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Nacional

2 de Agosto de 2022

Después de las encerronas: ¿Qué responsabilidad tienen el Estado y las concesionarias en los asaltos dentro de las autopistas?

Agencia UNO

Un abogado que representa a víctimas de encerronas y un experto en seguridad vial analizan el grave fenómeno de las encerronas en Santiago. Acusan una responsabilidades compartidas entre las empresas que tienen las licitaciones e instituciones estatales.

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La noche de este domingo 31 de julio se viralizó el video de una encerrona frustrada en la Costanera Norte de Santiago. El aterrador registro captado por una familia que pasaba por el lugar corresponde a los momentos posteriores después que una camioneta cruzara a la pista izquierda para robar un vehículo dentro del túnel. A pesar de que los autos quedaron abandonados, el incidente causó el terror de los automovilistas, que dieron media vuelta y escaparon entre disparos.

El robo violento de automóviles es un delito que, según cifras entregadas este 2 de julio por Carabineros, ha aumentado en un 110% desde el año pasado. Entre enero y julio de 2022, se han registtrado 5.978 hechos de este tipo. Una alta connotación han tomado los casos que ocurren al interior de autopistas urbanas en Santiago -por donde transita el 30% del parque vehicular-, y que según expertos involucran responsabilidades compartidas entre el Estado y las sociedades concesionarias que administran estas vías.

En esa línea, es que ya se anuncian demandas colectivas contra estas empresas. Consultamos con un abogado que representa causas de encerronas y un experto en seguridad vial, para analizar cuáles son las obligaciones legales que no se estarían cumpliendo y que finalmente dan espacio para un incremento en estos delitos.

Antecedentes jurídicos

El abogado Sebastián Orellana, de la firma Tus Abogados Aquí, anuncia que interpondrán la primera de esta acciones judiciales -que reúne a más de 15 víctimas- contra Vespucio Norte.

Según cuenta a The Clinic, han hecho análisis por cinco meses de bases de licitación de diferentes autopistas, el Manual de Carreteras, las leyes de Concesiones y del Consumidor. Además, dice que han escuchado más de 50 relatos de víctimas de estos ilícitos. Tras eso, llegaron a la convicción, a una postura jurídica en que tanto el Estado como las sociedades concesionarias tienen responsabilidades. «La normativa que ya existe es suficiente y hay que interpretarla en beneficio de los consumidores», sostiene.

Explica que para llegar a esta determinación, hay dos cuerpos normativos fundamentales. Por una parte, está la ley de concesiones que establece un estándar en la entrega del servicio. Orellana explica que esta regulación sostiene «que se tiene que prestar un servicio de manera continua (…) y justamente después establece dos frases en incisos posteriores: te dicen que tiene que ser con absoluta normalidad y de manera ininterrumpida. Y eso se quiebra cuando a ti te asaltan».

En esa línea, también pondera en su análisis la ley del consumidor, cuyo ámbito de aplicación «no eximen a las sociedades concesionarias, ya que se entienden con los privados bajo lógicas privadas. Te rige completamente y eso tiene una consecuencia jurídica inevitable: existe el derecho a al seguridad en el consumo, y de eso no se pueden desligar».

Deficiencias en el diseño e inacción de las autopistas

Para Francisco Fresard, académico de la División de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica, dentro de esta problemática también incide que en varias de estas autopistas «no se hicieran con un diseño conforme a las buenas prácticas internacionales». Aunque esto no sería responsabilidad de las empresas que tienen las concesiones, sino de que «el Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue licencioso -se contruye mal, en espacios estrechos- porque había que salir adelante con estos proyectos».

Sin embargo, sostiene el especialista que con esta «condición impuesta», de igual forma «llama la atención la falta de prolijidad o de responsabilidad social de las autopistas, en el sentido de despreocuparse absolutamente del tema». Considera que las autopistas «no están cumpliendo su mandato, porque no están colaborando para que la expedición sea normal». Así, explica que se podrían llevar acciones para disminuir los delitos y así velar por el normal funcionamiento de las vías.

«Eventualmente ellos podrían poner patrulleros en esos horarios, de modo que represente un elemento coercitivo que desaliente un poco a los delincuentes. Pero nada de eso hay. Los pocos operadores de autopista que hay a esa hora, están encerrados en las salas de control mirando por las cámaras, como si eso fuera suficiente», señala Fresard.

Por otra parte, agrega que la asistencia «en pocos minutos» por parte de las concesionarias a víctimas de accidentes es una obligación estipulada en el reglamento de servicio. Sin embargo, eso actualmente no se da. «También cuando ocurre un delito de estos y las personas quedan botadas en la carretera, se ve en las cámaras pero los patrulleron no llegan nunca. Al menos esas han sido las quejas de las personas que han sido asaltadas: que no tuvieron ninguna ayuda de la concesionaria una vez que fueron asaltados», agrega.

Responsabilidades compartidas

Tras el análisis de la persepectiva legal de esta clase de delitos, Orellana también sindica responsabilidad de instituciónes estatales. El MOP, por ejemplo, señala que puede modificar unilateralmente los contratos con las empresas para aumentar estándares técnicos, con razones de interés público. Sin embargo, no se ha hecho.

Por otra parte, señala el rol preventivo de Carabineros y dice que la institución «no está presente» en lugares que son foco de encerronas y que son ampliamente reconocidos. «Es un verdadero mapa delictual con zonas rojísimas. Ellos saben donde es y tu no encuentras ninguna patrulla», dice.

Para Orellana, están las herramientas para generar una mayor seguridad en las autopistas, pero que «hay todo un sistema que está diseñado, aunque no se quiera, que contribuye a la impunidad».

Haciendo un análisis más técnico, Fresard sostiene que «claramente aquí hay una responsabilidad compartida. Por una parte de que el MOP no pudo -por un problema de espacio y de tiempo- hacer mejores diseños. Y por otro lado, las concesionarias construyen estos adefecios, las conexiones, y eso hace que se favorezca que se produczan estos delitos».

Sobre la normalidad, ininterrumpción y seguridad con que deberían funcionar las autopistas según contemplan el Manual de Carreteras y la ley de concesiones, el académico afirma que «es una violación a la ley del consumidor».

«Las consecionarias a través de un mandato con el Estado están dando un servicio, y el Estado le permite cobrar por ese servicio, que se debe mantener en absoluta normalidad. Entonces a mí me están pagando por un servicio que tengo que esforzarme en hacerlo bien. Ahí hay una falta», explica, y hace una comparación con los estacionamientos privados.

«Cuando uno va a un mall, una clínica o un cine, está el estacionamiento que es pagado. Ese servicio me ofrece un estacionamiento para que yo pueda ir para allá, yo no voy sin motivo a estacionarme allí. Por lo mismo, yo no voy a circular a la autopista solo por circular, lo hago porque tengo que llegar a un destino, entonces por eso pago un peaje por el uso de la vía. Bajo ese concepto hay un producto que estoy consumiendo, y eso está asociado a la ley del consumidor», concluye Fresard.

¿Que dicen las autoridades y las sociedades concesionarias?

En julio autoridades del Ejecutivo -Subsecretaría de Prevención del Delito, MOP y Ministerio de Transportes- inauguraron una mesa de trabajo con el objetivo de prevenir los robos de vehículos. En la instancia participan además Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil, el Ministerio Público, autopistas y aseguradoras. Ahí se anunciaron una serie de medidas que se tomarían al respecto. Sin embargo, las últimas semanas se han visto hechos que han incrementado la relevancia de la problemática.

A raíz del violento hecho ocurrido el domingo en la Costanera Norte, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, manifestó ayer en Canal 13 que «nosotros nos hacemos cargo. Pero hay otro elemento que es el sector privado». Anunció que junto a la cartera de Transporte buscarán «terminar con que los vehículos puedan transitar sin patente», pero también hizo un llamado a las concesionarias.

«Quienes administran las concesiones y las carreteras, tienen que avanzar en mayores y mejores medidas preventivas. Estamos sentados trabajando, hemos acordado puntos comunes para avanzar, pero todavía hay mucho que hacer (…) La responsabilidad y la coproducción de la seguridad necesita que todos demos nuestros mejores esfuerzos. Y ahí mejorar la calidad de las imágenes, más cámaras de seguridad, presencia preventiva no solamente cuando tenemos un accidente vial», agregó Vergara.

La Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) -donde se agrupan la mayoría de empresas que ostentan licitaciones de autopistas urbanas de Santiago- no quedó indiferente y emitieron una declaración pública durante la tarde de este lunes. Señalan entender que «aún cuando la persecución y sanción de delitos, así como el control del orden público, corresponde a las instituciones públicas dotadas por Ley de las facultades para dicho cometido, la coordinación, colaboración y trabajo serio y mancomunado entre los diversos actores es clave para generar las sinergias necesarias para enfrentar este tipo de delitos complejos».

Sostienen que actualmente están reforzando sus labores para contribuir en el trabajo de la policía, en base a la seguridad vial, que sería de su cometencia: «se está aumentando la iluminación, cámaras y detectores de patentes, entre otros mecanismos de colaboración». También agregan que están desarrollado una «permanencia de vehículos de seguridad vial, en algunos puntos y horarios específicos, para una mejor asistencia a los usuarios de las autopistas».

Sobre las eventuales vulneraciones a la Ley del Consumidor perpetradas por consecionarias que acusan Orellana y Fresard, The Clinic envió preguntas al respecto al Servicio Nacional del Consumidor. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

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