La jugada judicial de Ricardo Yáñez para suspender la audiencia de formalización en su contra que pone en jaque el “criterio Tohá”

Una estrategia judicial que podría poner en aprietos al Gobierno. Eso es lo que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, eventualmente podría generar si es que el Tribunal Constitucional (TC) recoge el recurso de inconstitucionalidad que presentó el día de ayer.

De acuerdo a La Tercera, el mandamás de la institución policial concurrió el día jueves al TC para ingresar un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Lo anterior guarda relación con la audiencia de formalización que solicitó el Ministerio Público contra él para el 7 de mayo.

Es en esa acción en la que el equipo defensor de Yáñez postuló los reparos que tenía el general director con su situación. En ella, por ejemplo —recoge el medio citado—, está el cuestionamiento de cómo podría él ser el responsable de 952 delitos omisivos. Ello en consideración que el Ministerio Público le acusa de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social de octubre de 2019. Por ese entonces, Yáñez era director de Orden y Seguridad en la institución.

Es por tal acusación que consideró que la misma se fundaba “en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado que contiene una pretendida responsabilidad de mando (o del superior) que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos”. De continuarse con el proceso, alegó Yáñez, estaría cayendo en un “procedimiento irracional e injusto”.

No obstante, la problemática expuesta por Yáñez podría tener un efecto colateral en el Ejecutivo.

“Criterio Tohá” en duda

“Necesitamos proteger las instituciones. Y las instituciones no pueden tener autoridades que estén siendo investigadas”. Esa fue una de las premisas que dio esta semana la ministra del Interior, Carolina Tohá, al referirse al “criterio Tohá“, asociado a ella por su planteamiento respecto a las personas con altos cargos dependientes del Ejecutivo que estén involucradas en procesos judiciales.

En ese sentido, desde La Moneda habían puesto un plazo más o menos establecido para la salida de Yáñez de la institución que dirige. Ello en consideración de que en mayo sería su formalización. Inclusive, hasta el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que era preferente que Yáñez sellase su destino antes de esa fecha.

Sin embargo, la jugada de Yáñez podría alterar ese destino casi establecido que tenía y dar vuelta el resultado. Eso sólo en caso de que el TC acepte los alegatos del equipo jurídico del general director.

Además, la situación, de darse, pondría en una encrucijada al Presidente Gabriel Boric, quien tiene la potestad de llamar a retiro a Yáñez. Por lo mismo, la incógnita quedaría abierta en caso de que el líder de Carabineros salga de su situación con un resultado favorable.

La ministra del Interior, en tanto, señaló al respecto que “las estrategias que las personas ocupan ante los tribunales no son tema que al Gobierno le corresponda intervenir ni pronunciarse. Son parte de las dinámicas de estos procesos. No corresponde que hagamos ningún planteamiento“.