“Fui perseguido, vulnerado, hostigado y amenazado por mi jefatura”: Demandan por maltrato a asesora de género de la Subsecretaría del Interior

Una de las labores que tiene por ley el Ministerio de La Mujer, es mandatar a las asesoras de género que están en todos los ministerios y subsecretarías del Gobierno. Su tarea, ahora, se desempeña en el marco de la administración del Presidente Gabriel Boric que se denominó “feminista” desde el inicio de su mandato. Una de esas asesoras, Paz Ahumada, militante del Partido Socialista (PS), es el foco de una demanda proveniente de un funcionario de la Subsecretaría del Interior, que milita en el mismo partido de Ahumada. Y en todo esto, según se advierte en el documento al que pudo acceder The Clinic, también se ve involucrado Gabriel de la Fuente (PS), quien fue jefe de gabinete del exsubsecretario Manuel Monsalve (ex PS).

“La promoción y transversalización del enfoque de género en políticas, planes y programas de la Subsecretaría del Interior, mediante acciones y estrategias dirigidas a prevenir todo tipo de violencia y discriminación en razón de género al interior de la Subsecretaría e impulsar la equidad de género en la entrega de productos estratégicos institucionales”, es una de las tareas que tienen las encargadas de género, según dicta la página web de la Unidad de Género y Participación Ciudadana de dicha repartición.

Sin embargo, según la demanda que The Clinic pudo conocer, Ahumada habría incumplido su labor, dado que, según se lee, la víctima acusa ser, desde 2023, “perseguido, vulnerado, hostigado y amenazado por mi jefatura, Paz Ahumada, junto con una persona externa al Ministerio del Interior, lo cual comenzó cuando esta última y terceros me exigieron realizar mi renunciar a la Subsecretaría del Interior, ante mi tozudez, no lo ejecuté”.

Si bien la demanda se hizo en enero de este año, la situación se arrastra desde que el exsubsecretario Manuel Monsalve era el líder de la repartición y ha generado que el denunciante, quien formalmente dejó dicha institución en marzo de 2024, en agosto cumpla 15 meses con licencia médica por un diagnóstico psiquiátrico.

The Clinic consultó a la Subsecretaría del Interior sobre este caso, y se limitaron a responder que “el Consejo de Defensa del Estado representa a la Subsecretaría del Interior por esta demanda por tutela laboral, presentada en enero del 2025, cuya tramitación se encuentra en su curso legal a la espera de su resolución. Cabe precisar que el 31 de marzo de 2024 el demandante dejó de tener un vínculo laboral con el servicio, tras no aceptar un nuevo contrato”.

Además, también se solicitó una versión a la encargada de género a través de la misma subsecretaría, solicitud a la que prefirieron no emitir comentarios y apegarse a la respuesta de la cartera.

Si bien la polémica ha estado en segundo plano en la subsecretaría a propósito de las tres autoridades que han tenido en cuestión de meses —Monsalve, Luis Cordero y el actual Víctor Ramos—, el tema no ha sido baladí en el PS, pues los involucrados son militantes y las tensiones internas han escalado al interior de la tienda propósito de esta situación judicial y la cual ha llegado a los oídos del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirman fuentes de La Moneda.

El denunciante fue contactado por The Clinic para contar su versión para este artículo, pero prefirió supeditarse a lo establecido en la demanda y no revelar su nombre por temor a represalias laborales.

Una acusación falsa

La demanda establece como el punto de partida el mes de agosto de 2023. Se señala que ahí fue cuando Ahumada citó al denunciante para informarle que dos personas bajo su supervisión habrían presentado una queja en su contra por supuestos maltratos.

Tras esa notificación, el funcionario implicado sostuvo una reunión con los supuestos afectados tras este llamado de atención. Sin embargo, según se indica en la denuncia, estas personas no manifestaron disconformidad alguna. No obstante, días más tarde, Ahumada le habría insistido en esa idea y dicho al denunciante que “la ministra Carolina Tohá, el subsecretario Manuel Monsalve y todos sus asesores estaban cansados de los ‘malos tratos’ que yo realizaba y que lo más seguro era que iba a ser desvinculado”, relata el funcionario en su denuncia.

Ante esta situación, el militante del PS aseguró haber conversado con su equipo, el cual no tenía conocimiento de ninguna acusación o notificación sobre estos supuestos maltratos.

Un mes más tarde, según el relato incluido en la denuncia, Ahumada volvió a citar al funcionario, esta vez en un local de Starbucks ubicado en calle Agustinas, en el centro de Santiago. Allí le informó que sería trasladado a otra delegación, sin un rol claro y con la mitad de la remuneración que percibía en la subsecretaría. Esta medida fue justificada en su momento por los presuntos maltratos.

El texto agrega que Tohá y Monsalve estaban preocupados por situaciones de violencia al interior de la cartera, ya que “el Presidente Gabriel Boric no toleraba ningún tipo de maltrato”. En esa línea, le comunicaron al denunciante que “sería llamado por la jefa de RR.HH. para que se me notificara de esto y que yo no debía decir ni una sola palabra, solo acatar. De lo contrario, sería desvinculado”.

Aunque la jefa de recursos humanos del ministerio, Claudia Hernández, habría desestimado en primera instancia los dichos de Ahumada, una persona externa al ministerio —colaboradora de la encargada de género de la subsecretaría— le envió un mensaje de WhatsApp el miércoles 13 de septiembre de 2023.

En él, le solicitó hablar con urgencia. El funcionario accedió, y según relata en la denuncia, “al minuto uno en que me junto con ella me señala que debo presentar mi renuncia a primera hora del día siguiente, y que si no lo hacía se realizaría un sumario en mi contra por estas supuestas ‘vulneraciones’ y/o ‘maltratos’, y que ya estaba todo listo para que saliera en mi contra, y que de esta manera no podría trabajar más en el sistema público por cinco años”.

Tras negarse a renunciar, el denunciante afirma que fue la misma Ahumada quien le advirtió que se atuviera a las consecuencias. Desde ese momento, según su testimonio, ella dejó de saludarlo, evitó cruzarse con él, y le ordenó —“por instrucción del subsecretario Manuel Monsalve”— cancelar todas las sesiones temáticas que tenía programadas.

Al consultar por qué se habían suspendido las reuniones, el documento sostiene que Ahumada estaba elaborando un sumario en su contra, sin haberlo notificado. Fue recién el viernes 6 de octubre de 2024 cuando el funcionario fue formalmente informado por la fiscal Alejandra Acuña sobre la existencia de una investigación sumaria en su contra por “maltrato laboral, acoso laboral y acoso sexual”.

En ese contexto, fue trasladado a otra repartición de la Subsecretaría mientras durara el proceso, que se extendió por tres meses. El 9 de enero de este año se dictó el sobreseimiento definitivo.

El documento judicial señala, en la versión del denunciante, que “dicho sobreseimiento se da en atención a que no se encontraron acciones, pruebas ni nada que demostrara un maltrato de mi parte hacia mis compañeras”. Además, se advierte que “la señora Ahumada mintió en la declaración que dio inicio a la investigación sumaria, al señalar que doña Claudia Saravia había tomado licencia médica para colocar distancia entre ella y mi persona, siendo que en su declaración, Saravia indica que su licencia fue por ‘sinusitis’”.

“Todas las declaraciones que Ahumada hizo sobre mí fueron falsas”, concluye el denunciante en su presentación.

15 meses de licencia

Mientras se desarrollaba la investigación sumaria, el funcionario y militante PS sostuvo en la demanda que Ahumada “dispuso de las pertenencias que yo mantenía en la oficina, entregándolas a distintos compañeros de piso, sin pedirme permiso ni informarme”. Esta situación, según indica, fue revertida gracias a la intervención de Mary Williams, presidenta de la Asociación de Funcionarios, “quien informó lo ocurrido a la jefa de Recursos Humanos, quien obligó a la señorita Ahumada a no retirar mis pertenencias y a devolver lo que ya había sido sacado”.

Tras decretarse el sobreseimiento, el funcionario intentó reingresar a las dependencias de la subsecretaría, ubicadas en el edificio Bicentenario en calle Teatinos, a pasos de La Moneda. Sin embargo, según su testimonio, Ahumada lo habría impedido y fue notificado de que no podría retomar su antiguo cargo, ya que sería reubicado de forma definitiva en las funciones que había asumido tras el inicio del sumario.

No obstante, la denuncia acusa que dicha reubicación se concretaría únicamente a través de un contrato de tres meses, a diferencia del régimen anual que regía su vínculo original con la institución. Esta nueva modalidad estaría sujeta, además, a evaluación por parte de su nueva jefatura, aunque se mantenía el mismo sueldo.

En suma, el texto detalla que al denunciante se le informó por correo electrónico que el cambio de funciones respondía a una supuesta mala evaluación de desempeño realizada por la propia Ahumada. Luego, en marzo del año pasado, a pesar de haber recibido una evaluación positiva en su nuevo puesto, relata que “el día 2 de abril del recibí un correo electrónico desde RR.HH., donde me informan que, a modo de homologación con los asesores del nuevo departamento, el nuevo convenio contemplaba una sujeción horaria y la disminución del 50% de mi sueldo, y que volvería a ser por tres meses, a pesar de que en enero de este año se me había informado que mi contrato sería renovado por todo el 2024, como había ocurrido en años anteriores”.

El militante socialista intentó aclarar la situación. Al enterarse de que sus nuevos colegas, que desempeñaban las mismas funciones, recibirían una remuneración mayor, solicitó una reunión. Sin embargo, según consigna en la denuncia, “sufrí una descompensación y crisis nerviosa, debiendo solicitar atención médica en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde fui diagnosticado con trastorno ansioso específico y derivado a psiquiatría, manteniéndome con licencia médica hasta el día de hoy, (10 de enero de 2025)”.

Esa licencia, sin embargo, se mantiene hasta la actualidad. La próxima semana se cumplirán 15 meses desde el inicio de la licencia médica psiquiátrica.

El foco en Gabriel de la Fuente, la mano derecha de Monsalve

El denunciante, además, apunta directamente a quienes estuvieron a cargo del Ministerio del Interior durante el periodo en que ocurrieron los hechos, en particular al entonces jefe de gabinete del exsubsecretario Manuel Monsalve, Gabriel de la Fuente, también militante PS como el funcionario y Ahumada.

“Las órdenes de mi cambio de área, de funciones, de contrato, jornada y remuneración fueron dispuestas por don Gabriel de la Fuente, por lo que tanto él como el subsecretario Monsalve estaban al tanto de mi situación, sin tomar las medidas correspondientes ante las vulneraciones de las que fui objeto. Incluso, yendo más allá, actuaron como cómplices”, se lee en la denuncia.

El militante socialista también alega que sus superiores, con quienes comparte militancia, desprotegieron sus derechos como trabajador. “No resguardaron, ni siquiera, una ley que el propio Gobierno destaca con tanto énfasis y de la cual se siente orgulloso: la Ley Karin”.

La denuncia llega a la asociación de funcionarios

Mary Williams, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría del Interior, reconoció a The Clinic que conoce “desde sus inicios la situación de esta denuncia de maltrato, pues en mi calidad de presidenta de la asociación fui informada en su oportunidad de que se instruiría una investigación sumaria en contra de un funcionario a honorarios que ejercía funciones dentro de la Unidad de Género y Participación Ciudadana”.

Williams señala que, al enterarse de la situación, “tomé la decisión de reunirme con el investigado, escuchar sus descargos respecto de la acusación en su contra y aceptar ser su testigo”.

La dirigenta aceptó testificar a favor del denunciante, argumentando que conocía a las supuestas víctimas de maltrato, quienes –según ella– “contaban cada una con antecedentes previos de malas conductas funcionarias que se repetían en el tiempo, estableciendo un patrón de comportamiento. Proporcioné pruebas físicas para ratificar que era así”.

También recuerda cuando Ahumada instruyó la prohibición de entrada al edificio de la Subsecretaría al funcionario denunciado. Según Williams, fue ella quien reclamó ante la jefatura, “la cual no estaba al tanto, pero inmediatamente tomó las medidas pertinentes para advertir que ella (Ahumada) no tenía esas atribuciones durante una investigación sumaria y que se había equivocado”. Ese error, agregó, “demuestra que dicha decisión transgredía el principio de legalidad”.

La dirigente sostiene que “toda esta situación fue muy mal manejada desde sus inicios”, ya que, según los procedimientos regulares de la Subsecretaría, “la única persona que debe realizar la denuncia es quien se siente acosada. Pero en este caso, la denuncia la hizo un tercero que no tenía atribuciones según la norma para hacerlo, pero aun así se hizo parte como denunciante”.

Frente a esa irregularidad, Williams asegura que reclamó formalmente y que “la respuesta fue: ‘Tranquila, nosotros lo veremos’”, en alusión a un abogado del gabinete.

“La situación no fue corregida –afirma– y, sumado a eso, fueron tiempos complicados, porque debía contener al denunciado por maltrato, mostrarle que la humillación que estaba sufriendo no era necesaria y, a la vez, transmitirle que yo confiaba en sus acciones, porque había pruebas”.