Columna de Lorena Fries (CS) | Democracia Viva: Separemos la paja del trigo

Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol central en una sociedad democrática. En toda su pluralidad de acciones y de visiones, contribuyen al desarrollo de una consciencia democrática relevando temas de interés público, promoviendo derechos y realizando acciones solidarias que contribuyen a resolver necesidades urgentes de personas y grupos excluidos. A partir del caso de la Fundación Democracia Viva, se ha instalado una sospecha general sobre todas ellas en tanto destinatarias, para su trabajo, de fondos estatales.

La experiencia internacional nos muestra que la sospecha y eventual persecución a las organizaciones de la sociedad civil es una señal de deterioro de la democracia y aumento del autoritarismo. Casos como el de Polonia y el de Nicaragua dan cuenta de cómo a partir de acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos puntuales, se aprovecha de limitar el trabajo, impedir que accedan a recursos y perseguirlas cuando no son afines al gobierno de turno.

La gran mayoría de las organizaciones sin fines de lucro no responden a partidos políticos y cuentan con agendas propias garantizando espacios de participación a voluntarios y profesionales en múltiples causas. Las democracias desarrolladas, junto con considerarlas y valorarlas como actores relevantes para la democracia, cuentan con procesos claros de rendición de cuentas y transparencia en relación a la transferencia de recursos y también a los procesos de democracia interna.

En Chile el rol que han cumplido durante los últimos 50 años ha sido fundamental para la defensa de los derechos humanos de las víctimas de la dictadura, para la recuperación de la democracia, para el avance de los derechos de las mujeres y del medioambiente, para alertar sobre las amenazas que puede traer el desarrollo de las tecnologías, para entregar insumos para la formulación de políticas públicas o para complementar la acción del Estado allí donde el Estado no llega o incluso ha renunciado a llegar.

Son más de 300 las organizaciones de la sociedad civil en Chile y suelen gozar de la confianza de quienes resultan destinatarios de sus acciones. Sus trabajadores y trabajadoras no se enriquecen con el trabajo que realizan y muchas veces incluso corren riesgo por  hacerlo. Han tenido la capacidad de articularse en torno a temas regional y globalmente, movilizando a multitudes en torno a fines que como humanidad compartimos: justicia, democracia, participación, solidaridad, innovación, etc.

La Constitución actual y la ley 20.500 consagra el “derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos” y plantea que es “deber del Estado promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil”. Es por eso que debemos defender el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a contribuir a la labor pública y a la democracia.

Las malas prácticas de algunos personeros no pueden enlodar el aporte imprescindible que las organizaciones realizan. Frente al caso de Democracia Viva, debemos separar la paja del trigo.

Lorena Fries, diputada de Convergencia Social, abogada y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.