La crisis del SML bajo la cuestionada dirección de Marisol Prado (PC): jefaturas designadas “a dedo”, denuncias por maltrato y anuncio de paralización

El lunes 8 de abril se cerró un ciclo en el Servicio Médico Legal (SML). Por orden de la directora nacional, Marisol Prado (PC), tras 15 años de funcionamiento, se disolvió la Unidad de Derechos Humanos del organismo. Con ello, se determinó crear dos nuevas unidades que llegarían para suplir sus funciones: la de Víctimas de la dictadura y la de Casos Complejos.

Funcionarios de la disuelta repartición miran con incertidumbre esta acción, por la falta de claridad de las atribuciones, y de las eventuales nuevas jefaturas.

Tampoco les tomó por sorpresa. Precisamente, porque esta modificación es una más de las muchas que ha impulsado la médico cirujano desde que llegó al SML en julio de 2023 y que, como otras, ha estado en tela de juicio. Esto, según acusan funcionarios del organismo, por usar su cargo para beneficiar a personas de su confianza, ya sean conocidos suyos, o compañeros de militancia.

Las críticas no salen únicamente de detractores de este gobierno, sino que también de empleados simpatizantes de partidos oficialistas. Y tampoco son solo por las acciones que toma la administración, sino que por el comportamiento de la directora. A la fecha acumula más de 10 denuncias por maltrato y/o acoso laboral.

“Tiene un desconocimiento de las tareas del Servicio Médico Legal. Una falta de interés por conocer lo que hace el servicio, y una intervención permanente a las distintas áreas. Y un maltrato verbal y hostigamiento a funcionarios de todo tipo, de carrera, de jefaturas, administrativos, a todo nivel”, manifiesta Marisol Intriago, quien hasta el lunes asumió la jefatura de la ahora disuelta Unidad de DDHH, que ejerció por 13 años.

Desde su llegada, la militante comunista -que acumula casi 30 años en las filas del partido-, ha suprimido departamentos como la Unidad de Asesoría Jurídica, el cual reemplazó por una Fiscalía. En otras reparticiones, como la de comunicaciones o la extinta Unidad de DDHH, las jefaturas que ejercían hace años, se han visto desplazadas por personas que son designadas bajo el nombre de “coordinador”.

Una de las denuncias por las malas prácticas ejercidas bajo la administración de Marisol Prado, constatada en un documento elaborado por funcionarios del servicio, al cual tuvo acceso The Clinic, señala que existe un “hostigamiento a la Unidad de DDHH a través de la imposición de una coordinadora por sobre la jefatura que da instrucciones al equipo por sobre la jefatura, además de restringir recursos para los peritajes”.

Y el mismo rol de coordinación los ha utilizado para nombrar a personas de su confianza, sin experiencia, con el fin de controla estos departamentos, según detallas empleados del organismo estatal. En la fiscalía, por ejemplo, designó a la exasesora jurídica de la Municipalidad de Recoleta, Nora Bravo.

Otra persona con cargo de función crítica designada es la exjefa de gabinete de la subsecretaría de Justicia, Paulina López. La abogada, también militante comunista, asumió dentro de la unidad de Regulación, Control de Legalidad y Judicial en agosto de 2023, tras dejar la subsecretaría. Su figura también ha sido apuntada por diversos funcionarios.

La diputada de Demócratas, Joanna Pérez, remitió un oficio para obtener información sobre las contrataciones. “Se ha detectado un número considerable de contrataciones en 2023, por sueldos mayores a los que se entregaban en el periodo inmediatamente anterior. Todos ellos en puestos o cargos de confianza como direcciones regionales o subdirecciones, todas dependientes de la dirección nacional”, afirma.

Las molestias en la interna del SML

Marisol Intriago -que hoy desconoce cuál será su nuevo rol en el SML tras la disolución de su unidad- publicó en su cuenta de LinkedIn, este lunes, que “la nueva administración, de Gobierno, y de la institución, cierra un proceso de 15 años de trabajo comprometido y profesional, por acuerdos políticos y acceso a los fondos públicos para objetivos que desconocemos“.

“Ese tipo de cosas son las que tienen cansados a los funcionarios“, señala a The Clinic una exfuncionaria del organismo.

Y precisamente, porque diversos funcionarios contactados por este medio sostuvieron que son una serie de acciones que han generado preocupación en el servicio.

En el historial se registran denuncias por maltrato y acosos laboral; contrataciones en cargos de función crítica sin participar en concursos públicos y sin autorización de Dipres; designaciones en cargos de altas remuneraciones a personas de confianza de Prado; y quitarle atribuciones a jefaturas. Por lo mismo, en el SML hay quienes no descartan que esto lleve a una paralización de funcionarios a nivel nacional.

Un funcionario con más de 15 años en el servicio acusa que “mi visión es crítica. Un organismo de estas características tiene que tener una persona que tenga las capacidades, y de momento no se ha mostrado eso. Muchas de las decisiones que se están tomando se toman con fines más allá del servicio, con fines políticos”.

Rodrigo Ceballos, secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del SML y analista del Departamento de Presupuestos y Finanzas, afirma que “la gente que es designada en los cargos es de la confianza total de la directora. Y me atrevería a pensar que son de algún partido político especifico. Olvídate de la carrera funcionaria, eso ya no cuenta. Las personas que han asumido cargos, no son seleccionados por concurso, y cuando se hace un concurso se publica una semana entre gallos y medianoche para que nadie se de cuenta“.

Los casos mencionados anteriormente, de acuerdo con empleados, son personas cercanas a Marisol Prado que se han transformado en inamovibles. Esto a su vez ha permitido que la directora tome control de las diversas unidades que integran el Servicio Médico Legal.

“Creo que se hace indispensable aclarar este número de contrataciones, remitiendo todos los antecedentes y no solo el listado de funcionarios a la Cámara. Esto, porque por la información entregada de generan más dudas que certezas de los criterios de selección y contratación que, si bien fueron por ADP en algunos casos, son los mismos funcionarios quienes han alertado que no se seleccionó a las personas más adecuadas para los cargos y que, en muchos casos, hay persecuciones y acoso“, afirma la diputada Pérez.

Denuncias de hostigamiento y maltrato laboral

El documento elaborado por funcionarios que sufrieron situaciones de acoso de diversas dimensiones, que fue compartido con este medio, acusa que “el Servicio Médico Legal está consolidando un sistema de maltrato y acoso dentro de la Institución. De dónde proviene: de personeros seleccionados por la alta dirección pública y funcionarios de la confianza de estas designaciones y su entorno; de jefaturas intermedias; de funcionarios”.

Así, las principales molestias son por malos tratos de la directora a funcionarios, lo cual ha llevado a una serie de denuncias a Contraloría.

“Los maltratos varían. Pasan desde exabruptos, porque es una persona que aparentemente le cuesta controlar su carácter. Entonces grita, le falta el respeto a la gente, la trata mal. Lo hace en público y en privado. Tiene estrategias de hostigamiento. En mi caso, de relevarme de mis funciones sin relevarme formalmente, solamente hacer que otra persona asuma mis tareas, mi puesto de trabajo“, señala Mariso Intriago.

“Desde la llegada de la Dra. Marisol Prado (…) pudo observarse el incremento de los casos de maltrato derivados de situaciones específicas. Llamados de atención violentos, ridiculización, ironías, e invisibilización de funcionarios y directivos elegidos por Alta Dirección Pública y con trayectoria en la Institución”, constata el documento.

Desde los gritos y las humillaciones frente a otras personas, hasta quitar atribuciones a jefaturas. Así se manifestaron las diferentes situaciones de vulneración de los derechos. “Se reclama la movilidad irregular, el cambio de funciones sin la causal de restructuración, y los gritos proferidos por la recién nombrada Directora a la funcionaria”, señala una de las acusaciones. A esto se suma la falta de respuestas. Son muchos los funcionarios, incluida Marisol Intriago, quienes afirman que Prado igonara derechamente llamados y correos alusivos a las denuncias.

Ceballos señala que “he visto secretarias llorando por la forma en que fueron tratadas por la directora. Gente de unidades completas que fueron denostadas y hasta gente de alta dirección pública invisibilizada”.

“Desde la llegada de Marisol Prado, es posible apreciar un numero alarmante de denuncias por acoso laboral, persecución, vulneración de derechos a los funcionarios. Esto es altamente preocupante porque muchos de los sumarios terminan sobreseídos y otros ni siquiera se han iniciado, lo que deja en entrever una serie de sospechas en la forma de abordar estas situaciones por parte del SML, y hace cada vez más fundadas las denuncias de los funcionarios”, postula la diputada Joanna Pérez.

Consultados a diferentes voces por qué no se han tomado acciones, funcionarios afirman que Prado creo un mecanismo para evitar sanciones con la eliminación del departamento de Asesoría Jurídica y la creación de la Fiscalía.

El mecanismo para evitar sanciones y el blindaje de la subsecretaría

Una de las primeras acciones de Marisol Prado como directora fue suprimir el Departamento de Asesoría Jurídica, y crear la figura de Fiscalía. Según reclaman funcionarios de la repartición desplazada, esta practica sería ilegítima, dado a que la creación de la fiscalía no forma parta de la ley interna del SML.

A partir de ahí, denuncian representantes del servicio, se creó un mecanismo para desviar las diversas denuncias ingresadas contra la directora y otros funcionarios cercanos a ella. Así, designó como Fiscal del Servicio Médico Legal a Nora Bravo, exfuncionaria de la Municipalidad de Recoleta, quien llevaba solo un mes trabajando en el organismo.

Cada denuncia ha sido enviada Contraloría, pero de momento ninguna ha tenido sentencia. La versión que trasciende entre los funcionarios del SML es que el ente regulador remite cada una de estas a la subsecretaría de Justicia, cartera que solicita antecedentes a la Fiscalía del SML, la cual desestima estas. Y así se forma un círculo de denuncias que derivan en el mismo destino.

Una de las denuncias del documento facilitado por funcionarios, señala: “CGR envía la presentación al Subsecretario. La Subsecretaria subrogante responde en base al Informe de la Fiscal del SML, Nora Bravo Zuñiga – cargo inexistente en la ley del SML, – y decide no investigar el maltrato o acoso, calificando los hechos como de un desacuerdo por parte de la profesional con las acciones de la autoridad”.

“Yo, en lo personal, y otros funcionarios, hemos solicitado que se intervenga esta situación a las autoridades del Ministerio de Justicia y a autoridades de otras reparticiones y no ha habido ninguna respuesta”, sostiene Marisol Intriago.

Por su parte, Rodrigo Ceballos acusa que “lo que ha hecho la subsecretaría es minimizar todos los casos que están relacionados con maltrato, con abuso y con vulneración de los derechos. Al subsecretario (Jaime Gajardo) parece no importarle los derechos de las personas que trabajan en el Servicio Médico Legal. Porque para ellos lo más importante es tener una persona de sus filas en el servicio”.

La crítica de este último apunta a que el subsecretario Gajardo, de la cartera de la cual depende SML, también es militante del Partido Comunista. Esto ha levantado sospechas, incluso en funcionarios partidarios de colectividades oficialistas, quienes también apuntan a un presunto blindaje institucional.

Contactada telefónicamente por The Clinic para este reportaje, Marisol Prado optó por no referirse a las denuncias.