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El mediodía del viernes, el empresario Gonzalo Vial Concha interpuso ante el Juzgado de Garantía de Rancagua una querella en contra de todos los que resulten responsables de la estafa por un poco más de $1.200 millones que vivió durante el año 2012.

En el escrito, al que tuvo acceso The Clinic Online, Vial afirma que fue engañado por la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, y detalla, entre otras cosas, cómo, a través de Natalia Compagnon, Caval se atribuyó estudios en minería que en rigor fueron elaborados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Por estos análisis la cientista político cobró más de mil millones de pesos.

Al respecto, precisa que en el mes de enero del año 2012 fue contactado, a través Verónica Vanni Zunino, por la esposa de Sebastián Dávalos, quien le ofreció asesoría para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el sector de Tejas Verdes y Collaipo de la Región de O’Higgins.

Tras este primer encuentro, Compagnon le propuso trabajar con su empresa, Caval, la que definió como una compañía con un sólido prestigio, cuando en realidad sólo se constituyó con posterioridad al trato con el dueño de Inversiones Graneros del Sur -empresa sucesora de Graneros Limitada- y funcionó con figuras como Victorino Arrepol y Sergio Bustos. “De acuerdo a como me fue presentada, estaba constituida por un equipo multidisciplinario de profesionales de primer nivel, con alto reconocimiento y especialización en cada uno de los nichos de negocios en los cuales se me ofrecieron asesorías. A lo anterior, debía agregarse una amplia red de contactos orientada a la generación de negocios tanto en el ámbito público y como el privado”, consigna Vial.

Las reuniones para cerrar el trato, plantea el texto legal, se desarrollaron en la Torre Santa María, piso 9, y junto a Compagnon -formalizada por delitos tributarios- estuvo en un inicio su socio, Mauricio Valero Illanes, “quien comenzó a ofrecerme realizar gestiones y trámites de dudosa legitimidad ante diversos Servicios Públicos, tales como el SII”.

Por ello, Vial decidió entenderse sólo con Compagnon quien le propuso asesorías en emprendimientos mineros y portuarios en la Región de Atacama. Así, el 1 de febrero de 2012 se firmó un primer “acuerdo de representación y comisiones”, por $162 millones que incluían la presentación de pertenencias mineras; desarrollo de nuevos negocios; y asesoría en concesión portuaria.

Como los servicios no incluían estudios específicos en cada ítem, se realizó una venta paralela de 8 informes de minería que fueron facturados en 2012 a “Inversiones Graneles Ltda” por un total de mil millones de pesos.

“De acuerdo a lo que Caval me indicaba, la totalidad de los informes en materia minera, habían sido confeccionados por profesionales de su empresa en conjunto con otros expertos especialmente contratados para los efectos. Sin perjuicio, un análisis de los mismos lleva a concluir que éstos no son más que copias –a las que no se les cambió una coma- obtenidas de trabajos publicados en la internet por terceros ajenos a Caval, varios de ellos, incluso, protegidas por el derecho de propiedad intelectual”, resalta la querella.

Se trata, en su mayoría, de estudios de Cochilco, aunque también figuran papeles de la Biblioteca del Congreso Nacional.

“Los hechos descritos en relación a estos informes cuya autoría se atribuyó Caval, son constitutivos del delito de estafa; en efecto, como queda demostrado con los documentos acompañados, ninguno de estos pseudo informes, que sirvieron de base a los millonarios cobros efectuados son de autoría de Caval o de alguien a quien se hubiera contratado para su confección, como se me hizo creer en cada oportunidad y que fue el motivo por el cual accedí a pagarles la cantidad de $1.000.000.000.-, que es, en definitiva, el monto del perjuicio que se le ha irrogado ‘Inversiones Graneles Ltda’; como consecuencia del delictual actuar que se ha descrito”, detalla la acción judicial.

Como medios de prueba, Vial acompaña las facturas de Caval, los informes mineros que Compagnon le hizo llegar y los estudios originales de Cochilco.

Además, pide que se cite a declarar a María Cristina Betancour Muñoz, exdirectora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco; y a Vicente Pérez Vidal, exanalista de estrategias y políticas públicas de la entidad. A ambos se les solicitará que expliquen lo que conocen sobre el origen de los documentos que se adjuntan en la querella y revelen si tienen información respecto de alguna relación existente o pasada entre Cochilco y Caval “o cualquiera de sus representantes o empleados”.

En paralelo, se requiere que se oficie al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) para revisar la titularidad y fecha de inscripción de dos estudios y que se dé orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de investigaciones de Chile.

LA MANIPULACIÓN

En la querella, firmada además por el ingeniero comercial Hanz Vilche Pinilla, Vial narra que como consecuencia del vínculo comercial con Compagnon “le confié información muy sensible relativa a mi empresa. En efecto, recuerdo haberle comentado acerca de mi preocupación en relación a la fidelidad con la que habían desempeñado sus cargos distintos ejecutivos”.

“A partir de esas conversaciones a que me acabo de referir, Caval ofreció sus asesorías, también, en temas de seguridad y detección de fraudes a través de expertos de su empresa y/o externos, razón por la cual, al poco tiempo comenzó a entregarme información y documentos, que daban cuenta de maquinaciones de ejecutivos, cuyo objeto aparente era defraudar a mis empresas. Específicamente, se me entregaban carpetas con supuestos correos, entre gerentes y ejecutivos relacionados con mis empresas, respecto de quienes existían indicios en el sentido de que habrían estado desarrollando –sistemáticamente- actividades con el fin de apropiarse o desviar, fraudulentamente, dineros de mi empresa”, precisa el empresario.

En marzo de 2013, dado que la investigación de inteligencia de Caval no demostraba ser efectiva, Vial decide finalizar la indagatoria de Caval a sus empleados. Posteriormente, dice, recibió a principios de 2014 un llamado de Natalia Compagnon recomendándole contratar al experto en informática que había prestado servicios a Caval. Se trataba de Arrepol.

“Me reuní con el experto, de nombre Victorino Arrepol Garrido, quien me señaló entre otras cosas que era él quien había detectado actividades fraudulentas por parte de empleados de mi empresa y, para mi sorpresa, que en Caval se había manipulado la información que me entregaban sacando y/o poniendo información con el objeto, en definitiva, de obtener más dinero de mi empresa”, plantea.

Al respecto, informa que “de acuerdo a estudios efectuados por especialistas”, que se compromete a entregar en Fiscalía, logró determinar que las carpetas que le facilitaba Compagnon estaban compuestas de “documentos originales, obtenidos mediante actividades de espionaje informático, que yo ignoraba en ese entonces, desde los servidores de mi empresa -actividad que, en apariencia, también, constituye el delito contemplado en el art 2 de la Ley nº19.223”. Junto a los datos fidedignos, se le proporcionaba, relata, “información falsa, inventada, los que me eran presentados de manera tal, que me hacían pensar que los ejecutivos de mi empresa la estaban defraudando de la manera que allí se indicaba o estaban pensando hacerlo”.

“Estas maquinaciones se leían, principalmente, en los supuestos chats que habrían sido descubiertos en los servidores y/o terminales de ejecutivos de mi empresa, los que, en definitiva, se ha determinado que son falsos”, consigna.

Vial recalca que lo anterior significa que “mediante la aparente comisión de un delito informático, se obtuvo información de los servidores de mi empresa, la que fue alterada de manera tal que me representara falsamente, como en los hechos ocurrió, que empleados de ‘Inversiones Graneles Ltda’ defraudaban a la empresa lo cual me motivó a pagar altas sumas de dinero por trabajos, informes y asesorías supuestamente confeccionadas por Caval cuyo valor de mercado era muy inferior”.

Sobre lo que fueron sus negocios con Caval, concluye que si bien las “asesorías” de espionaje no figuraban en los contratos, son la razón por la que pagó hasta $300 millones por uno de los textos de minería que hoy sabe que fueron plagiados.

“Estuve dispuesto a pagar cifras importantes – que no guardaron relación alguna con los servicios efectivamente prestados en los informes antes detallados- por los otros trabajos realizados por Caval”, señala.

El empresario afirma que finalmente rompió todo vínculo con Compagnon, Caval y Arrepol cuando la Revista Qué Pasa reveló el millonario negocio inmobiliario en Machalí de la nuera de Bachelet y el Ministerio Público inició una indagatoria que hoy tiene más nueve formalizados por soborno, cohecho y prevaricación, entre otros delitos.

Empresario Gonzalo Vial Concha se querelló por estafa en el marco del caso Caval – The Clinic Online