“No más clases de ética”: Tribunal Constitucional le da el visto bueno a ley que castiga los delitos económicos “de cuello y corbata”

El Tribunal Constitucional (TC) le dio luz verde al proyecto de ley que busca sancionar los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, también conocidos como “de cuello y corbata”. De esta manera, la iniciativa quedó lista para ser promulgada y entrar en vigencia.

La moción fue aprobada el 15 de mayo por el Congreso. Sin embargo, miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados la envió a revisión argumentando que posiblemente existen “vicios de inconstitucionalidad“, lo que llevó a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a presentar objeciones a la iniciativa.

“En la CPC nos parece fundamental contar con una legislación adecuada que penalice los delitos económicos y contra el medio ambiente. Se debe sancionar a los que abusan y, a la vez, garantizar certeza jurídica e igualdad ante la ley. Necesitamos una legislación efectiva y que no se presta para ninguna ambigüedad ni discriminación“, mencionó la entidad a través de un comunicado.

A esto se unió la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que aseguró que la moción “agrega un grupo de figuras delictivas difusas“.

Sin embargo, finalmente el TC acordó que los aspectos del proyecto que fueron analizados son considerados constitucionales, por lo que no había motivo alguno para alterar el proyecto de ley despachado por el Congreso.

En qué consiste la ley contra delitos económicos

Entre algunas de las novedades que presenta la moción, se encuentra la creación de la figura legal de explotación laboral de trabajadores, además de nuevos delitos vinculados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

También establece nuevas penas y fortalece otras ya existentes, para que los culpables puedan cumplir con penas de cárcel y no con “clases de ética”, como se criticó en 2018 con Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano en el Caso Penta.

Asimismo, la iniciativa permitirá que personas jurídicas puedan ser responsables penalmente y abrirá canales seguros de denuncia, capacitación de colaboradores y evaluaciones periódicas por parte de entidades independientes.