Columna de Leonardo Soto (PS) | Corrupción: de la indignación a la esperanza

Lamentablemente, la denuncia de numerosos casos de corrupción pública como el pacogate, milicogate y ahora el reciente caso Fundaciones está pasando a ser el pan nuestro de cada día. Los chilenos tomamos desayuno, almorzamos y cenamos con ellos en las noticias.

La indignación ciudadana es muy grande -y con justa razón-, por el perjuicio económico que representan las distintas modalidades de corrupción para todos los chilenos. Se ha calculado el FMI en un 4% del PIB y el Informe de Jorratt indica que es incluso hasta un 7,5% del PIB, esto es, cada año, entre 12 y 22 mil millones de dólares, que se cuelan por el forado de la corrupción.

Ninguna banda criminal o grupo delictual del país ha conseguido un botín mayor que las ganancias ilícitas, que se han llevado grupos de civiles, empresarios y uniformados, y que han funcionado como mafias de corrupción.

La corrupción pública, sin duda, produce una natural indignación en todos los ciudadanos. Que sienten que las élites les roban beneficios que les pertenecen, que destruyen la justicia, la igualdad y se llevan hasta la confianza y esperanza en el sistema democrático.

Pero, ¿cómo surge este fenómeno que se presenta con una regularidad que cada vez nos sorprende más? Las corrupciones son el cáncer de las sociedades, que se desarrolla cuando existen condiciones institucionales que facilitan su propagación en el Estado. Como lo son el monopolio y la discrecionalidad de la autoridad pública que toma decisiones sobre dinero público, falta de reglas, transparencia y ausencia de un adecuado control interno y/o externo.

En la denuncia de estas semanas, respecto de funcionarios regionales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que transfieren recursos públicos a la fundación Democracia Viva, se presentan estas facilidades mencionadas, el mismo modus operandi. Claro, porque la asignación de las subvenciones fiscales las decidía exclusivamente un Seremi, mediante un trato directo. Eludiendo tanto la concursabilidad de los fondos así como el control de la Contraloría, y todo en un marco de ausencia de transparencia y rendiciones de cuentas.

La decepción es mayor porque aquellos que llegaban al poder proclamando la llegada de la “nueva política” caen de manera acelerada en las viejas prácticas de siempre.

En todo caso, el paso correcto es apoyar con toda la fuerza las investigaciones que llevan el Ministerio Público, la Contraloría y otras entidades. Para que toda la verdad sea develada, caiga quien caiga y, de ser comprobadas, sus autores deben recibir sanciones severas, ejemplares, que disuadan a otros de seguir este camino.

La lucha de nuestra democracia contra la corrupción debe ser una tarea permanente. Que no se agote en una reacción de ira de la sociedad. Sino al contrario, convertir la indignación ciudadana en nuevas reformas legales preventivas que modernicen el Estado y cierren la corrupción institucionalizada.

Frente a la denuncia de los actos de corrupción relacionados con “Democracia Viva” no debemos dar ni un paso atrás. Sino que reiniciar una nueva etapa de limpieza de nuestra democracia, de fortalecimiento y modernización de nuestras instituciones, de prevención, control y persecución de la corrupción. Así recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático y en las instituciones, antes de que sea demasiado tarde.

*Leonardo Soto, Diputado del Partido Socialista por el Distrito 14.