Reportajes
5 de Julio de 2022Más allá de la Araucanía: crónica de un conflicto mapuche en plena Región Metropolitana
La tensión entre Meli Witran Mapu y Peñaflor por un terreno en comodato continúa en suspenso. La municipalidad desconoce su procedencia indígena por no estar constituidos ante la ley, mientras que la asociación manifiesta la validez de sus derechos de autodeterminación y culturales. Desde mayo mantienen sus suministros básicos cortados y la amenaza del desalojo.
Dentro del parque El Trapiche, un pulmón verde de más de 20 hectáreas ubicado en la comuna de Peñaflor, a pocos metros de la entrada, un lienzo sobre un portón delata el conflicto que vive la agrupación Meli Witran Mapu: “Queremos diálogo”, se lee a lo lejos.
Tras la reja está el centro ceremonial o “Purruhue” inaugurado en 2017 gracias al apoyo de la municipalidad de Peñaflor. Allí han ocurrido distintas ceremonias ancestrales durante los últimos años: Ngillatunes, Machitunes, el We Tripantu y el Ñinku Rehuén, además de otras actividades circunstanciales como rogativas, sanaciones, bautizos o bodas.
En el terreno que rodea la construcción ceremonial, hay caballos, conejos, ovejas, gallinas y pájaros, y desde hace varias semanas muchas botellas de agua vacías. Y es que a partir del 23 de mayo la comunidad está sin agua, sin electricidad y en riesgo de ser desalojados del espacio porque el municipio decidió dar término anticipado al comodato que duraba 10 años y que concluía en 2027.
“El 24 de abril me citó el asesor jurídico. Me dijo ‘mire, le vengo a entregar este decreto alcaldicio, es un desalojo de su comunidad, tienen un mes para sacar todo’. Dijo que podíamos apelar contra la municipalidad. Le dije ‘ya, ok, pero ¿qué probabilidad tenemos nosotros?’ y dijo que ninguna porque eso depende del alcalde”, explica Camila Sáez Quintremil, representante de la agrupación.
La razón que entrega la municipalidad es que Meli Witran Mapu habría incumplido el comodato pues estaba prohibido su uso en forma de casa habitación, y una persona vive en ese lugar: el machi.
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Lo que vive hoy la agrupación no siempre fue así.
De hecho, desde su nacimiento fue uno de los atractivos turísticos de la comuna y su asentamiento fue destacado por el propio municipio.
La descripción que mantiene la Municipalidad de Peñaflor en su página web sobre el parque El Trapiche cuenta con datos interesantes, pues entre sus hitos, además de destacar el anfiteatro al aire libre, o la semana peñaflorina en febrero de cada año, subraya la relevancia de “la comunidad indígena Meli Witran Mapu”.
No es el único ejemplo. Un capítulo del programa “Peñaflor Cocina” de junio de 2020, publicado por el Facebook oficial del municipio, contó con la participación de la agrupación que es descrita por el animador como “la comunidad mapuche de nuestra comuna de Peñaflor”, donde se enseña a elaborar ungüento medicinal para dolores musculares.
En Facebook también, en febrero de 2019, la municipalidad compartió que la “comunidad mapuche Meli Witran Mapu invita a un ciclo de talleres en Semana Peñaflorina 2019”. Publicaciones similares se pueden encontrar en Twitter. En enero de ese año la cuenta oficial informó de un evento: “Una degustación de facturitas y café de trigo brindó la Comunidad Mapuche Meli Witran Mapu de #Peñaflor, con el apoyo del Centro Municipal de Desarrollo Económico Local”.
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El Centro ceremonial está constituído por el “Rehue”, un altar protegido por dos figuras denominadas Pillanes, luego se encuentran los Chemamul, figuras que determinan los puntos cardinales y delimitan el espacio en el cual se deben realizar las ofrendas alrededor de este “Purruhue”.
Este es el corazón de las actividades de Meli Witran Mapu, que nació en 2010 con el objetivo de acercar la tradición y la cultura mapuche a la sociedad chilena. En 2017 acordaron con el alcalde Nibaldo Meza el comodato para utilizar una sección del parque El Trapiche y se construyeron cuatro cabañas tradicionales, donde se realizan distintas iniciativas. Hoy cuentan con una ruca de atención; otra de talleres; una para enfermos; una ruca de los acompañantes y la ruca principal del machi, quien es considerado guía espiritual, médico y religioso, y quien debe “interceder entre lo espiritual y lo terrenal”.
La agrupación tiene alrededor 30 socios y cuando el espacio se abre a todo público, de manera gratuita, asisten en general unas 300 personas. Una vez entraron casi mil en un guillatún de tres días cuenta Camila Sáez Quintremil.
El machi, Nestor Robledo, afirma que “cuando se nos cedió este terreno era para enseñar nuestra cultura, dejar un legado, nuestras artesanias y mostrarles a los no mapuches, lo que es nuestra cultura, desde una granja educativa mapuche, donde puede venir el blanco, el negro, el petizo, el feo, todos son bienvenidos y a todos se les recibe”.
“Somos una comunidad intercultural, no queremos ser tan cerrados como las comunidades del sur|, que se entiende también su visión. Es decir, aquí cualquiera que respete, que quiera cuidar la cultura, que quiera aprender, podría ser invitado”, agrega Camila.
Según el comodato firmado por la Municipalidad de Peñaflor y la agrupación está última recibiría una porción de terreno de 6.817 metros cuadrados del parque comunal, para “un centro ceremonial cuya finalidad sería la preservación y difusión de la cultura del pueblo mapuche”. El mismo contrato señala que bajo ningún motivo el “inmueble entregado podrá tener un destino distinto del señalado, en especial, para el uso del lugar en forma de casa habitación”. Fue el incumplimiento de esto último lo que hizo al municipio dar por finalizado el acuerdo.
“Nadie vive acá, solo el machi, nosotros venimos de paso para el cuidado de los animales y la naturaleza”, explica Camila.
Sin embargo, a juicio del Nibaldo Meza, “nosotros pusimos fin al comodato conforme a la ley”. El edil de Peñaflor y militante de la DC, explica que el objetivo era que el centro funcionara dentro del horario, condiciones y reglamentos del parque. “Imagínese que nosotros entregamos una sede vecinal y los vecinos después la utilizan para vivir, o entregamos una multicancha y la ocupan para instalar una empresa, pierde el objetivo y totalmente el sentido”, enfatiza.
El machi, la figura de la discordia en esta situación, se considera, según describe la agrupación en el documento de amparo presentado ante tribunales, “dentro de la Cultura y Centro Ceremonial, actuando como guía espiritual y guardián del comentado Centro Ceremonial”.
“El alcalde participaba de los años nuevos, él nunca estuvo exento de nada. A él se le invitaba a todas las ceremonias. Después de más de cuatro años, casi cinco, ahora le molesta que esté aquí adentro, cuándo esto lo sabía, siempre lo supo. Cinco años estando yo, cuidando 24/7 aquí y nunca le molestó a él”, dice la figura espiritual.
Los propios concejales de la comuna confirman en un oficio enviado al alcalde, que este uso irregular del centro como habitación ocurría hace años y que todos en el municipio estaban al tanto.
“El señor Robledo, cuya nacionalidad es argentina, sabía muy bien qué él no podía vivir en el centro”, responde Meza. Esta información, ¿cambia en algo su estatus dentro de la cultura mapuche? “Su figura de machi no es algo que yo esté en condición de afirmar o desmentir”, comenta el alcalde.
Otro de los conflictos que enfrenta a ambas partes, y una de las razones esgrimidas por el alcalde para terminar con el acuerdo, es que Camila Sáez Quitramil habría utilizado este lugar como espacio para su campaña como concejal en 2021.
“La señorita Camila, que figura como presidenta de esta organización funcional, fue candidata a concejal por la UDI en las elecciones del año pasado. Y este centro fue utilizado para campaña política, no solo de ella, si no también del candidato a alcalde del mismo partido”, dice Meza. Actividades de proselitismo político también estaban prohibidas en el comodato.
“Yo acepté ser candidata porque quería visibilizar nuestras problemáticas”, dice Camila. “Fue una opción urgente, porque estamos muy acongojados por la situación”, pues afirma que ya existía esta tensión con la actual administración. “Dentro de la ruca jamás se hizo campaña. Solo me saque fotos mostrando mi lugar, las cosas que hago, mis cosas, la medicina, la cultura”, explica.
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En el país, 2,1 millones de personas se identifican dentro de los pueblos originarios según datos del Censo 2017. De esos, 1,7 millones son mapuches.
¿Quiénes podrían considerarse como parte de los pueblos originarios? La Ley Indígena, 19.253, en su segundo artículo establece que lo son “hijos de padre o madre indígena cualquiera sea la naturaleza de su filiación inclusive la adoptiva”, “los descendientes de las etnias indígenas que habitan el territorio nacional, siempre que posean a lo menos un apellido indígena”; y “los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena”.
Y un dato estadístico de interés es que la Región Metropolitana es la que cuenta con la mayor población de mapuches identificados oficialmente. Esto, pues según el Censo, en el país hay 1,7 millones de los cuales 614 mil viven en la capital. Así, la zona concentra un 35% de estos habitantes a nivel nacional, número superior a La Araucanía, donde llegan a un 18%. En la capital, las comunas con mayor cantidad de mapuches son Puente Alto, con 57 mil; Maipú, con 47 mil; y La Florida, donde viven 34 mil.
Desde ya hace un tiempo que ha crecido el número de personas pertenecientes a pueblos indígenas que viven en zonas urbanas. La encuesta Casen 2017 muestra que la población en ciudades es de 8,2%, un aumento con respecto a 2006, cuando era de 5,2%.
En la RM son varios los desafíos que tiene la población indígena, en especial la mapuche. La actual Política Regional Indígena, cuya planificación cubre hasta 2025, indica que a 2016 se habían constituido 214 asociaciones indígenas en Santiago, de éstas, sólo 89 tenían su personalidad jurídica al día.
En relación a la vivienda y el territorio, el documento indica que el 74% de la población indígena vive en un centro urbano. Plantea que en las ciudades se producen otras formas de socialización porque este segmento se ve impulsado a “reconstruir un tipo de comunidad diferente a la tradicional, ya que los territorios de origen (del mundo rural) se convierten en una referencia simbólica de cada persona”.
El documento también apunta a que en la capital falta “eliminar el persistente estigma de conflictividad que se le ha imputado a la población indígena (principalmente mapuche), lo cual muchas veces enceguece la solicitud por un trato pertinente y el respeto de los diferentes actores indígenas en la sociedad”.
A juicio de Luis Gajardo, sociólogo de la U. Central, uno de los problemas urbanos que experimentan los mapuches tiene relación al etnocentrismo de los no indígenas: “Se caracteriza por una mirada de inferioridad respecto al pueblo mapuche en cómo se entiende esa cultura, no se comprende, por ejemplo, que la relación mapuche con la naturaleza es distinta a la que tiene la sociedad chilena”.
El experto puntualiza que “la migración mapuche es muy parecida a la de los extranjero ya que “acá hay estructuras que los conectan con la urbe donde logran encontrar un lugar para vivir y trabajo. Hay comunas que están en un proceso de mucho conflicto porque por un lado la sociedad les exige que se comporten de manera urbana y por otra, ellos traen sus tradiciones y creencias”.
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“Lo primero que hicimos cuando supimos de este desalojo fue contactar a un abogado, quien nos aconsejó hacer un recurso de protección. Ese caso está todavía abierto, en la Corte de Apelaciones de San Miguel, no ha tenido veredicto”, explica Camila Sáez Quintremil, sobre las acciones que tomaron ante la decisión del municipio.
El recurso fue acogido por el tribunal de alzada el 1 de abril y los alegatos de ambas partes ya han sido escuchados. El 14 de junio, las juezas a cargo de la sentencia solicitaron estudiar con mayor detenimiento los antecedentes.
¿Qué dicen estos? En el caso de la agrupación, acusa que la finalización anticipada del comodato constituye privación, perturbación y amenaza a garantías constitucionales como la mencionada en el artículo número 6 que se refiere a la “manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos”, además de atentar contra otras leyes e incluso el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También destaca la importancia del centro ceremonial, considerado un lugar consagrado para realizar los ritos ancestrales, que incluye de manera “vinculante y permanente” la presencia de la figura representativa del machi.
En su defensa, el municipio sostiene dos argumentos principales: uno, que el machi vive dentro del territorio, lo que viola el contrato con el que se firmó el comodato; y en segundo lugar cuestionan la identificación como “mapuche” de la agrupación, pues no están constituidos bajo el concepto de comunidad que indica la Ley Indígena: “Agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia indígena” y que provengan de un mismo tronco familiar; reconozcan una jefatura tradicional; posean o hayan poseído tierras indígenas en común; y “provengan de un mismo poblado antiguo”.
De esta forma, indica que, por ejemplo, la invocación del convenio 169 de la OIT es incorrecta pues la agrupación no debería pretender “ser reconocida como ‘pueblo originario’, sólo para efectos de sustraerse del cumplimiento de las obligaciones y cláusulas que tiene el contrato”.
Se profundiza en que “ellos no tienen ninguna representatividad del pueblo mapuche ni de otra etnia en particular, siendo, lisa y llanamente, una organización comunitaria funcional (…) inclusive si algunos de sus miembros son, o se perciben a sí mismo, al menos, como miembros de una etnia”. Así, la municipalidad indica que la única norma que se debe aplicar en el caso, “en vez de todas estas otras del Convenio 169 OIT”, es el Código Civil.
El machi, Néstor Robledo, dice a “The Clinic” que “somos una agrupación, porque siendo asociación, nosotros no podemos permitir gente huinca, tienen que ser mapuches. Entonces si estamos hablando de no discriminar ¿qué estamos haciendo?”. Agrega que “desde que la fundamos esta fue una agrupación intercultural, porque aquí seas mapuche o no seas mapuche eres bienvenido. No se discrimina a nadie y ese fue siempre nuestro legado”.
Para la profesora del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, María Ignacia Sandoval, el caso es de interés sobre todo la postura de la municipalidad al cuestionar la calidad de “indígena” de la agrupación por no estar constituida como una comunidad legal.
“La comunidad no está configurada bajo la Ley Indígena sino que como una agrupación y como tal tiene como fin la manifestación o promoción de la cultura indígena”, explica y señala que “el objetivo del contrato de comodato es facilitar actividades ceremoniales y eso es parte de la cosmovisión indígena”.
Esto lo traduce en que “el cuestionamiento que se hace es que ahí en el parque vive el machi, y como vive el machi se pone término al contrato, pero esto se realiza aplicando normas comunes y corrientes y no normas que son propias de los pueblos indígenas”.
La especialista señala que la Ley Indígena entrega un concepto de comunidad y queda “claro que el carácter afiliativo a una asociación o comunidad no es obligatorio, sino que es voluntario. Yo perfectamente puedo ser indígena, pero no necesariamente formar parte de una comunidad y eso no implica que no pueda ejercer mis derechos. Acá se pone en duda su condición como pueblo indígena y para mí eso es un desconocimiento de la obligatoriedad que tiene el Convenio 169”.
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La situación de la agrupación Meli Witran Mapu no es la única problemática mapuche de la región Metropolitana.
La comunidad Kallfulikan ubicada en La Florida, vive una situación similar ya que también están tratando de renovar el comodato del terreno donde construyeron un centro de salud mapuche.
Kallfulikan se conformó en 1999 cuando se inscribieron a través de la ley 19.253. “Funcionamos como comunidad, tenemos un directorio que aborda lo relacionado con la representatividad jurídica, pero a la vez actuamos y nos desarrollamos con la visión de comunidad. Tenemos autoridades tradicionales como el machi y otros agentes propios de la cultura”, explica el lonko, Samuel Melinao.
Uno de los hitos en sus 22 años de historia es la creación, mediante un comodato entregado por el Serviu, del Centro de Referencia Salud y Medicina Mapuche La Ruka, ubicado en Diagonal Los Castaños, en el sector de la Quebrada de Macul.
“Este es un convenio directo, no está involucrado el municipio ni la Conadi, ninguna instancia estatal. Y eso es un problema que aparece a la hora de realizar la negociación con el Estado”, dice Melinao.
Sin embargo, el acuerdo venció, por lo que están en proceso de entregar documentos donde se detallan las características de este proyecto como la atención dos veces por semana a todo público con tratamiento de medicina mapuche a cargo de un machi y un equipo de salud especializado.
El lonko cuenta que van a cumplir todos los protocolos, pero esperan terminar lo antes posible los trámites porque saben que dentro del Estado también hay otros posibles intereses, por ejemplo, utilizar los terrenos para terminales de buses.
“Hemos trabajado con la junta de vecinos y con todo nuestro entorno, de esa forma el terreno está reconocido y establecido como de pueblos indígenas, en este caso para actividades ceremoniales”, indica. “Las organizaciones indígenas debemos ganar espacio y hacernos reconocer dentro de una comuna o de un territorio”, agrega.
Afirma que las comunidades necesitan de “un planteamiento concreto frente a la sociedad. En eso creo que hay un problema de parte de los propios indígenas, de las nuevas generaciones y de la nueva política, que muchas veces inducen a ‘sectarizar’ el tema y a volver a discriminar. ‘Aquí no entran los huincas, aquí solo son parte los mapuches’ eso no funciona porque nos guste o no, el mestizaje existe, y el mapuche y el huinca están revueltos”.
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Camila Saéz Quintrimil comenta que junto con el recurso de protección, han estado en contacto con autoridades: diputados, concejales y también la Delegación Presidencial Provincial de Talagante. Sin embargo, aunque “hemos estado en constante comunicación, no se puede hacer mucho”.
En el último concejo municipal de Peñaflor, a fines de junio, un grupo de siete concejales entregó un oficio al alcalde Meza solicitando explicaciones sobre la medida y la posibilidad de establecer una mesa de diálogo entre ambas partes.
“Ellos trabajan sin importar el estrato social o la creencia, por eso hay personas que no necesariamente son mapuches dentro de la agrupación. Asisten a sus actividades más de 300 personas, entre mapuches y no mapuches, de forma gratuita. Durante todo este tiempo, jamás habían sido privados de los suministros básicos. Hoy día parece un zoológico abandonado” cuenta la concejal Scarlett Navarrete (PS).
Su par, José Carcamo (PC), explica que de lunes a miércoles, el parque está cerrado y no dejan entrar a nadie. “Ellos siguen sin agua, el machi sigue viviendo ahí y los animales también. Tienen que acumular agua de jueves a domingo para vivir los otros días. Es grave y por eso estamos pidiendo una instancia de diálogo”.
En tanto, Stephanie Duarte, delegada presidencial de la provincia, sobre la acusación de que el machi viva en el terreno dice que “es la autoridad máxima, ancestral y el centro ceremonial es un lugar sagrado. Él cuida y habita el centro ceremonial, cuida el espacio, es parte de su cultura”.
Añade que están a la espera de lo que ocurra con el recurso de protección, pero que “si se agotan todas las instancias de diálogo y se insiste en el actuar que podría vulnerar los derechos ancestrales de una comunidad, nuestra postura siempre será defenderlos (…) Estamos conscientes que si no se dialoga se involucrarán distintos actores y convenios ratificados por Chile que hoy protegen a los pueblos originarios”.
El gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, dice que consultaron al municipio para que “nos informaran del conflicto y poder colaborar en la solución, sin tener respuesta hasta ahora. Esperamos a futuro, con la continuidad de la Política Regional Indígena de Santiago, entregar herramientas a los municipios para abordar el tema indígena localmente”.
Con todo, el alcalde Meza, descarta la posibilidad de retroceder en la medida, ya que considera que la decisión es parte de sus funciones y está actuando de acuerdo a la ley.
Sin el veredicto del recurso de protección a la vista, la situación de la agrupación Meli Witran Mapu se mantiene sin resolver. “¿En qué afecta que nosotros estemos acá? ¿Qué problemas hay para que nosotros sigamos nuestra cultura, conversando, tomando un maté, acaso el suelo se gasta? No lo entendemos”, afirma con preocupación Camila Sáez Quintremil.
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