Política
24 de Enero de 2024El enfrentamiento entre el Partido Comunista y el Gobierno por las pensiones de gracia: amenazan con recurrir a instancias internacionales
A las quejas que tuvo en su momento el diputado Boris Barrera (PC) por la idea de revocar las pensiones de gracia del estallido social a quienes tuviesen condenas, esta semana se sumó el comentario de la diputada comunista María Candelaria Acevedo, quien aseguró que recurriría al Tribunal Constitucional (TC) y a la corte internacional "en caso de ser necesario".
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Fue hace una semana cuando el Presidente Gabriel Boric se refirió explícitamente al lío que se había generado en torno a las pensiones de gracia. Luego de que diferentes medios notificasen que éstas habían sido entregadas a personas con condenas, el beneficio fue cuestionado y los dardos se apuntaron hacia el Gobierno.
Fue por lo mismo que el Ejecutivo levantó una iniciativa parlamentaria para cambiar el criterio de selección y poder revocarlas. Sin embargo, el Mandatario, posteriormente, se encargó de decir que sería él mismo quien las revocaría, mediante una vía administrativa.
Ello generó una incomodidad al interior del Partido Comunista (PC) y sus diputados. Pero, esa incomodidad llegó a niveles mayores cuando una parlamentaria del PC fue un poco más allá.
“Este proyecto (reforma de pensiones de gracia) vulnera una serie de tratados internacionales a los está suscrito el país (…). Analizaré llevar este proyecto al Tribunal Constitucional, así como también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso de ser necesario”, dijo la diputada María Candelaria Acevedo, en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, donde está alojado otro proyecto relativo a la materia.
“No están los tiempos para política identitaria”
El hecho que se planteé la opción de llevar al Estado de Chile ante cortes internacionales por el tema no gustó del todo. De hecho, el diputado, Jaime Araya (Ind.-PPD) fue crítico con sus pares del Partido Comunista, reprochándoles que “no están los tiempos para política identitaria”.
“Es una medida desproporcionada, porque ella tiene competencia para conocer casos de violaciones a los DD.HH. (…). Tiene un nivel de criticidad muy elevado que puede generar una crisis política profunda”, argumentó Araya.
En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS) salió al paso del reproche comunista en la medida. Pese a que argumentó que los partidos gozan de autonomía para realizar las acciones que le parezcan, esperó que los detalles que se les entregarán a los mismos “sean tomados en consideración para las decisiones que tomen”.
Por su parte, la titular de Interior, Carolina Tohá (PPD), argumentó la decisión. Postuló que ella y el Gobierno tienen la “certeza que se ajusta a derecho, que cumple todos los estándares que corresponden”.
“Tenemos claridad de lo que estamos proponiendo no solo es legal, sino que es la forma correcta de resolver esta carencia que tenía el proceso en su definición original“, dijo a El Mercurio.