Vigilantes en problemas: vencimiento de acreditaciones complica a la industria de la seguridad privada

Todas las mañanas para que pueda comenzar la rutina de cualquier sucursal bancaria, en el país debe desplegarse un protocolo de seguridad donde los vigilantes privados son los protagonistas. Se trata de personal armado que recorre el perímetro inmediato a la oficina, se asegura que el plan de seguridad esté funcionando y da el vamos para que la sucursal pueda abrir sus puertas. 

“Sin ellos no podemos empezar la jornada”, cuenta una funcionaria de una banco ubicado en el centro de la capital. 

Es una figura clave en el funcionamiento legal de las entidades financieras y del comercio, y según la normativa vigente, para ser contratados deben ser visados por Carabineros, quienes “revisan su idoneidad profesional, cívica y moral”. Tras esto, deben certificarse con un curso dictado por la misma policía uniformada, para ejercer el cargo.

“Esas cosas hacen que el proceso de capacitación sea algo no liviano e implica que por norma tengamos que pedir mucho papel, no es algo que se soluciona en una sola mañana”, explica Miguel Calderón, teniente coronel de la Prefectura Seguridad Privada OS10 de Carabineros.

Precisamente, esa certificación ha generado dolores de cabeza a las empresas de la industria, ya que se trata de una prueba presencial que debido a la pandemia se aplazó durante dos años. Desde julio aumentaron los vencimientos de las acreditaciones tras el fin de las extensiones de plazo y muchos de los vigilantes no han podido renovarlas, trabajando sin autorización, lo que implica un riesgo de multas para las empresas. 

“Producto de la pandemia, y debido a los aforos acotados, no ha sido posible regularizar la totalidad de vigilantes que vencieron sus certificaciones,  ya sea a fines de 2020 o  durante 2021”, explica Juan Retamales, coordinador del Diplomado en Seguridad Privada del CFT de la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Alertas al gobierno 

El 1 de junio se reunieron en La Moneda representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (Aseva), y la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad (Achea). Uno de los principales puntos era abordar el inminente vencimiento de las acreditaciones de unos treinta mil guardias de seguridad a fines de julio, según proyectaron las asociaciones, lo que implicaba que cerca de un 30% del total de vigilantes en Chile dejaría de estar habilitado legalmente para realizar su trabajo.

En la misma reunión el gremio de seguridad privada solicitó al Gobierno “establecer un periodo de regularización, reordenamiento y agilización de procesos similar a ‘ley del mono”. Además, “revisar las disposiciones actuales, con el propósito de agilizar los procedimientos, autorizar cursos online y establecer una solución para trabajadores sin cuarto medio” y “mejorar el sistema de entrega de credenciales actuales o cambiar a un sistema digitalizado”.

“Hoy es alta la cantidad de personas que se deben regularizar sin que exista la capacidad instalada para capacitar y otorgar oportunamente las acreditaciones”, señalaron en su presentación. 

En ese momento, representantes del OS10, organismo encargado de la acreditación de los vigilantes, informaron que en abril de 2020 se habían tramitado 407 credenciales, en el mismo mes de 2021, 1.014 autorizaciones; y que este año la cifra se elevaba a 1.940, lo que daba cuenta del aumento en la demanda. 

Tres meses después Carabineros explica que no se concretó el atochamiento que la asociación había proyectado debido a las medidas que se implementaron.

Cursos en líneas y prórrogas

El teniente coronel, Miguel Calderón, de la Prefectura Seguridad Privada OS10 de Carabineros, sostiene que el funcionamiento regular de las capacitaciones, los exámenes y las autorizaciones tienen un componente de presencialidad clave que se vio paralizado por la crisis sanitaria.

Pero para evitar un vencimiento masivo de las acreditaciones se aplicaron dos iniciativas principales durante la pandemia: cursos en línea y prórrogas.

“Llegó el covid y eso interrumpió todos los procesos porque no podíamos rendir gente, entonces se tomaron dos medidas: se comenzaron a conceder prórrogas de las acreditaciones en materia de seguridad privada, que duran tres años para una persona natural; y también se autorizó la dictación de cursos de manera online dejando pendiente a efectos de presencialidad los ramos que no podían ser de esta manera como primeros auxilios y también defensa personal”, señala.

Cuando se pudo volver a las clases físicas, indica, “se eliminó la figura del curso online, porque ya no hay impedimento para que las capacitadoras sigan haciendo sus cursos de manera presencial. Ahí nos encontramos con una cantidad de guardias que tuvieron que volver a acreditarse por el vencimiento de prórrogas y ese es el proceso que estamos viendo ahora, donde de manera escalonada quienes han ido teniendo sus acreditaciones vencidas han participado con sus empresas en la inscripción de cursos”.

Afirma que no ha habido un atochamiento y que lo que ha pasado “es que hemos recibido más inscripción de cursos que antes, estamos en el orden de 6 mil personas que están haciendo el curso de guardia”, mientras que en un año normal “serían unas 3 mil o 4 mil personas”.

A su juicio, hay otros factores que podrían haber evitado las aglomeraciones: “El mundo de la seguridad privada tiene también una característica general, hay mucha demanda y mucha movilidad, un guardia que es contratado por la empresa A se capacita y hace su curso ahí, pero llega la empresa B a ofrecerle un puesto con más sueldo y él se va con su curso hecho, entonces los números se mueven con el crecimiento de las empresas”.

A eso se suma que “por efectos de la pandemia ha crecido mucho la vigilancia electrónica, sistemas de alarmas o monitoreo remoto que son más baratos que contratar a un guardia”.

Para Aldo Vidal, coordinador del Comité Técnico de Aseva, sigue habiendo “un porcentaje importante, a partir de nuestra demanda y empresas de personas, que está en el límite de que se les acabe su acreditación y estamos generando acciones, pero todo es muy lento. Nos tiene a todos preocupados”.

Dice que si bien “hubo extensiones de parte de la autoridad, eso se hizo en base a la pandemia, pero se acabó la crisis y por tanto ya no se puede prorrogar, ya no estarían las herramientas legales para hacer esas extensiones”.

“El impacto es bien importante porque hay disposiciones legales y normativas, la seguridad privada se regula mediante decretos que obligan a las empresas a que su gente lleve esta tareas estando acreditados. Cuando un guardia de seguridad está en un supermercado o en un banco, cumpliendo funciones sin su acreditación, está cometiendo una falta”, argumenta el especialista.

De hecho, en el segundo encuentro con los actores de la industria en La Moneda, ocurrido el 27 de julio, el gremio volvió a manifestarse. Según consta en la presentación que hicieron al Gobierno, apuntaron a “un desfase de casi tres semanas en toma de hora. El sistema frecuentemente colapsa y en minutos se agotan las citas habilitadas”.

Además, explicaron que en 2022 se habían aprobado 111 credenciales de la Región Metropolitana y no habían recibido ninguna. “Este año no ha llegado ninguna credencial tramitada el 2022, las únicas que se entregaron (mayo) se tramitaron en La Serena en Noviembre del 2021”.

Juez y parte 

Un ejecutivo de una institución bancaria que debe lidiar con las contrataciones de vigilantes, y que prefiere mantener su nombre en reserva, explica que el sistema es engorroso y que puede generar retrasos de hasta seis meses para contar con un vigilante habilitado.

“Ellos dan hora para tomar el curso como para dos meses más, dura como 15 días, y luego el proceso para recibir e inscribir el arma que solo puede ser utilizada en la sucursal de trabajo, otros dos o tres meses”, afirma.  

El protocolo oficial señala que el  curso de formación de vigilantes privados consta de 100 horas de duración, de las cuales 22 horas son del área legal, 30 horas de apoyo y 6 horas de instrucción física. En el caso de la renovación o “perfeccionamiento”, este dura 40 horas. 

La misma fuente cuenta que por los retrasos en las acreditaciones, han debido reubicar a vigilantes mientras renuevan su permiso y otorgarles funciones de guardia, quienes por ley no pueden portar armas y por lo tanto, no participan del traslado de dineros. Esta ha sido una estrategia para mantener los contratos y evitar multas que pueden llegar hasta los $50 millones si la empresa es descubierta con vigilantes no acreditados.

“Para nosotros es un gasto un poco perdido, porque tienes que pagar sueldos a alguien que lo contrataste para desempeñar una función A y al final tienes que darles funciones B, y encima arriesgas un parte millonario”, afirma.

En este sentido, el ejecutivo, considera que el sistema es un círculo vicioso, porque la misma institución, OS10 de Carabineros, es quien certifica y quien fiscaliza a los vigilantes. “Hemos enviado oficios, tratando de explicar el problema y apelamos a la demora en los cursos, y al final como que toman represalias, traban más las aprobaciones o envían más fiscalización”, señala. 

La industria

Según estadísticas de Carabineros a julio de 2022 existían 271.855 credenciales vigentes asociadas al mundo de la seguridad privada. Esto incluye a los guardias, vigilantes, conserjes, encargados de seguridad, jefes de seguridad, entre otros. 

Se trata de una área con alta demanda que, según datos publicados por la organización Fiscalia Privada,  se incrementó un 225% durante el último año. Pero ¿quiénes componen el sistema de esta industria? 

“El cargo más básico, por así decirlo, es el guardia; luego viene el vigilante privado que puede portar armas; después vienen los supervisores de seguridad; el jefe de seguridad; y finalmente el asesor en seguridad privada. Esos son los componentes”, explica Juan Retamales, coordinador del diplomado en Seguridad Privada del CTF de la PUCV.

Para acceder a cualquiera de estas posiciones es necesario certificarse en cursos cuyos costos varían según el puesto que se busca y pueden estar entre los $100 mil hasta los $500 mil en el caso del jefe de seguridad. 

Miguel Calderón, teniente coronel de la Prefectura Seguridad Privada OS10 de Carabineros, explica que la institución policial tiene la tutela de la seguridad privada desde los años noventa y que su tarea apunta a tres áreas: “La acreditación, de personas naturales y jurídicas; la regulación, desde el punto de vista de que autorizamos los despliegues de acuerdo a la norma; y el proceso de las infracciones en base a las acreditaciones”.

Añade que “tres de los componentes de la seguridad privada tienen que rendir un examen y ser sujetos a un curso: el caso de los vigilantes privados que trabajan custodiando los bancos y transportes de valores pues están armados; en segundo lugar están los guardias de seguridad que los vemos en todas partes, en bancos, ellos no usan armamento pero también deben rendir examen ante nosotros; y en tercer lugar los conserjes que también tienen que dar un curso”.

Respecto al perfil de los vigilantes, Retamales explica que “la mayoría de ellos en algún momento perteneció a alguna de las instituciones de las Fuerzas Armadas o Carabineros,  y ahora se desempeñan en el mundo de la seguridad privada, por lo tanto tienen una experiencia de muchos años”. 

En cuanto a los cambios en la industria, afirma que “hay que ir actualizándose de acuerdo a los requerimientos, que cada vez son más. Por ejemplo,  hace unos años se determinó que en los estadios, la seguridad ya no la cumpliría directamente Carabineros, sino que empresas de seguridad a través de guardias.  Y así hubo que preparar a esas personas,  para ese tipo de eventos”.

Diagnóstico del sector

Lo que ocurre con las acreditaciones ha dejado de manifiesto otros problemas, aseguran en la industria. Aldo Vidal, coordinador técnico de Aseva, comenta que dentro del gremio tienen claro el diagnóstico a solucionar, pero que entienden que “no se ve tan fácil porque la autoridad fiscalizadora, el OS10, tiene que regirse por lo que establecen los decretos, no tienen margen para flexibilizar, porque los decretos los obligan”.

Aun con todo, afirma que “hemos hecho algunas propuestas de cómo avanzar más rápido” en los cambios.

Por ejemplo, plantea que los cursos “pueden ser online, que se puedan llevar adelante en las etapas de materias teóricas con ese sistema y las cosas prácticas que sean presenciales”, modalidad que funcionó durante la pandemia, pero que actualmente está deshabilitada.

Apunta también a que sí se podrían “flexibilizar algunas exigencias que hoy están amarradas (…) Hay cierto grado de burocracia, mucha documentación que se solicita y que va haciendo más lento estos requerimientos. Tenemos algunos inconvenientes porque el sistema se ralentiza porque la mayoría de los trámites se hace de manera presencial”.

En ese caso, la solución que proponen es la “digitalización que llegó para quedarse. Se podrían hacer avances, hay instituciones como el Registro Civil que han aplicado estos cambios”.

El teniente coronel, Miguel Calderón, comenta que “los cursos deben ser presenciales porque la empresa que dicta la capacitación debe tener una acreditación, lamentablemente todavía no podríamos formar un guardia en Inacap, por ejemplo, a mí me gustaría abrir eso para que cualquier casa de estudios pudiera formar un guardia. Estamos trabajando en la modificación de la norma, pero por ahora tiene que ser a través de una empresa capacitadora”.

Mejoras pendientes

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, explica que desde marzo trabajan en conjunto con el OS10 de Carabineros para “revisar la situación en que se desempeñan estos trabajadores”.

En ese contexto es que han constatado el vencimiento de credenciales, aunque sin atochamientos en las renovaciones. De todas formas, afirma que “hay muchas deficiencias que se deben corregir y como Gobierno creemos que lo primordial es sacar adelante el proyecto de ley de seguridad privada”.

Por lo mismo mantienen reuniones con el gremio, como la sostenida el martes 27 de septiembre, con el fin de “recoger sus inquietudes y hablar del proyecto de ley que buscamos regularice y mejore su situación laboral”.

“La seguridad privada nos importa, particularmente porque un buen trabajo en seguridad privada es un complemento a la seguridad pública y un mal trabajo demanda recursos valiosos de seguridad pública y policías que deberían estar donde más se les necesita”, asegura Vergara.

En 2009 la administración de Michelle Bachelet envió al Congreso un proyecto que buscaba actualizar la normativa, iniciativa legislativa que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, en la comisión de Seguridad Pública, que debería ser retomado lo antes posible. 

La propuesta tiene entre sus objetivos actualizar la regulación vigente en la materia, uniformar criterios en su aplicación y elevar el nivel de capacitación de quienes ejercen labores en materia de seguridad privada, y otros. Se compone de más de 70 artículos y plantea, por ejemplo, que le corresponda a la Subsecretaría del Interior supervisar el desarrollo de la seguridad privada.

En la industria coinciden en la importancia de contar con una legislación marco, más allá de decretos y resoluciones. Aldo Vidal de Aseva comenta al respecto que esta iniciativa “trata de juntar todas las disposiciones que existen en decretos para crear una ley, lo hemos intentado reflotar y hoy hay avances importantes porque la Subsecretaría de Prevención del Delito lo tiene como una de sus prioridades”.

El especialista, además, da como ejemplo lo sucedido en los conciertos de Daddy Yankee donde se vieron situaciones complejas pues la seguridad no dio abasto. “Se hace evidente la necesidad de fortalecer la regulación que permite llevar adelante estos eventos masivos y que compromete la participación de la seguridad privada”, dice.

Agrega que “tenemos muchas esperanzas en eso ya que hay un diagnóstico súper claro de lo que debiera contar esta ley”.