Antonia Orellana, ministra de la Mujer: “Este ministerio no es una asamblea dirigida por las organizaciones feministas”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, (34) coordina con rapidez distintos temas de gobierno. Antes de iniciar la entrevista, pide a sus asesoras más información sobre el caso de las alumnas afectadas en el Colegio Saint George por las fotos de desnudos generadas con IA.

En la antesala de la cuenta pública, la titular de Mujer repasa la implementación de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, la Ley de Reparación Integral a Víctimas de Femicidio y adelanta que una definición sobre el aborto no sujeto a causales específicas “es una discusión que merecemos dar, al menos”.

“Hay temas transversales que son de la agenda de género, que nadie podría llamarlos de nicho”, dice.

—¿Qué aspectos de su ministerio va a poder destacar el Presidente Gabriel Boric durante la cuenta pública?

—A esta cuenta pública llegamos con la plena ejecución de la Ley de Reparación Integral a Víctimas de Femicidio y sus familias. Ha sido un trabajo arduo volver a contactar con el Estado a niños y niñas que fueron víctimas del femicidio de sus mamás para poder notificarles que ahora van a tener un apoyo financiero como reparación. Es muy emocionante y ya son 84 los beneficiarios que están recibiendo pensión de reparación (…). Y este año ya tenemos ya las primeras cifras de ejecución de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Las órdenes emanadas por tribunales son por más de $832.000 millones. Nosotros lo tratamos de explicar en 22 “teletones”.

—Una de las críticas a su ministerio era a las “políticas identitarias”, pero en el Congreso las iniciativas de Mujer logran el visto bueno de la UDI al PC. ¿Cómo responde a esos cuestionamientos?

—Nuestras leyes han sido aprobadas transversalmente, por un sector importante de la oposición (porque, además, es la composición que tiene hoy el Congreso). Hay temas transversales que son de la agenda de género, que nadie podría llamarlos de “nicho”, porque somos más del 50% de la población.

Uno de los logros más importantes es que recuperamos también la tasa de inserción laboral femenina previa a la pandemia. Recuperamos esa tasa de inserción laboral femenina que, evidentemente, no es para celebrar, porque volvimos al 2019. Pero cuando entramos al gobierno estábamos prácticamente en el 2009. Pero a lo que voy es que eso no pasó por osmosis. Eso pasó porque hubo un trabajo dedicado, aunque a algunos no les gustan que se ocupen esas palabras, de reactivación económica inclusiva, con foco en las mujeres y en recuperar su economía. 

—¿Cómo se sostiene la premisa del gobierno feminista y la relación con dichas organizaciones? Fundaciones y coordinadoras feministas han expresado que este no es su gobierno. Y es un mundo con el que usted históricamente ha tenido relación.

—El slogan de gobierno feminista tiene una característica única que es que es capaz de irritar a conservadores y a feministas por igual. Les molesta (…). Pero la relación con las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas —que no siempre es lo mismo— es muy fluida y nosotras nos hemos esforzado por recomponer los lazos del ministerio con ellas. Es una relación fluida de respeto y diálogo político. Pero este ministerio no es una asamblea dirigida por las organizaciones feministas, este es un ministerio del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y mi misión, siendo feminista, no es encabezar el ministerio para ellas, sino cumplir los objetivos que son para todas las mujeres inspirados, muchos de ellos, por el movimiento feminista.

—Los sondeos de opinión, eso sí, marcan un desacople o una baja en la adhesión al feminismo. ¿Qué lectura tiene del fenómeno?

—Es bien importante mirar la historia larga: siempre después de un momento de mucho avance del movimiento feminista como la consecución del voto femenino (…), después de la recuperación de la democracia o después del triunfo de la Pastilla del Día Después durante el gobierno de la presidenta (Michelle Bachelet), son momentos de repliegue porque son momentos de consolidar avances. Esa es nuestra principal tarea como ministerio: lo que buscamos es resguardar aquellas conquistas que nos dejaron las generaciones anteriores y hacer avanzar lo más que se pueda las nuevas demandas.

Hemos ido pudiendo integrar discusiones nuevas que están desafiando al feminismo como —por ejemplo— el apoyo a la maternidad. Ahora recientemente hemos lanzado la mesa de oportunidades para madres jóvenes, lo que me causó perder algunos “puntos feministas” porque algunas me dijeron que estaba incentivando el embarazo juvenil. Hay que considerar que la maternidad sí es un proyecto de vida para muchas jóvenes y en lo que tenemos que trabajar como ministerio es que en eso no se les vaya la vida.

—Hablaba de “resguardar” ciertas ganadas en los temas relativos a su cartera. Del aborto libre se ha dicho que no es una prioridad legislativa. ¿Responde a una lectura de las condiciones políticas para priorizar unas políticas por sobre otras?

—La limitación misma tiempo-espacio nos obliga a ir priorizando acciones, pero en materia de derechos sexuales y reproductivos no nos hemos quedado. Cuando asumimos, nunca se había fiscalizado por parte del propio estado y las autoridades sanitarias el cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Solamente había monitoreo ciudadanos, que son muy valiosos, porque era la información que había en el momento. También hemos incorporado, gracias al trabajo de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, las Garantías Explícitas en Salud en casos violencia sexual aguda que han beneficiado no solo a mujeres sino también a hombres, pero muy desoladoramente también a niñas.

—El 8M pasado el Presidente Boric señaló como deuda pendiente una ley de aborto “integral”. ¿Se va a poder resolver en este gobierno una ley más amplia que no esté sujeta a las tres causales?

—Es una discusión que merecemos dar, al menos (…). En el programa “Tolerancia Cero”, en el que me preguntaron por aborto justo después del 4 de septiembre, fue un momento bien particular porque en ese momento la reacción cutánea de “analistos” fue culpar al feminismo de la derrota del 4 de septiembre. Tres meses después salió la encuesta CEP y mostró que entre los primeros motivos para poder rechazar no estaban ni en el top 5 las demandas feministas, pero (el feminismo) fue rápidamente apuntado.

Esa es la misma reacción y esta misma discusión reiterativa que se está dando ahora a propósito de las banderas identitarias es la misma que se dio en Brasil cuando ganó Bolsonaro, en Estados Unidos cuando ganó Trump en Argentina hace poco cuando ganó Milei. Y si miras luego quienes fueron los sectores clave para defender la democracia de los gobiernos que tenían derivas autoritarias, fueron precisamente las mujeres. A las mujeres se las ocupa mucho para culparlas de fracasos pero bien poco se reconoce cuando son claves para el avance del progresismo. Y en ese sentido, tampoco se ha dicho que fueron las mujeres las que evitaron la constitución republicana en su mayoría.

—A inicios del gobierno, encendió las alertas cuando se planteó que el exsacerdote Felipe Berríos se sumara como asesor a Vivienda. Tuvo detractores en su momento. Pero con los casos conocidos a posterior y su expulsión de la orden Jesuita, ¿qué lectura hace en retrospectiva? ¿tenía información de las denuncias conocidas con posterioridad?

—Ninguna de las personas que me insultó en el debate público me ha conversado luego de lo ocurrido. Me llama la atención que siempre cuando opina el ministerio de la Mujer es un “veto”, “cartillazo” o “embiste”. Nunca opinamos. Las opiniones políticas las entregamos como cualquier actor político y es el Presidente quien las pondera. Y la verdad es que eso (las alertas sobre Berríos) no tuvo nada que ver con información privilegiada ni algunas cosas más conspiranoicas que leí en Internet, sino que en el ejercicio de haber acompañado a muchas víctimas de delitos de género como activista, uno termina conociendo muchas redes de víctimas, entre ellas a las víctimas de abusos sexuales eclesiásticos.

—A inicios de mes presentaron la indicación sustitutiva al proyecto de Ley de Sala Cuna. Hay críticas del Colegio de Profesores y otras que apuntan a la exclusión de los privados. ¿Cómo responde?

—Las críticas que emitió el Colegio de Profesores me parece que se refieren al texto antiguo porque hay varias cosas que mencionan que no están en la indicación sustitutiva del ejecutivo. (Este proyecto) tiene como base la corresponsabilidad entre los padres y las madres, y una cotización que dobla lo que proponía el gobierno anterior, además de poder incluir a la oferta pública dentro del cumplimiento del derecho a sala cuna.

Justo ayer (jueves) tuve una reunión con la subsecretaria Claudia Lagos con cinco redes de establecimientos privados asociaciones de distintas regiones del país, aclarando dudas despejando mitos que se han instalado muy interesadamente, como que estamos prohibiendo que participen los privados, no hay una coma que diga eso. El proyecto es clave para la primera infancia, para la industria chilena, para su desarrollo y para las mujeres de nuestro país porque de acuerdo a la OCDE al menos 26% que se proyecta de brecha salarial, al menos un 20% se explica netamente por nuestra legislación respecto a esa sala cuna, lo que se conoce más coloquialmente como el “impuesto por guagua”.

—El anuncio sobre el fin del CAE, proyectado para septiembre, ha sido algo confuso. Se habla de fin del sistema de financiamiento, pero también de condonación. Pero no queda claro si esto último va a ser así o no. ¿Qué postura ha marcado usted al interior del comité político?

—Hemos dado una respuesta bastante conjunta que tiene que ver con que el proyecto se va a ingresar en septiembre, que el subsecretario Orellana y el Ministro Cataldo están trabajando en aquello y que los tres pilares tienen que ver con que sea justo, progresivo y responsable fiscalmente. Ahora, respecto al uso de palabras, el programa de gobierno hablaba de condonación y también de políticas de financiamiento. No veo una contradicción.

Desde el punto de vista de la economía familiar es importante recordar que un 12% de las familias de Chile viven con una deuda educativa y que la mayoría de los deudores del CAE ganan menos de 700.000. Muchas veces en este tema se habla como estuviéramos hablando de abogados de bufetes “cachetones” y no es así.