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Mapa Constituyente

25 de marzo de 2022

Los cinco dilemas de la Convención sobre el futuro del Banco Central

||| Fuente: Agencia UNO

Desde cuántos integrantes debe tener el consejo del Banco Central hasta si habrá criterios de paridad y cuotas para pueblos originarios. The Clinic analizó las cinco propuestas que pasaron la primera prueba en la comisión de Justicia y las analizó con economistas.

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En la comisión de Justicia de la Convención Constitucional se está cocinando el futuro del Banco Central.

A principios de marzo, se aprobaron cinco normas en general y se espera que desde la semana del 28 de marzo comience la discusión en particular. Luego pasaría al pleno de la Convención, donde se votaría a mediados de abril.

Sin embargo, hay algunas disyuntivas sobre el instituto emisor que la comisión debe resolver antes de presentar su informe.

Las cinco propuestas que pasaron la primera prueba

El pasado 8 de marzo fue un día clave para la discusión constituyente sobre el Banco Central. En la primera votación de la comisión de Justicia, de las 10 propuestas presentadas, sobrevivió la mitad. Estas son:

717-6: Presentada por convencionales de los Movimientos Sociales Constituyentes (MSC). A favor votó la mayoría de la comisión (14), incluido Rodrigo Logan. En contra se cuadraron sólo los representantes de derecha (4), salvo Carol Brown que no votó.

866-6: Fue presentada por un grupo heterogéneo de convencionales, desde los Pueblos Originarios hasta la derecha, encabezados por Renato Garín. Pese a su amplitud, fue aprobada en una estrecha votación: 10 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.

Renato Garín encabezó una de las iniciativas del Banco Central, aunando a convencionales desde la derecha a los pueblos originarios. Foto: Agencia UNO

936-6: Iniciativa elaborada por convencionales de Independientes No Neutrales (INN) más Rodrigo Logan. Fue aprobada con 13 votos a favor y seis en contra.

937-6: Propuesta que unió a convencionales del Frente Amplio con el Colectivo Socialista. Fue la iniciativa que obtuvo la aprobación más holgada: 18 votos a favor y solo uno en contra, de Manuel Woldarsky (ex-Lista del Pueblo).

IPN 04-6: Es la única iniciativa popular de norma que pasó la primera votación. Fue presentada por Andrés Larraín de Andraca, vocero del movimiento por un Banco Central autónomo. Tuvo 14 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Banco Central autónomo, el gran consenso

El gran consenso de estas iniciativas es la autonomía del Banco Central. De hecho, la definición de la actual Constitución se mantiene como un organismo «autónomo», con «patrimonio propio» y de «carácter técnico».

Todas las propuestas también concuerdan en que su función principal sea la política monetaria. Es decir, subir o bajar la tasa de interés en función de las proyecciones de inflación, tal como funciona hasta hoy.

Guillermo Larraín, doctor en Economía y académico de la Universidad de Chile, destaca que la discusión en torno al instituto emisor «ha sido bastante sensata y razonable”.

Sin embargo, se mantiene expectante ante el eventual surgimiento de «imprevistos», como se ha visto en otros temas de discusión en la Convención.

Ahí uno de los puntos claves serán los mecanismos de remoción de los consejeros. Para Andrea Betancor, la salida de miembros del consejo «por motivos políticos» podría «afectar su independencia».

«Una esperaría que eso no ocurriese. Es importante que la política monetaria esté desacoplada del ciclo político», puntualizó.

La iniciativa popular de norma sobre este tema plantea que una Ley Orgánica Constitucional deberá establecer las causales específicas para la remoción de un consejero. Bajo esta propuesta, el Presidente de la República deberá presentar un requerimiento que deberá contar con el apoyo de la mitad del Congreso. O bien, tres quintos del Congreso deberán presentarlo ante la Corte Suprema.

Sin embargo, hay propuestas que plantean mecanismos menos exigentes de remoción. Por ejemplo, la iniciativa presentada por Independientes No Neutrales sugiere que el requerimiento deba ser presentado por la mayoría de los consejeros del Banco Central o un tercio de los parlamentarios en ejercicio ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El consejo: la piedra angular de los dilemas

Actualmente, el consejo del Banco Central se compone de cinco miembros. En la comisión existe un consenso mayoritario en ampliarlo. La propuesta de INN apuesta por el número mayor: nueve consejeros.

Sin embargo, otras dos iniciativas coinciden en otra cifra: siete consejeros. Los otros dos textos no lo mencionan y lo dejan a decisión de la futura ley que regule el instituto emisor.

Tampoco hay concordancia en la duración de los consejeros en el cargo. Una propuesta plantea que sean siete años con posibilidad de reelección, otra que sean 10 sin reelección.

Andrea Betancor, economista. Foto: Agencia UNO

Andrea Betancor, doctora en Economía Aplicada y Agropecuaria y académica de la Universidad de Talca, reconoce que la discusión sobre el número de consejeros surge con el objetivo de darle «mayor representatividad».

Sin embargo, más allá de eso, advierte que «no tengo claro por qué se desea aumentar el número». Aún así, si hay que decidir entre nueve y siete, se queda con siete.

Larraín se muestra más reticente. A su juicio, no existe mucha lógica en aumentar la cifra. «Salvo por una cosa muy mala: que el cuoteo político lo requiere porque hay una mayor fragmentación del sistema político», puntualiza.

El economista advierte que los consejeros del Central son «cargos caros» para la magnitud del país. Además, mientras más integrantes tenga, aumentarán los «costos de coordinación» y «todo se hará más difícil».

¿Paritario, regional y plurinacional?

Hay tres propuestas que estiman que el consejo del Banco Central debe cumplir con el criterio de paridad. Dos de ellas agregan la plurinacionalidad y la diversidad territorial. Una incluso plantea que en el organismo también exista representación sindical y empresarial.

Consultado por The Clinic, Renato Garín asegura que están pensando en que existan cuotas reservadas, pero no dentro del consejo, sino en las candidaturas que deberá definir el Presidente de la República.

Sin embargo, la propuesta aún deja algunas preguntas abiertas para Andrea Betancor. A su juicio, existe «cierto consenso respecto a que en órganos colegiados ningún sexo debería estar subrepresentado (menos de 40%)».

Sin embargo, puntualiza que «los otros dos criterios no los entiendo aún. En el caso de representación territorial, no sé si están refiriendo a Santiago y regiones, o son macrozonas».

Guillermo Larraín, economista. Foto: Agencia UNO

Por su parte, Larraín va al fondo del asunto. A su juicio, el Banco Central tiene una «legitimidad de uso que no tiene que ver con quién esté sentado en la mesa».

«Cuando el Banco Central tenga que tomar una decisión compleja, por ejemplo, subir tasas de interés previo a una elección, debe tener un sólido respaldo técnico porque afecta a toda la nación. No afecta a una región sobre otra. No afecta a una cultura sobre otra. Las tasas de interés suben para todos», explica.

Sin embargo, para el economista, eso no quita incorporar estos tres criterios al interior del área administrativa del Banco Central, donde «me parece necesario que haya representatividad».

¿Un concurso público?

Sobre el mecanismo de nombramiento, hay cierto consenso en que sea el Presidente de la República quien elija a los nuevos consejeros con acuerdo mayoritario del Congreso.

La idea es que el primer mandatario opte a partir de una quina de alternativas, es decir, que haya cinco candidatos. Sin embargo, ¿quién los selecciona? En dos propuestas se sugiere la existencia de un concurso público que siga los estándares de Alta Dirección Pública.

La idea no es «apropiada», asegura Andrea Betancor. «Me parece costoso y es contradictorio con la aplicación de cuotas” en caso que existan para mujeres o pueblos indígenas.

«Sería mejor tener un registro público, transparente, con personas candidatas con experticia validada por un comité experto en macroeconomía, finanzas y política monetaria», sugiere.

A su juicio, sería una política «más barata y efectiva», aunque advierte que «esto es ya mucho detalle. Quizás habría que dejar el mecanismo de selección a la ley».

Más enfático es Larraín, quien subraya de frentón que «me parece una mala idea», ya que termina por «esconder la política debajo de la alfombra”.

«Los miembros del consejo toman decisiones que tienen un impacto político potencial muy grande. Por lo tanto, la responsabilidad política tiene que ser transparente», subraya.

El economista puntualiza que el cargo de consejero implica definir hasta cierto punto el rol del Estado en la economía, lo que fundamentalmente es una definición de «izquierda o derecha».

«Eso tiene que quedar claro, porque un proceso de selección profesional basada solamente en el mérito, no va a dar cuenta que hay una decisión política que tomar», recalca.

El presidente del Banco Central: ¿Quién lo nombra?

La discusión en torno a quién nombra al presidente del Banco Central tiene solo dos opciones: el Presidente de la República o los mismos consejeros en una votación.

Guillermo Larraín subraya que en los países desarrollados, el presidente del Banco Central es nombrado por la máxima autoridad del país por razones de «legitimidad democrática».

A su juicio, ésta es una «práctica razonable que ha funcionado». Sin embargo, «transferir eso a los consejeros sería quitarle accountability” al organismo.

Misma visión tiene Betancor, quien cuestiona: «¿Para qué tensionar al consejo con campañas internas?».

También hay algunas disquisiciones en torno a la duración de su período. Dos propuestas plantean que sean tres años, con posibilidad de una o dos reelecciones. Otra sugiere cinco años y no menciona posibilidad de reelección.

Nuevas funciones del Banco Central

Si bien existe consenso en que la función principal del Banco Central sea la política monetaria, hay propuestas que plantean incorporarle nuevas labores.

La iniciativa de los MSC sugiere que entre sus fines esté el Bienestar Social. Además, añaden el pleno empleo, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico a largo plazo.

Por su parte, la propuesta amplia de Renato Garín sugiere incorporar como criterios el cambio climático y la sostenibilidad ambiental. También el empleo y el nivel de endeudamiento público y privado.

Betancor es tajante en esta materia: «No agregaría objetivos a los tradicionales de inflación y mantenimiento de la estabilidad del sistema de pagos».

Larraín puntualiza que «mientras más objetivos se le pongan, más difícil va a ser evaluar si lo hace bien o mal. Es una de las gracias de tener un objetivo único».

Sobre el pleno empleo, asegura que en el mundo existen países con un mandato dual: política monetaria y desempleo. Eso está incorporado en la actual estructura del instituto emisor, asegura.

«Cuando yo veo su modelo, está la preocupación por el desempleo. Ahora, si se quiere formalizar para darle tranquilidad a ciertos grupos de la población, se puede debatir», sugiere.

Sobre la preocupación ambiental, el economista advierte que «lo que puede hacer el Banco Central es muy mínimo. Hay algunos países que tratan de hacerlo, pero se crean expectativas falsas. Lo que puede hacer en esta materia es de forma muy indirecta».

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