Mentir es gratis

Desde que contamos con plataformas de comunicación y tecnologías digitales como Twitter, Facebook o Instagram, nos relacionamos de forma directa y en tiempo real con conocidos, desconocidos y personalidades del mundo público. Entre ellas, Twitter se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para propagar y discutir temas de contingencia política y de interacción bidireccional con múltiples actores -Nicolás Freire denomina a Twitter, correctamente, como un “territorio político digital”.

Debido a las particularidades de la plataforma, siguiendo a Freire, se facilita la comunicación bidireccional, la propagación de contendidos, la viralización de la interacción con estos y también de sus autores. Todos estos factores hacen de Twitter un espacio en el que fácilmente pueden generarse comunidades en torno a intereses políticos comunes. Adicionalmente, y debido a la publicidad y masividad de los datos que se consolidan en la red social, la plataforma, desde Barack Obama en adelante, se utiliza para gestionar estrategias de comunicación y levantar datos con fines electorales. 

Todas estas posibilidades pueden contribuir a una mayor transversalización, información y participación directa de las personas en materia política. Pero, en su sentido negativo, Twitter también se ha transformado en un escenario para que se difundan, con enorme rapidez, discursos de odio, difamaciones y calumnias, y, por cierto, una gran cantidad de las llamadas fake news, mentiras o información falsa -para manipular y engañar a la opinión pública. 

En Chile, si bien existe la posibilidad de iniciar acciones legales contra difamaciones y calumnias por redes sociales, existe menos claridad jurídica respecto de cómo afrontar la desinformación y los discursos de odio. A raíz de los casos reiterados de desinformación y mentiras del que hemos sido testigos en los últimos meses a propósito del debate constitucional -como el protagonizado por Mario Waissbluth, pero también por representantes de sectores políticos y/o con cargos de responsabilidad-, así como de la ola de discursos de odio que, sin el menor pudor, amenazan incluso de muerte a personas –como lo realizado por el empresario Pedro Pool–, ¿no será tiempo de que Chile promulgue una Ley que regule, prevenga y sancione estas conductas?

El debate, por supuesto, precisa proponer definiciones que permitan separar claramente entre lo que constituyen el derecho a la libre expresión, por un lado, y declaraciones que, tendenciosamente, son usadas para comprometer el honor de personas o grupos y/o que, desinforman intencionalmente para manejar y sacar provecho electoral. En Estados Unidos, por ejemplo, la división resulta dificultosa debido a la centralidad constitucional que tiene el derecho a la libertad de expresión en dicho país. Pero hay otros casos. Alemania aprobó el 2017 una Ley contra la publicación en redes sociales de discursos de odio, pornografía infantil, artículos relacionados con el terrorismo, amenazas de cometer delitos, información falsa, difamación de las personas y de las religiones; y se aplica desde el 2018 en determinadas plataformas digitales. Y nosotros ¿qué hacemos para protegernos?

¿No será tiempo de que Chile promulgue una Ley que regule, prevenga y sancione estas conductas?

Digo, “protegernos”, porque aquí sí que hay igualdad sustantiva: Se puede difamar a un Presidente del mismo modo que se puede difamar a una persona cualquiera –sin costos. Igualdad triste se nos ofrece, en tiempos donde nos merecemos una mucho más honesta, digna y responsable.

En Chile, mentir es gratis. Quizás lo único gratis que algunas personas y ciertos sectores están dispuestos a conceder, pero que nada contribuye a fortalecer el entramado social, garantizar a los ciudadanos una toma de decisiones de forma autónoma e informada, ni aporta en la gestión de gobierno o a una mejor relación entre política y ciudadanía. Porque ni la libertad ni la unidad son posibles con mentiras –lo sabemos muy bien al despertar de un engaño.