Columna de María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente | Caso Convenios: Amenazas y oportunidades

El caso Democracia Viva ha pegado de lleno en el gobierno y en uno de sus principales partidos, que incluso ha tildado el caso derechamente de corrupción y de que la fundación en cuestión habría aprovechado su cercanía con ciertas autoridades para obtener recursos públicos a través de convenios. No sabemos aún si esos recursos iban a darle sostenibilidad a la organización o si a enriquecer personalmente a sus integrantes, algo que solo la investigación y el tiempo aclararán.

Pero el caso no ha quedado ahí. El Presidente de la República ha ordenado investigar todos los convenios vigentes con fundaciones. Y los medios han ido reportando, algunos de modo más riguroso que otros, otras transferencias a fundaciones por parte del Estado. En un caso incluso se llegó a titular que un gobernador habría transferido recursos a una organización que él mismo presidía, el colmo de la corrupción, sin embargo, al leer la nota se trataba de una organización ligada al gobierno regional y que le correspondía presidir en su rol como tal. Organizaciones con décadas de trabajo en Chile han salido al ruedo y el manto de duda es amplio.

El llamado “Caso Convenios”, como diversos casos de corrupción que enfrenta y ha enfrentado nuestro país presenta amenazas y oportunidades. Parto por las primeras. No cabe duda que ante la inmensa crisis de confianza que presentan las instituciones políticas, particularmente los partidos, las organizaciones del tercer sector se han erigido como instituciones más confiadas por la ciudadanía y que logran movilizar esfuerzos y voluntades en torno a diversos objetivos. Además, ante un Estado con limitados recursos, han logrado contribuir, a través de alianzas con el sector privado y público, en los más variados bienes y servicios públicos: pensemos en la Teletón, en el Hogar de Cristo, Techo, Fundación las Rosas y tantas otras que llevan décadas trabajando en nuestro país, a las que suman muchas otras noveles y más pequeñas organizaciones. Por eso, este manto de duda generalizado puede rápidamente convertirse en una caza de brujas y que implique generalizar casos que pueden ser más bien aislados. Haber recibido una transferencia pública o firmar convenios con el Estado no puede implicar, sin más, un acto de corrupción. Además, acusaciones al voleo o sin fundamentos pueden liquidar la reputación de personas y organizaciones.

¿Significa esto que no hay que investigar ni averiguar si son hechos aislados o más extendidos de lo que creemos? Para nada. Hace bien el Gobierno en revisar si lo de Democracia Viva se replica en otros lugares, mal que mal, es el Estado el primer llamado a velar por el buen uso de los recursos públicos y a quién y cómo los asigna. Y, en caso de haber indicios de delitos o irregularidades, corresponde poner los antecedentes en manos de Contraloría y el Ministerio Público para su debida investigación y sanción, si corresponde.

Esto nos lleva a las oportunidades. Todo caso de corrupción que impacta a la opinión pública, puede abrir una ventana para una mejora de nuestra institucionalidad. Ya lo hemos visto en cuatro oportunidades en nuestro país desde el retorno a la democracia, con la creación de Comisiones Asesoras Presidenciales y la consecuente agenda de reformas. Hay un sin número de propuestas que se han hecho y que pueden contribuir a evitar que casos como este se repitan fácilmente en el futuro: puerta giratoria entre el sector público y privado; mayor transparencia y rendición de cuentas de organizaciones de la sociedad civil -en particular las que reciben y ejecutan fondos públicos-; menos discrecionalidad y más concursabilidad de fondos públicos; registro único y accesible de los últimos beneficiarios de organizaciones o estructuras jurídicas; regulación más estricta de financiamiento y funcionamiento de organizaciones ligadas a partidos políticos; son solo algunas de las reformas posibles para responder a las debilidades y deficiencias que el caso Convenios ha puesto en evidencia.

Situaciones como esta exigen acción y reacción para sancionar a culpables y evitar su reiteración constante. Ante casos de corrupción, sanción y reforma debieran ser la combinación ideal.

María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente.