La nueva disputa judicial que enfrentan Doggis y Juan Maestro: acusan abuso de posición dominante y eliminación de correos

A finales de octubre, luego de que G&N Brands -representante de las marcas Doggis y Juan Maestro– interpusiera una querella por posible infracción a la Ley de Propiedad Industrial, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó siete locales ubicados en la Región Metropolitana.

Las sucursales -ubicadas en Maipú, Cerrillos, Melipilla y San Miguel- fueron clausuradas por los detectives de la Brigada Investigadora de los Delitos de Propiedad Intelectual. Los efectivos policiales detectaron que las franquicias estaban caducadas -algunas incluso desde 2017- pero los locales continuaban funcionando.

Según la policía, los restaurantes habrían estado utilizando las marcas y logos de Doggis y Juan Maestro sin la autorización de la empresa matriz. Ello no sólo representa una infracción a la propiedad intelectual, sino que podría poner en riesgo a los consumidores, plantearon.

Como publica el Diario Financiero, el operativo policial desató la apertura de un proceso judicial entre la matriz y Administradora de Restaurantes Limitada (ADR). Ya en enero pasado, tras 25 años de franquiciado, ADR acusó a G&N de abuso de posición dominante, con una medida prejudicial en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Pero, en octubre, la administradora volvió a la carga e ingresó una demanda por libre competencia. En el escrito -donde estaba representada por el abogado José Miguel Gana– acusaron que la querella que generó la clausura de los locales fue un acto “manifiestamente abusivo” de parte de G&N. Además, apuntaron que la matriz ejerció una serie de acciones judiciales en su contra.

Afirmaron que durante 2023, G&N “pidió improcedentemente” la liquidación de ADR, que fue rechazada por la justicia. También, interpuso dos demandas que se tuvieron por no presentadas e inició dos acciones judiciales pidiendo el cobro de una factura pagada.

La nueva disputa judicial que afecta a Doggis y Juan Maestro

En la demanda que se ingresó al TDLC, la franquiciada describieron prácticas que, a su juicio, habrían estado dirigidas a quedarse con los locales de Doggis y Juan Maestro a través de mecanismos de presión con “precios irrisorios”. Además, sostuvieron que los ejecutivos de G&N han reconocido en juicio que, desde 2020 a la fecha, han adquirido más de 70 locales de sus franquiciados.

Según ADR, G&N “ejerce un fuerte control sobre sus franquiciados, llegando a manejar íntegramente su desenvolvimiento. Eso va muchísimo más allá de las naturales características del modelo de franquicia”. En ese sentido, declararon que la empresa abusó de su posición dominante “y del control absoluto de los costos e ingresos de ADR. Estrechando o estrangulando sus márgenes, con el objeto de excluirla del mercado”.

La franquiciada argumentó la acusación diciendo que existen contratos de franquicia donde no hay poder de negociación, la fijación de proveedores determinados y la determinación de los precios de venta al público. Además, cuestionan la imposición de ofertas y promociones que dejan sin márgenes a los locatarios y el cobro de un royalty a las ventas.

ADR acusó, además, que ha existido “un incesante asedio extrajudicial y judicial” por parte de G&N. Incluso, señalaron que representantes de la empresa amenazaron con destrozar a la franquiciada. Eso se ha concretado -plantearon- en amenazas de cortes de luz en locales y cobros injustificados en boletas de garantía, además de las demandas en su contra.

En 2022, tres empresas demandaron también al controlador de Doggis y Juan Maestro por abuso de posición dominante, pero las acciones fueron retiradas. Hace siete años, 20 franquiciados hicieron lo mismo, pero se fueron retirando del proceso.

La arista correos en la disputa entre G&N y ADR

También en octubre, una representante de ADR ingresó una querella por un presunto acceso indebido a sistema informático, fraude informático, ataque a integridad de datos y receptación de datos. En el escrito, apuntó que a través de TeamViewer funcionarios de un local se dieron cuenta de que alguien ingresó a sus computadores. El sujeto habría estado 90 minutos “exportando archivos e información desde el mismo, sin que se hubiese autorizado su ingreso de ninguna manera”.

Según la representante, el ingreso fue realizado desde una dirección IP vinculada al equipo informático de G&N. La querellante agrega que se percató de que se eliminaron correos que servirían de respaldo ante un reclamo de intoxicación.