es el punto de inflexión”, la formalización está pensada como una regla de garantía para la persona investigada por el Ministerio Público que le imputa un delito, le dice en qué consisten los hechos, por qué considera que cometió ese delito y cuál es su participación…

—Es simplemente notificarle a alguien que está siendo investigado.

—Pero una es la dimensión procesal y otra es la dimensión pública. Y esto no tiene que ver ni con el exdirector Sergio Muñoz ni con el General Yáñez. Esto tiene que ver con los directivos del Estado. Cuando usted tiene una persona en una posición directiva, lo que necesita de esa posición directiva es que esté focalizada en la función pública. Estar sujeto a la investigación del sistema de enjuiciamiento criminal debe ser una de las cosas más complejas que aborda una persona. 

—Probablemente preocupada de su defensa.

—Cuando el gobierno fija el criterio y dice que la formalización es el punto de inflexión, no es un problema de afectar o no la presunción de inocencia, tiene que ver con la continuidad institucional, con la continuidad del Estado que está a cargo de dirigir la institución, que tenga toda la atención. El caso del exgeneral del Ejército, Ricardo Martínez es el mejor ejemplo: él toma una decisión antes que lo procesen, pese a que después se revocó su procesamiento.

Aquí no hay una opinión y un prejuzgamiento. Tampoco tiene que ver con cómo entendemos la formalización, porque evidentemente la formalización es una comunicación, pero esto tiene que ver con el funcionamiento de la institución, dónde tiene el foco. Mire, si el día de mañana a mí (me formalizan), o a cualquier directivo de este ministerio, lo que corresponde es que no me mantenga. La pregunta que uno debe hacerse es: ¿puedo mantener la continuidad y la fortaleza institucional estando sujeto a una investigación? La respuesta es probablemente no.

Los contactos del Ejecutivo con Luis Hermosilla

—Por un breve período de tiempo, Hermosilla tuvo la representación legal del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, por Caso Convenios. ¿Se hizo una revisión de esos intercambios? 

—Solo las tratativas previas para efectos de su defensa. Es un tema que a algunos les podrá parecer atractivo, pero de los antecedentes que yo dispongo, es que fueron conversaciones para efectos de la defensa de la conversación habitual cliente-abogado de Miguel Crispi.

—Y usted, ¿ningún intercambio con el abogado Hermosilla?

—Él me comunicó que iba a entrevistar a Miguel Crispi en un determinado momento para efectos de ver algunos hechos. Que lo iba a entrevistar para (preparar) su defensa. Pero fueron servicios que no prestó, entonces la verdad que después de eso no hubo ninguna comunicación.

Luis Cordero: “Tenemos problemas, pero también instituciones que reaccionan drásticamente”

—Con la situación de la PDI y Carabineros, ¿no vuelve esta idea de refundar las policías como se planteó alguna vez en su sector?

—Las ideas abundan. Cuando vino la reforma procesal penal, había pleno acuerdo de hacer reforma a las policías porque tenían una incidencia en cuestiones investigativas. La hicimos “más o menos”. Luego, producto del estallido social quedó en evidencia que había una serie de cosas que avanzar en materia de orden público y Carabineros ha avanzado sustancialmente. Desconocer los avances en materia de instrucción y operación en Carabineros es faltar a la verdad.

Hay un detalle que no tenemos que perder de vista: la mejor prueba de las fortalezas institucionales son en momentos de crisis. Sería preocupante que enfrentáramos esta crisis con instituciones débiles, sin formación, sin sus altos mandos cohesionados en las policías, el Poder Judicial, el Ministerio Público (…). Por eso, yo me resisto siempre a personalizar el poder y siempre hablar de las instituciones. La fortaleza de Chile son sus instituciones (…). A nosotros no se nos olvida que sufrimos una crisis social, que pasamos dos procesos constituyentes que fueron rechazados y seguimos avanzando.

—Alguien le podría replicar que eso es poner la vara demasiado baja.

—No es baja. Es más: es bien alto ponerse la vara de que las instituciones funcionen con normalidad. Esta idea de que en lo normal está lo mínimo, en lo normal en ocasiones está lo heroico. El ADN institucional de Chile es una de sus grandes fortalezas. En momentos de conflicto, es un asunto quienes estamos en cargos directivos del Estado no debemos perder de vista.

—¿Cree que hay una red de corrupción, como dijo la ministra vocera Camila Vallejo?

—La ministra Vallejo ha transmitido una inquietud legítima del gobierno. Ojalá no sea así, pero lo relevante es avanzar en la investigación. En esa misma declaración, la ministra insiste mucho en la importancia de la independencia del Ministerio Público.

—La ciudadanía puede pensar que si esto ocurrió con el exdirector de la PDI, los mandos medios y otros funcionarios también pueden incurrir en prácticas de traspaso de información. ¿Cómo se evita?

—Podríamos decir que con transparencia. O con mejores remuneraciones. Perfecto. Pero hay algo que tiene que ver con la idea de integridad, con las políticas de integridad, con la convicción de los funcionarios del interés general que representan. Cuando hay organizaciones (criminales) con tantos recursos, ¿cómo se resiste esa tentación de privilegiar el interés privado por solo el interés general? El elemento clave para eso son las culturas organizacionales y las políticas de integridad dentro de ellas. 

¿Por qué el caso del exdirector golpea hacia abajo? Porque, con certeza, la mayoría de los funcionarios de la PDI, todos los días, velan por el interés general y enfrentan acciones de este tipo. Este es el momento de decirle a esos funcionarios y a esas funcionarias la importancia que tienen para el funcionamiento no solo de su institución, sino que del Estado y la democracia (…). Esa parte del vaso medio lleno es la que uno también tiene que mirar para decir: “Ok, tenemos problemas, pero también tenemos instituciones que reaccionan drásticamente”. A ratos, perdemos de perspectiva que ya tenemos en prisión preventiva al exdirector de la PDI.