La caída del funcionario del Ejército que vendía granadas y fusiles de guerra a peligrosas bandas de narcotraficantes

En noviembre de 2018, un reportaje exclusivo de The Clinic reveló que oficiales y suboficiales del Ejército de Chile traficaron armas para bandas de narcos. Era el entonces comandante en jefe de la institución castrense, Ricardo Martínez, quien reconocía -en un encuentro privado en la Escuela Militar– que uniformados “compran armas por la vía legal, que después las dan por perdidas. Pero lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes“.

En ese momento, ya el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) tenían en la mira a dos sospechosos. Según una investigación de Meganoticias, se trataba -originalmente- de Jonathan Olave Ahumada y Jonathan Alfaro.

A través de escuchas telefónicas, la Fiscalía y las policías lograron desbaratar el mecanismo de tráfico, que incluía la venta de granadas de fragmentación. En las conversaciones, los implicados utilizaban términos como “pelotas” y “cargadores”. Pero hubo una palabra que alertó a los investigadores: “fragmentación“.

El inspector de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI, Raúl Muñoz, explicó que “en base al análisis que hicimos de la información, pudimos determinar que esos comunicados hacían referencia a granadas de fragmentación“.

En tanto, para Milibor Bugueño, de la Fiscalía Metropolitana Sur, “es un hecho con bastante peligro para la sociedad”. El fiscal que llevó la investigación comentó que una granada de fragmentación “cuando estalla, salta en muchos más pedazos, dañando a mucha más gente“.

A través de las escuchas, se logró determinar que existía un nexo entre Olave y Los Gálvez, una conocida banda de narcotraficantes de La Legua Emergencia que intentó resurgir en 2018. “La idea era poner a disposición de los narcos cinco granadas, que estaban próximas a ser entregadas. Estaba la lista hecha”, detalló Bugueño.

La pieza clave del engranaje dentro del Ejército, sin embargo, era Víctor Roa Alburquenque, sargento segundo del Ejército, quien proveía las armas. Según Muñoz, el uniformado “era quien llevaba el suministro de munición y las entregaba a distintos regimientos. Aprovechaba esa facultad para ir a buscarla y desviarla a bandas delictuales“.

El inspector de la Brico de la PDI señaló que adquiría las armas “de manera solitaria. No había más funcionarios involucrados. Se aprovechaba de la confianza que había por él ser un funcionario antiguo. Nadie lo registraba al momento que salía”.

Así, la investigación concluyó que era Roa quien extraía las armas y municiones desde los almacenes de guerra ubicados en Batuco. Luego, se las entregaba a Jonathan Olave, que las distribuía entre bandas de crimen organizado.

En junio pasado, Víctor Roa y Olave fueron condenados, respectivamente, a 12 y 13 años de cárcel, por los delitos de tráficos de armas y municiones. En tanto, Jonathan Alfaro resultó asesinado en la población Santa Adriana, en Lo Espejo, dejando dudas respecto al paradero de las demás armas de guerra.