Senado aprueba proyecto que busca declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación del Gobierno

Este miércoles el Senado aprobó un proyecto de acuerdo para que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la Comisión contra la Desinformación que presentó el Gobierno.

La moción, que recibió 18 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones, fue presentada por parlamentarios de Chile Vamos, Demócratas y el Partido Repúblicano, quienes aseguraron que la iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es “inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional“.

Cabe recordar que la semana pasada, la ministra de la cartera, Aisén Etcheverry, mencionó ante la Comisión de Constitución del Senado que su propuesta no va a proponer proyectos de ley, revisar redes sociales ni interferir en la prensa nacional.

A pesar de sus palabras, parlamentarios aseguraron en ese entonces que podría coartar la libertad de expresión. Por ejemplo, la senadora Luz Ebensperger (UDI) mencionó que “soy una convencida de que va a ser utilizada esta comisión en el sentido de censura y cancelación de determinar verdades oficiales“.

Incluso, este miércoles la senadora Ximena Rincón (Demócratas), una de las impulsoras de la moción, tachó la comisión de “tema sensible” y mencionó que los parlamentarios deberían tener “una sola mirada, porque cuando perdemos espacio en la libertad de expresión tambalea la democracia“.

Qué hará la Comisión contra la Desinformación

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aclaró que esta instancia consiste en “expertos y expertas que trabajan ad honorem” para entregar dos informes al Ministerio de Ciencia.

La secretaria de Estado detalló que el primero de estos consistirá en “un análisis del fenómeno de la desinformación a nivel global y su expresión en Chile“, mientras que el segundo presentará sugerencias sobre alfabetización digital.

“Y también si es que hay recomendaciones en el ámbito de las regulaciones. Pero son recomendaciones, y por lo tanto, luego es el poder ejecutivo con el legislativo el que define si es necesario hacer o exigir una regulación”, agregó.