La bomba de la diputada Catalina Pérez: asegura que comunicó irregularidades sobre Democracia Viva al gobierno a inicios de junio

Tras varios meses de silencio, la diputada Catalina Pérez se refirió a la situación de la Fundación Democracia Viva, que sin duda puede considerarse el caso más grave de corrupción que afecta al gobierno del presidente Gabriel Boric. La parlamentaria asegura no haberse beneficiado de manera alguna con la situación, y que habría informado con tiempo de las situaciones irregulares que involucraban a la mentada fundación.

En conversación con La Tercera, Pérez es categórica en señalar que “no he robado plata, no he ejercido tráfico de influencias, no me he beneficiado de ninguna manera.” Esto, frente a las acusaciones de que ha sido objeto luego de conocerse el tenor de los convenios suscritos entre la Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. En esa fecha, el representante legal de Democracia Viva era su actual ex pareja, Daniel Andrade.

“Jamás me interioricé de los aspectos operacionales o de los aspectos financieros de Democracia Viva. Evidentemente, sabía en qué trabajaba mi pareja. Sabía que tenía una fundación que desarrollaba trabajo territorial en distintos lugares de Chile”, manifiesta Pérez.

Primeras informaciones en su poder

Profundizando en este aspecto, la parlamentaria afirma que “a principios de junio, me llega una denuncia de irregularidades por parte de los funcionarios del Serviu (…) Una denuncia que circulaba de manera informal por distintos canales de que había irregularidades en la Seremía de Vivienda y vinculadas a la fundación Democracia Viva. Estaba firmada por la Asociación de Funcionarios”.

“En esa denuncia se decía que se estaba utilizando mi nombre por parte del seremi, que había un trato privilegiado, que había un maltrato, o sea, era una denuncia administrativa, lo que me levanta las alertas respecto de una situación que yo hasta ese entonces pensaba que estaba todo bien. Y la verdad es que ahí se me viene el mundo encima”, sostiene la diputada.

Catalina Pérez asegura que con éstos datos en su conocimiento “traslado la información a mi partido, toda la información que tenía a disposición en ese momento se la paso a la directiva nacional y hablo con autoridades de gobierno para informar lo que a mí me había llegado, pero también para preguntar qué es lo que estaba pasando y, en vista de los antecedentes, decido ir a la Contraloría”.

Información sobre irregularidades estuvo en manos del Gobierno y RD desde inicios de junio

La parlamentaria, que actualmente está suspendida en su militancia en Revolución Democrática, agrega que “la primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría. Luego esto se conoce públicamente la semana siguiente”.

“Yo siempre lo comuniqué todo al partido, todo lo que yo iba sabiendo lo iba comunicando. Nunca guardé información para mí”, insiste Pérez. “En mi rol de parlamentaria, si me llega una denuncia me corresponde ejercer como fiscalizadora”.

“Entonces, me comunico con Juan Ignacio Latorre, presidente del partido, con quien tuve varias conversaciones, presenciales, por teléfono”, relata la diputada. “También le pido a mi equipo que solicite una reunión a la directiva nacional del partido y que les pidan a los involucrados que estén presentes”.

Catalina Pérez dice además que en el momento no habló sobre lo que pasaba con Democracia Viva con autoridades vinculadas a RD como el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, o el entonces ministro Giorgio Jackson, ya que pensó que el conducto era conversar con la entonces subsecretaria de vivienda, Tatiana Rojas.