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Negocios

28 de Marzo de 2024

La disputa de tres empresas contra médicos chilenos y colombianos que venden licencias médicas falsas

Empresas denuncian estafa con licencias médicas falsas Imagen referencial - Agencia Uno

Subus, Juan Bas Alimentos y Ariztía acudieron a tribunales para denunciar que una serie de médicos otorgaron a sus trabajadores cientos de documentos falsos que les causaron un "perjuicio patrimonial". Actualmente, las denuncias están agrupadas en una misma causa en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago investiga actualmente una serie de querellas que interpusieron las empresas Subus, Ariztía, Juan Bas Alimentos y sus filiales. Las compañías arremetieron contra un grupo de médicos chilenos y colombianos que acusaban de realizar una estafa a través de licencias médicas falsas. Las indagatorias están a cargo de la fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong.

Como publica BioBioChile, hasta el momento sólo las isapres y Fonasa habían acudido a tribunales para enfrentar este fenómeno. Pero fue a mediados de 2023 que la empresa que opera parte de los buses del transporte público de Santiago presentó las primeras querellas. Luego la secundó la firma que produce aderezos y, en febrero pasado, la agrícola Ariztía.

Actualmente, en dos de las acciones legales, el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) tomar declaraciones a los funcionarios que presentaron las cuestionadas licencias médicas. Este proceso ya se inició en el caso de Juan Bas.

Más de 384 licencias médicas

En sus acciones judiciales, Subus sostuvo que detectó un número alto de licencias médicas entregadas por médicos sin la especialidad correspondiente. Éstas se entregaban por muchos días, por parte de facultativos que ya habían sido cuestionados por Fonasa e isapres.

Uno de los apuntados fue el médico general Mario Dussuel, chileno, que emitió ocho licencias de 30 días para un trabajador de la compañía. Dussuel ya había sido investigado por la entrega de documentos falsos.

La segunda querella apuntó al médico colombiano Jonathan Charris, que entre 2018 y 2023 entregó 384 licencias médicas a 14 trabajadores de Subus. En promedio, a cada uno le emitió al menos 10 licencias. Pero, a uno en particular le dio 37 documentos.

Según el gerente de asuntos públicos de Subus, Julio Toyos, hay un número de personas que forman parte de sus trabajadores, pero no realizan labores. Esto se da “de manera permanente y durante mucho tiempo”.

“El engaño va contra un sistema y contra la sociedad toda. Somos una empresa de transporte público que tiene un contrato con el Estado. O sea, nosotros también tenemos un rol que cumplir en esto. Nos parece que quedarse sin hacer nada no es el mejor camino”, añadió Toyos.

El mecanismo de estafa

Juan Bas Alimentos e Importadora Café Du Brasil (ICB) apuntaron sus dardos a 22 médicos ligados a los mismos centros de salud. Todos estarían vinculados a un establecimiento ubicado en Recoleta 901, en el que operan tres sociedades médicas: Servicios Médicos Hanner Rincones Miranda EIRL, Sociedad Asimedi SpA y Salud Vital SpA.

Ambas pertenecen a médicos chilenos y colombianos, entre ellos Rodrigo Campos, formalizado por la estafa con licencias médicas más grande de la historia. Según Fonasa, Campos es el dueño de al menos 10 empresas que venden licencias médicas.

Para operar, Campos captaba médicos extranjeros y les ayudaba a conseguir un RUT provisorio que les permitiera emitir licencias. Luego, éstos las enviaban vía WhatsApp. Luego de que lo formalizaran en 2022, quedó en prisión preventiva.

La querella de JBA e ICB aludió también a otros médicos vinculados al mayor fraude con licencias médicas. Se trata de Jeynner Olivero, Sonia González y Farid Torres.

Ariztía, en tanto, apuntó en sus querellas a un mecanismo similar al de Juan Bas. Según su denuncia, todas las licencias médicas fueron entregadas por las mismas tres sociedades de Recoleta. Nueve de los 22 médicos se repiten en la acción legal.

Las tres compañías debieron demostrar ante la justicia que sufrieron un “perjuicio patrimonial” con este mecanismo de estafa. Esto, porque éstas no pagan las licencias desde sus fondos, sino que dejan de entregar los sueldos y quien lo hace es Fonasa o la isapre. Así, debieron buscar una figura del Código del Trabajo, que permite enfrentar las consecuencias del ausentismo laboral.

Este argumento fue valorado por los tribunales, que acumularon en una misma causa las acciones legales presentadas por las empresas.

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