Máximo Pavez, subsecretario del Interior: “En materia de inmigración, el cambio de mano existe y las expectativas se están cumpliendo”

“Que vuelva la cultura del orden a Chile”. Esa es la principal motivación que dice sentir Máximo Pavez desde su rol como subsecretario del Interior, rol en el que ya cumplió dos meses luego de que José Antonio Kast lo convocara a ser parte de su Gobierno.

El abogado, que antes se desempeñó como subsecretario de la Segpres durante el segundo mandato de Sebastián Piñera y que ejerció como comisionado experto durante el proceso constitucional de 2023, dice que el relato de esta administración se ha guiado por la marca “portaliana”, basada en la seguridad, el crecimiento y las virtudes cívicas.

“La forma en que la gente ha vuelto a pagar el CAE, o la forma de entender fenómenos de la ciudad, al erradicar, por ejemplo, los rucos del Río Mapocho, develan esa lógica de volver a un Chile del orden tan propio de la cultura nacional”, dice Pavez a The Clinic, desde su escritorio en el Palacio de La Moneda, en el cual mantiene una serie de informes estrictamente ordenados.

El subsecretario dice estar conforme con lo avanzado hasta ahora, pese a las dificultades que reconoce implica el proceso de instalación de un nuevo gobierno. “Y si entendemos el gobierno de emergencia como uno en el cual se nota un cambio de mano, hay cosas muy concretas que dan cuenta de que la respuesta es positiva, dice.

—¿En qué se nota ese cambio de mano?

—Quiero darte tres datos. El primero, producto de lo que ha hecho la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en estos dos meses tenemos proyectada una inversión de $22.258 millones, generando las condiciones para volver a creer que en Chile se puede invertir.

En segundo lugar, el cambio de mano se nota en algo que para mí es culturalmente decisivo, como es en materia de cumplimiento de obligaciones, léase, recaudación por el CAE. Aquí hubo un cambio de percepción respecto de que el cumplimiento de obligaciones tiene que ser un elemento esencial para la convivencia política. Que la recaudación del CAE se haya disparado en casi un 300% entre enero y abril de 2026, logra instalar un cambio de percepción.

—¿Y el tercero?

—Hay otra mano en migración, que es lo que me corresponde a mí. Tenemos señales muy concretas respecto de que nosotros estamos restaurando una cultura del orden. Primero, hicimos uso de una atribución del subsecretario del Interior para expulsar por razones de seguridad a una persona vinculada a las barricadas del 26 de marzo: un argentino fuera. Luego, los siete extranjeros que han sido detenidos en las marchas del 26 de marzo y el 1 de mayo, todas han sido objeto de alguna sanción, ya sea de expulsión o de revocación de permisos. Todos.

Asimismo, hemos iniciado sin detención las expulsiones. El gobierno anterior hizo su primer vuelo de expulsión en octubre del primer año, mientras que nosotros ya llevamos dos vuelos. Físicamente, además, se está construyendo la zanja, que si bien para muchos era una caricatura es real. Esto ha significado resultados concretos en materia de ingresos ilegales.

“Hoy tenemos más expulsiones y menos ingresos irregulares. Eso demuestra que la mano cambió”

—¿Cómo se enmarca lo que usted dice con el alza de un 53% de ingresos clandestinos en marzo respecto del mes anterior? Estas son cifras entregadas por la PDI al Servicio de Migración: ingresaron 2.065 personas y solo corresponden a quienes se autodenunciaron.

—Los datos que nosotros tenemos en materia de ingreso por paso no habilitado es el siguiente: en enero de 2022 se registraron 4.207 ingresos por pasos no habilitados, totalizando en todo el año 2022- primer año de gobierno del presidente Boric- 53 mil ingresos por pasos no habilitados. En abril de 2026, nosotros tenemos 1.160 ingresos por paso no habilitados y llevamos en total del orden de solo 6 mil.

Y si miras entre marzo y abril de 2026, disminuye un 32,6% la cifra de ingresos ilegales respecto del mismo período marzo-abril de 2025.

—Mucho se explica por la intervención de Estados Unidos en Venezuela a inicios de año. 

—Por supuesto que las condiciones han ido cambiando. Hay una realidad en Venezuela, como es que la gente no está arrancando despavorida como en años anteriores. Pero también es cierto que hay una construcción de obras antimovilidad y que existe una sensación de mayor fiscalización en materia de control migratorio, porque se han materializado prontamente las expulsiones

Hoy tenemos más expulsiones y menos ingresos irregulares. Eso demuestra que la mano cambió. 

—¿Cuál es la meta que se quiere alcanzar como Gobierno en el ámbito de las expulsiones?

—Todas las que podamos.

—¿No hay una cifra? En campaña se habló de todas las personas que entraron de manera irregular, que eran 300 mil.

—Hay que distinguir. Yo no recuerdo que el Presidente haya dicho un número en la campaña. Hay 300 mil personas aproximadamente en situación irregular en Chile, y cerca de 280 mil están empadronadas. Por otra parte, hay 34 mil órdenes de expulsión que el gobierno anterior no quiso ejecutar y no hizo casi nada por ejecutar. Esa es la cifra en la cual tenemos que trabajar con un Servicio de Migración que nos heredaron de manera completamente colapsada, con más de 200.000 trámites pendientes. Esa es la realidad con la que el Gobierno está trabajando, es una realidad compleja.

Por lo tanto, no vamos a descansar hasta materializar todas las órdenes de expulsión que podamos materializar.

—¿Se compromete con alguna cifra?

—No. Todas las que podamos.

Máximo Pavez y la “metáfora” del Presidente Kast en migración: “No creo que se haya jugado con las expectativas”

—Cuando el Presidente Kast esta semana dice que la meta que se había puesto en este ámbito era más bien una metáfora, ¿cuánto complica la expectativa que tenía la ciudadanía respecto de su gobierno?

—El Presidente de la República jamás dio una declaración en la que haya dicho que al 11 de marzo del 2026 íbamos a expulsar 300.000 personas.

—Existió una cuenta regresiva. En su momento se insistió en esa cuenta regresiva.

—Pero no para las expulsiones, porque eso requiere un procedimiento. 

—¿Para qué era entonces la cuenta regresiva?

—Para el cambio de mano. La cuenta regresiva del presidente era porque la mano iba a cambiar. Y en eso yo respaldo completamente la visión del Presidente de la República.

No quiero entrar en la figura que él utilizó (la metáfora), no quiero entrar en eso. Pero el presidente jamás se comprometió a que al 11 de marzo íbamos a expulsar 300.000 personas. Esa cuña no existe. La cuenta regresiva era para el cambio de mano y ese cambio de mano se ha ido notando, y es parte de un plan que nosotros estamos anunciando parcialmente: reforzar las fronteras, aumentar la fiscalización, echar a andar cuanto antes las expulsiones, modificar legislativamente algunos aspectos importantes y quinto, algunos anuncios que me voy a reservar porque son parte de una agenda que el Presidente va a dar a conocer al país muy pronto.

—¿No se jugó con las expectativas?

—No creo que haya sido un error ni que se haya jugado con las expectativas, porque las expectativas eran el cambio de mano. Eso significa que las personas que ingresaron a nuestro país de manera irregular a partir del 11 de marzo de 2026, tienen que sentir que el Gobierno tiene una actitud distinta de tolerancia ante el ingreso irregular. Ese cambio de mano existe. Por lo tanto, no le asigno un error a las expectativas, porque estas se están cumpliendo. 

“Hay una caricatura malentendida de que las únicas expulsiones que hemos materializado son las de los vuelos de la FACH”

—¿Cuándo se va a comenzar a expulsar inmigrantes irregulares de nacionalidad venezolana?

—No hay que confundir expulsiones como sinónimos de aviones. Porque lo que hace la autoridad administrativa es dar una orden de expulsión. Por lo tanto, quien recibe una orden de expulsión puede cumplir esa orden de expulsión sin requerir el auxilio de la fuerza. Es decir, nosotros tenemos personas venezolanas que han sido expulsadas.

—¿Pero adónde se les envía?

—Son personas por sus propios medios ejecutan las órdenes de expulsión. Hay muchas expulsiones que se hacen por tierra y algunas que se hacen en aviones comerciales con apoyo de la autoridad policial migratoria que es la Policía de Investigaciones. 

Hay una caricatura malentendida de que las únicas expulsiones que hemos materializado son las que se han visto a través de los vuelos FACH, eso no es así. Esto lo comento porque efectivamente hay venezolanos que han dejado el país con órdenes de expulsión. Otra cosa distinta es que nosotros queremos cuanto antes poder enviar vuelos de expulsión a Venezuela. Y en eso, como todos sabemos, hay una dificultad que actualmente nos supera, que es el quiebre o la no mantención de relaciones diplomáticas.

—Y ese ‘cuanto antes’, ¿qué fecha es?

—Esperemos cuanto antes. No tengo una fecha por dos razones: porque estas son conversaciones que se están teniendo al más alto nivel en la Cancillería chilena y no puedo comprometer en esta entrevista aquello que es propio de la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero estamos trabajando de manera muy intensa en esto.

—¿Qué implica retomar las relaciones con Venezuela?

—Al menos relaciones consulares para poder expulsar. Eso me importa que suceda cuanto antes. Es decir, abrir un camino, ya sea para retomar las relaciones a nivel consular, que es lo que nos permitiría que nos recibieran a los expulsados allá, o algún otro mecanismo que nos permita poder llegar con vuelos de extranjeros. 

—¿Cuáles son esos otros mecanismos?

—No las puedo comentar acá por razones de seguridad exterior e interior. Pero déjeme decir que para el Gobierno de Chile todos los extranjeros que están en condición irregular son igual de importantes. Aquí se ha generado una especie de fijación especial con la nacionalidad venezolana, que es una preocupación que compartimos. Pero el gobierno no puede dar la señal de que aquí hay nacionalidades más importantes que otras en materia de expulsión. Aquí parece ser que hay una nacionalidad que nos molesta más, y eso no es así.

Por ejemplo, recuperamos los vuelos con Haití, que no se hacían desde 2024 debido al mejoramiento de la relación consular con ese país. Entre ellos, el señor (Emmanuel) Bony. Que se haya ido el señor Bony es un cambio de mano.

—¿Va o no va el corredor humanitario que el Presidente mencionó en su minuto?

—Estamos trabajando para mejorar con Perú la posibilidad de utilizar dicho país en materia de expulsiones, pero es algo que en su minuto el canciller nos dará luces específicas. 

Polémica indicación: “Que se diga que es una nueva policía migratoria es ilógico, ridículo y no tiene nada que ver con lo que se plantea”

Facilitar los procedimientos de expulsión. Ese es el objetivo detrás de una indicación que la subsecretaría del Interior liderada por Máximo Pavez ingresó esta semana en el Congreso y que provocó el rechazo de la oposición, la crítica del Servicio Jesuita a Migrantes e incluso la “preocupación” de la ministra de Salud, May Chomali.

El texto firmado por Pavez plantea una “obligación de entrega de información” por parte de instituciones de la administración del estado, organismos de salud pública o privada, establecimientos educativos, entre otros, cuando la autoridad migratoria solicite datos privados de migrantes irregulares que se atiendan en el sistema, incluidos el domicilio, teléfono de contacto y “demás datos personales pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación, de conformidad a la presente ley“.

—¿No hay un incentivo a denunciar a inmigrantes en situación irregular?

—No, no hay ningún incentivo a denunciar. Y quiero explicar que esto responde a que tenemos un problema: que cuando queremos notificar la orden de expulsión, a muchas personas no las encontramos. 

Entonces, esta indicación, que fue trabajada con la PDI  y con el Servicio de Migración, propone que si una persona es objeto de un procedimiento sancionatorio administrativo, ya sea de multa o de expulsión, se podrá preguntar al Estado de Chile si alguien registra algún dato que nos permita dar con esa persona y notificarla de una resolución, ya sea de expulsión o de multa, o de orden de abandono.

Por lo tanto, aquí se ha mal entendido algo que la indicación no dice. Aquí no hay ninguna obligación de denuncia, aquí no hay ninguna obligación de reporte.

—La oposición dijo que esto parecía transformar a estas instituciones en una policía migratoria…

—Eso es completamente ilógico, ridículo y no tiene nada que ver con lo que está planteando la indicación. La indicación implica que cuando estoy en presencia de un procedimiento que quiero materializar respecto de cualquier ciudadano extranjero que se encuentra en nuestro país, pueda preguntarle a una entidad previsional, a una entidad educacional, a una entidad de salud, pública o privada, si es que alguien tiene algún dato de esta persona de contacto. 

Ese oficio tiene que ser enviado por la autoridad policial o la autoridad migratoria. Esto no quiere decir que el subsecretario del Interior u otro órgano pueda recibir ni preguntar por ninguna otra información. La norma es muy precisa en señalar que los datos personales no pueden ser utilizados con otros fines y que esta debe conversar con la ley de datos personales existente. 

—¿No cree que por esta manera de comunicarlo se genere que algún extranjero opte por no ir a atenderse a un centro de salud y que eso se convierta en un riesgo?

—No queremos nada más que el Estado, que tiene ciertos datos, se los proporcione a la autoridad correspondiente. Entiendo la preocupación que usted me plantea si es que la indicación dijera que cualquier persona que se acerque a un servicio público va a ser denunciado. Pero eso no es lo que estamos diciendo. 

Es más, hoy día las policías, con ocasión de un procedimiento judicial, pueden requerir información a los servicios públicos para los fines específicos de una investigación, por ejemplo. El problema es que esto no es una investigación penal, entonces hay que dotar a la policía de una herramienta concreta para poder buscar el último domicilio, el último correo electrónico o el último teléfono.

El foco es facilitar los procedimientos de expulsión de aquellas personas que se tienen que ir.

Pavez y aprensiones de May Chomali: “Aquí no hay ninguna descoordinación. La preocupación de la ministra está incorporada en la indicación”

—¿Cómo se entiende entonces que la ministra de Salud, May Chomali, haya dicho que estaban mirando con preocupación esta indicación y que no se puede vulnerar el secreto de la atención médica?

—Suscribo, empatizo y comparto la preocupación de la ministra de salud. Nosotros también la hemos tenido al momento de redactar la indicación. Repito: los datos de los pacientes, desde el punto de los derechos y deberes de los pacientes, no se van a tocar. 

—¿No fue un desmarque de la ministra con la indicación que el mismo Gobierno presentó?

—Yo tengo la sensación de que la ministra se quedó con un titular inexacto de un medio de comunicación específico. Porque la indicación no dice lo que a la ministra le preocupa. 

—¿Me está diciendo que esta indicación no fue socializada con el gabinete?

—Por supuesto que todo lo que hacemos al interior del Gobierno está coordinado. Otra cosa es que la ministra, porque leyó un titular, puede haber entendido que esa es otra indicación, o que la hayan cambiado. Aquí no hay ninguna descoordinación. La preocupación de la ministra está completamente incorporada en la indicación.

—¿Habló con la ministra?

—No, es que está fuera del país.

—Así y todo la ministra dio una entrevista esta mañana (viernes).

—Bueno, está bien. Yo hablé con la subsecretaria y entendió perfectamente la preocupación del Ministerio del Interior y nosotros hemos entendido siempre la preocupación del Ministerio de Salud. Porque somos un solo Gobierno.

Posibilidad de ajustes en el equipo: “Todos nosotros tenemos la carta de renuncia en el escritorio del Presidente siempre”

—¿Cómo ha visto al Presidente?

—Veo un Presidente que confía en sus equipos. Veo un Presidente dando señales muy concretas del punto de vista de no perder la cercanía con las personas, como son los ejercicios de “Presidente Presente”. He visto a un Presidente preocupado de devolver a Chile la institucionalidad, las formas. Y lo veo optimista. 

—¿Y sin pensar en cambiar a su equipo, por ejemplo?

—Esa es una decisión del Presidente, que todos los presidentes en todos los gobiernos tienen que evaluar permanentemente. Y todos nosotros tenemos la carta de renuncia en el escritorio del presidente siempre.

—¿Se puede juzgar al gobierno por estos dos meses?

—El escrutinio del Gobierno es permanente. Y es un derecho que tenemos todos en democracia de dar una opinión política respecto del Gobierno. En alguna entrevista yo señalé que juzgar al gobierno antes de los tres meses me parecía que no resistía ningún análisis. 

Nosotros ya cumplimos dos meses y creemos que hay razones poderosas para afirmar que el gobierno está haciendo bien muchas cosas. Y por supuesto hay razones que nos obligan a mirar que hay que ordenar otras, como cualquier gobierno. 

Pero que el Gobierno en dos meses haya aprobado en la comisión en particular un proyecto de la envergadura del proyecto de Reconstrucción es realmente formidable. Si uno mira que en dos meses hemos demostrado cifras de materia migratoria muy concretas, me quedo muy tranquilo. 

—Se enfrentaron al alza de combustibles…

—Nos habría encantado que no hubiese una guerra entre Irán y Estados Unidos. Eso evidentemente nos supera. Pero hay cosas muy concretas que nos permiten estar tranquilos sabiendo que los objetivos son grandes y permanentes.

“Nadie que haya estado vocereando por el Apruebo puede tratar a nadie de refundacional”

—¿Niega que exista una debilidad en seguridad? Era un pilar de la campaña y se critica que no hay un plan al respecto. 

—Vamos a los hechos concretos y a las cifras. A la fecha, llevamos dos operativos en Temucuicui. Por otra parte, entre el 6 y el 7 de mayo hubo operativos que desplegaron más de 700 carabineros y que logran 200 detenciones a nivel nacional. Luego, que el primero de mayo hubiera cero saqueo, cero carabineros lesionados. O que en las marchas estudiantiles, que llevamos dos, haya cero saqueo, cero carabinero lesionado, la mano cambió.

Nosotros no hemos tenido escenarios de violencia en todo el país. Por supuesto que el desafío es gigantesco. Pero yo miro hechos concretos y creo que el equipo de la ministra Steiner con la subsecretaria Quintana y el subsecretario Jouannet, tiene cosas muy interesantes que mostrar.

—¿Ha habido deslealtad dentro de las filas oficialistas? Su partido, la UDI, ha recalcado que han sido los más leales al Gobierno del Presidente Kast. 

—Soy de la UDI, pero además soy subsecretario del Interior. Y estoy muy agradecido de la forma en que lunes a lunes los parlamentarios en el comité político nos presentan sus inquietudes, de la forma en que se ha defendido al Gobierno. Lo importante acá es que la lealtad se mide al momento de que el gobierno pueda desplegar su agenda. Y el Gobierno ha podido desplegar su agenda en el Congreso y los partidos que pertenecen al oficialismo han estado.

Eso no quiere decir que no pueda haber opinión política, y eso no significa que los parlamentarios no nos puedan hacer sus sugerencias. Pero yo estuve en una reunión en Cerro Castillo con senadores que fue impecable, donde estuvimos sentados desde el presidente del Partido Nacional Libertario hasta la gente de Demócrata. 

—La exministra Carolina Tohá dijo que este ha sido un gobierno refundacional a diferencia de lo que fue la administración de Gabriel Boric.

—Creo que nadie que haya estado vocereando por el Apruebo puede tratar a nadie de refundacional. Creo que hay dos tipos de oposiciones: una oposición responsable, leal con el país, que está disponible a conversar con el Gobierno, y hay un sector de la oposición que no se da cuenta de que el 4 de septiembre del 2022 la extrema izquierda sufrió la peor derrota cultural y electoral de su historia.

Hay gente que todavía no supera eso. Y queda claro en la forma en que muchas veces han tratado al ministro Quiroz en el Congreso.