«Quemarse» en el ex Sename: La crisis de salud mental en un trabajo de alto riesgo que no ha sido reconocido como tal

La única luz en la habitación de Daniela proviene de su despertador. Marca las 4:27 de la madrugada. Es la segunda vez que interrumpe su sueño en la noche, angustiada, cansada y con culpa. Parte del intermitente pernoctar se debe a que durante el día realizó una visita a la casa de Lucas, un joven que no asiste al colegio, razón por la cual entró al programa de prevención focalizada (PPF) en el que trabaja como gestora comunitaria. Sin embargo, en su visita encontró un problema mayor. 

La madre de Lucas sostiene a seis personas con un sueldo mínimo: una persona con movilidad reducida, un adulto mayor y cuatro hijos. Lo que más le impactó: el hogar no cuenta con arranque de agua. 

“¿Cómo podemos intervenir en una familia con unos niños que ni siquiera pueden ir a tomarse un vaso de agua? Tú dices: ¡Qué mierda pasa con todo esto! La desigualdad es tremenda. La mamá está depresiva, porque vive en un alto nivel de hacinamiento y ni siquiera tiene agua en su casa, por lo que tiene que pagarle 20 lucas a un vecino para poder tener un poco de agua. Entonces, cómo tú le vas a decir: ‘¡Oiga señora! está vulnerando a su hijo porque no va a la escuela’. Es terrible, fuerte”, explica.

Son las 4:30 A.M, y en medio de la oscuridad de la noche concilia el sueño. La próxima vez que abra sus ojos espera ver la luz del día, que le indicará que debe levantarse, despertar a sus hijos y prepararlos para la escuela. 

Luego, se presentará a trabajar, donde planificará visitas domiciliarias, a centros educacionales y de salud, realizará entrevistas e intervenciones y comenzará informes. El objetivo: proteger a los hijos de otras personas, aunque eso implique exceder en una o dos horas su jornada laboral, cumplir funciones que no le corresponden y postergar su vida personal y su maternidad. 

El caso de Lucas es uno de los casi 40 que sigue el programa donde trabaja Daniela. Otro de los ingresos que le ocupó la mente durante la noche es el de Vicente: desde su escuela informan al PPF de la venta y consumo de drogas en el interior de su vivienda, hecho que Daniela y sus compañeras de trabajo también han notado.

Las herramientas para intervenir son pocas: ella y sus compañeras saben que si denuncian no hay ningún protocolo de protección física para prevenir represalias, tampoco acompañamiento psicológico para afrontar el estrés de la situación.

“¿Qué garantía tenemos nosotras de que no nos va a pasar nada si denunciamos una red de micro o narcotráfico? Es súper complejo, porque asusta a la escuela y nos asusta a nosotras”, se pregunta.

Cuando existe sospecha de vulneración a un niño o niña, es la Oficina de Protección de Derechos (OPD) la que hace un catastro y deriva el caso a uno de los distintos programas que ofrecía el Sename y hoy están bajo la tutela de Mejor Niñez. En el PPF, trabajan con mediana complejidad y preventivamente. No es raro que el sistema falle. “Nosotros terminamos haciendo esa pega que debería hacer la OPD. En este casó la oficina no logró detectar el tráfico de drogas. Con el tráfico de drogas tú no puedes trabajar preventivamente”, cuestiona.

¿Cómo podemos intervenir en una familia con unos niños que ni siquiera pueden ir a tomarse un vaso de agua? Tú dices: ¡Qué mierda pasa con todo esto! La desigualdad es tremenda. La mamá está depresiva, porque vive en un nivel de hacinamiento y ni siquiera tiene agua en su casa, tiene que pagarle 20 lucas a un vecino para poder tener un poco de agua. Entonces, cómo tú le vas a decir: ‘¡Oiga señora! está vulnerando a su hijo porque no va a la escuela’. Es terrible fuerte”

El conducto regular es buscar otros tutores para el cuidado del niño o niña. De no encontrar ninguno -y si la complejidad del caso lo amerita- los menores pueden ser derivados por tribunales a una residencia de Mejor Niñez: Si Daniela no puede evitar esto, asegura que la angustia, frustración y culpa brotan en su conciencia. “Está siempre este fantasma de un sujeto niño Sename, que es súper indeseado, que todo el mundo quiere evitarlo. Sabemos que de alguna manera, es súper revictimizante. Sabemos que la residencia no es una herramienta para poder cambiar la realidad de estos niños”, lamenta.

Actualmente, Daniela piensa en dar un paso al costado tras cinco años. No lo ha hecho porque el PPF le significa un ingreso estable en medio de la incertidumbre económica, a pesar de las “17 lucas diarias” que gana. Este ingreso no compensa que haya estado cuatro meses con una psicóloga, que no pudo seguir pagando..

“Hay características más o menos similares respecto a la población que trabaja (en este tipo de servicios): una población mayoritariamente joven y con pocos años de antigüedad. Entran a trabajar a estos organismos después de titularse, muy motivados, con mucho compromiso, revientan, se agotan y terminan buscando cambios de área, cambios de carrera a los cuatro o cinco años de experiencia. Esa es en general la radiografía de lo que les pasa a los trabajadores”, asevera la profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, Magdalena Calderón, investigadora en bienestar de trabajadores de servicio social.

Este proceso de vocación y desencanto es denominado “quemarse” por el trabajo. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores Subcontratados de Mejor Niñez (SINTRASUB), estima que el 97% de los empleados de Mejor Niñez ejerce sus funciones a través de externalización, lo que calculan en más 14.000 trabajadores. El 80% son mujeres. 

SINTRASUB, también logró conseguir a través de transparencia en la Dirección del Trabajo la revisión de renuncias de 576 programas, y evidenciaron 3.581 (2018), 3.796 (2019), 2.276 (2020) y 3.667 (2021) finiquitos a trabajadores por mutuo acuerdo, bajo el numeral dos del artículo 159 del Código del Trabajo: “Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación a lo menos”.

Por otro lado, en la Comisión Especial de Infancia del Senado, la ex Directora de Sename, Susana Tonda, señaló en 2020 que las remuneraciones más altas de la institución alcanzan una media de entre 1.300.000 y 1.600.000. También indicó que “los trabajadores de los organismos colaboradores reciben un salario que asciende a menos de la mitad de las cifras antes reseñadas. Dicha información, aclaró, comparando sólo datos a nivel residencial, ya que en programas ambulatorios la relación se hace más difícil de generar”, según información recopilada por la asociación sindical.

Estrés en la residencia

Constanza es educadora de trato directo hace más de media década en una residencia de lactantes y preescolares, cuidando niños de entre cero y cuatro años. Es titulada de la carrera “Educador Social Infanto Juvenil” (sic), un área especializada que Enac abrió cuando comenzaron los cuestionamientos al Sename hace algunos años. El ingreso a la residencia fue difícil, según su relato, comentando que “pasé con licencia por el estrés agudo que sufrí. Pero nunca recibí apoyo psicológico por parte de la residencia, siempre por parte mía, particular”, comenta.

Su deterioro psicológico fue rápido. Siempre supo que entró a un trabajo difícil, pero jamás imaginó presenciar a padres alcoholizados en las visitas a sus hijos, con una postura a veces violenta y amenazante. Tampoco pensó que la residencia tendría niños de edades superiores a los cuatro años, debido a que el Sename -hoy Mejor Niñez- privilegia no separar a los hermanos aunque tengan rangos etarios diferentes.

Lo que más le impactó fueron las descompensaciones de los niños y niñas. Es decir, autoagresiones que pueden tener los infantes por desajustes emocionales que sufren al estar separados de sus padres. También las descargas de los usuarios contra las cuidadoras. “Es súper difícil ver a un niño golpearse su cabeza contra el suelo en una descompensación, o que te tiren una silla, o que te amenacen con un cuchillo. No es fácil encontrarte con eso diario”, comenta.

“Nadie te dice cómo actuar frente a una descompensación, nadie está ahí para estar contigo luego de presenciar una descompensación. Había niños súper complejos, con una diferencia de edad de 10 o 11 años, niños que se subían arriba del techo, que te escupían, que te mordían. A mí, por el estrés me dio crisis de asma, crisis de pánico y crisis de angustia. La pasé muy mal”, comenta.

Magdalena Calderón explica que el malestar que describe Constanza tiene su origen en la complejidad de la labor y en la falta de especialización que tienen las trabajadoras, incluso cuando tienen estudios profesionales o técnicos. 

“La población que trabaja en esos lugares se enfrenta a condiciones de trabajo que afectan su salud física y mental. Hay estudios, por ejemplo, que dicen que al ser trabajadora de protección en niños y niñas, es más probable que recibas un insulto o violencia siendo trabajador del cuidado en estos ámbitos, que siendo policía”, afirma la docente de la Universidad Católica. 

Pero a pesar de los riesgos, Constanza persiste. Tiene la vocación que se ‘necesita’ para este trabajo. Otro de los factores que pueden influir: ser mujer y la maternidad. Según Calderón, en su mayoría las personas que trabajan en la red de Mejor Niñez son mujeres. La carga cultural asociada al género y al cuidado se traslada a este tipo de trabajos. “Hay trabajadoras que cumplen doble o triple jornada de cuidado, en la residencia y en sus hogares, lo que también significa un desgaste”, dice.

Constanza -al igual que Daniela- ha visto de todo, pero no es indiferente al dolor ajeno. “Una vez llegó el caso de una niña abusada. La niña cada vez que yo la sentaba en el baño gritaba de una forma horrible. Yo me tuve que acercar a la psicóloga, para mí eso fue terrible. Yo de verdad no quería tocarla. Me sentía mal porque no quería que ella sufriera, que volviera a repetir las situaciones. Fue fuerte. Hubo otro caso de un niño que llegó quemado. Tú no te explicas cómo puede haber gente que puede hacer este tipo de daño. Entonces, igual quedas marcando ocupado un tiempo”, relata Contanza. 

Estar expuesto a traumas potentes de otras personas puede generar ‘estrés secundario’. “Niños que han sido vulnerados en sus derechos, que han sido violentados física, psicológica y sexualmente, le significan al trabajador una carga donde él puede desarrollar los mismos síntomas asociados al trauma que el niño y la niña: ansiedad, angustia, irritabilidad, malestar físico, incluso episodios de violencia”, indica Calderón. 

Cuando una persona está expuesta constantemente a traumas de otras personas, se puede producir ‘fatiga por compasión’. “Al estar permanentemente expuesta a altos niveles de traumas, es efectivo que emocionalmente se desarrolla un proceso de agotamiento. Aquí los síntomas están asociados a problemas para dormir, problemas en las relaciones interpersonales, aislamiento, depresión, abuso de alcohol, de drogas, desórdenes alimenticios. Te puede llevar a perder el trabajo incluso”, puntualiza la académica de la UC.

En la residencia, la mente de Constanza está permanentemente alerta. Pasa a diario desde el temor a una funa si no es capaz de contener el llanto de un niño o una niña, a la incertidumbre laboral producto de la reforma al Sename, que cerrará su lugar de trabajo cuando termine el periodo de licitación. 

A pesar de todo, Constanza logra relacionarse bien con la mayoría de los casos. Lo qué más le afecta psicológicamente es tener que romper un vínculo cuando un niño abandona la residencia. “Es triste llegar al trabajo y sentir el vacío de que ya no esté el niño que te esperaba todos los días, con sus saludos, con sus besos, con sus abrazos, el que hacías dormir de los primeros. Es fuerte para mí, es como si estuviera en un funeral porque ya no lo voy a volver a ver nunca más. Y no hay apoyo para trabajar eso contigo”, manifiesta Constanza.

“Te dicen trabaja desde el amor, trabaja desde el vínculo ¡Pero puta! ¿Y después quién te ayuda a superar esto? Nadie”, cuestiona.

Un trabajo de riesgo no reconocido como tal

Tras infructuosos intentos de establecer una mesa de trabajo con la exsubsecretaria de la niñez, Rocío Faúndez, el 22 de julio de 2022, SINTRASUB -que representa a trabajadores y trabajadoras de 1.720 programas distintos– llegó hasta La Moneda con una carta para el presidente Gabriel Boric. 

Después de la petición expresa al Ejecutivo, el 2 de noviembre se retomó contacto con la subsecretaría, siendo atendidos por Fernanda Gajardo, jefa de gabinete. El sindicato le entregó un oficio que destaca en el punto seis:

“De acuerdo al estudio Desgaste Profesional y Riesgos Psicosociales en el Trabajo en Profesionales Subcontratados/as por el SENAME en contexto de pandemia (Matamala, Barrera, 2020), en el plano de la salud mental, el 43.7% de las y los encuestados manifestó tener diagnosticado alguna patología. (…). El mismo estudio señala que los niveles de cansancio emocional fueron: 7.3% riesgo bajo, el 16.2% manifestó un riesgo medio y el un 76.5% un riesgo alto”.

Para Francisco Gorziglia -miembro del directorio de SINTRASUB- el estado de salud mental no sólo afecta al propio trabajador y a su familia, sino que también a los niños, niñas y familias con traumas complejos que buscan ayudar. “No podemos entender que trabajadores que tratan de revertir vulneraciones de derecho tengan -a su vez- problemas graves en términos de salud emocional y mental. Es impresentable que ocurra eso”, dice Francisco. En ese entonces, el estudio reveló que el 37.7% de los trabajadores presentó entre una y tres licencias en el último año.

“Hay características más o menos similares respecto a la población que trabaja (en este tipo de servicios): una población mayoritariamente joven y con pocos años de antigüedad. Entran a trabajar a estos organismos después de titularse, muy motivados, con mucho compromiso, revientan, se agotan y terminan buscando cambios de área, cambios de carrera a los cuatro o cinco años de experiencia. Esa es en general la radiografía de lo que les pasa a los trabajadores”

“Mucho de esto tiene que ver con la absorción de traumas de los niños. En un ejemplo: yo, trabajador, escucho la situación de un niño que fue abusado sexualmente. Ese episodio es traumático para el trabajador también, y de una manera tiene que botar esa tensión que absorbió. La herramienta que hay es ir a un psicólogo privado, gastar de nuestro bolsillo, cuando son cuestiones que ocurren dentro de la esfera del trabajo”, afirma Gorziglia. 

“Tenemos equipos de trabajo sumamente reventados, porque tienen que acompañar a 60 niños. Hay falta de personal o de rotación, lo que se traduce en sobrecarga en ciertos trabajadores y trabajadoras, aumentando también el nivel de estrés, de agotamiento, de cansancio, de irritabilidad. Todo eso se relaciona después con la intervención y con el acompañamiento a las familias”, explica.

“La complejidad y el perfil de los niños y las niñas con las que se trabaja también se traduce muchas veces en agresiones que a veces son de alto riesgo. Nosotros, en el sector privado, hemos tenido amenazas de muerte, hemos tenido amenazas con armas de fuego en la cabeza, hemos recibido puñaladas, hemos sido golpeados, nos han empujado, fracturas, contusiones, encierros, etcétera” 

Garziglia explica, que incluso desde la atención privada no hay mayores soluciones. Cuando un trabajador comienza a quemarse, recibe licencias médicas por estrés, y cuando el nivel de afectación a la salud mental alcanza niveles críticos, la recomendación de un profesional de la salud mental apunta a un solo camino: renunciar. “Llegamos a un nivel donde no hay respuesta, no hay retorno. No tenemos una lógica preventiva, de resguardar y prevenir eventuales deterioros en salud mental. Somos un trabajo de alto riesgo”, sentencia.

The Clinic consultó a la presidenta del Colegio de Psicólogos, Isabel Puga, por la última afirmación de Garziglia: “Son personas que están expuestas a condiciones tales, que son factor de riesgo. Valga la redundancia son condiciones que son factores de riesgo para la salud mental, para el deterioro psicológico. (…) Son un grupo de trabajadores que sí están en riesgo”, concuerda.

Los trabajadores de este servicio se sostienen mediante mera vocación, pero en el fondo saben que el esfuerzo y los riesgos en comparación a las retribuciones no lo valen: sueldos bajos y sin reconocimiento social. “Tengo compañeras a las que les da vergüenza decir que trabajan en una residencia”, afirma Constanza.

“El problema mayor que hay en Mejor Niñez son las condiciones laborales y los pagos que hay. La precariedad laboral que hay dentro”, opina Puga.

Autocuidado

“Desde la lógica del derecho, nosotros no somos reconocidos como trabajadores subcontratados”, aclara Francisco Gorziglia. “Pero desde el hecho, vivimos subcontratación: el servicio pone la política pública, te fiscaliza, solicita instrumentos que son propios del servicio. Trabajamos permanentemente con los requerimientos del servicio”, agrega. Cada vez que los sindicatos se han movilizado, se toparon con el artículo 65 de ley 20.032:

“El problema mayor que hay en Mejor Niñez son las condiciones laborales y los pagos que hay. La precariedad laboral que hay adentro”

“Estamos sujetos a lo que era la Ley 20.032, que regula los aportes financieros hacia los organismos colaboradores. Hay un artículo en especial que dice que nosotros no podemos intervenir en materias de orden laboral y relación contractual en términos de, por ejemplo, la renta. Pero lo que sí podemos hacer es resguardar las condiciones laborales desde otro estándares, como el autocuidado”, especifica Gabriela Muñoz, directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

“Cada tanto, los equipos de personas de distintas disciplinas se tienen que juntar y tienen que hablar de qué les está pasando, que les está ocurriendo, esa es la prevención de todas las condiciones de salud mental y problemáticas: deterioro psicológico, fatiga por compasión, sobrecarga laboral”, explica Puga respecto a en qué consiste el autocuidado. Esto es parte del horario laboral de los trabajadores, es exigencia en la acreditación a los organismos colaboradores y suele realizarse una vez al mes, aunque varía en periodicidad por la complejidad del programa.

“Siempre hay que estar muy atento a lo que me está pasando, respecto a lo que estoy viendo en el otro (usuarios)” complementa Puga. La profesional explica que hay que estar pendiente de lo que te provocan las experiencias, testimonios, situaciones de vida del niño o niña que estás atendiendo. En palabras simples, es estar atento a lo que te produce el caso.

Daniela, describe que el autocuidado es un requisito administrativo. “Somos un equipo de ocho personas, y nos dan 30 lucas para que con eso podamos tener una jornada de autocuidado, que es obligatoria y que tienes que cumplir ciertas cosas: llenar formularios, cosas que en realidad ni siquiera se alcanzan a hacer. Lo único que quieres hacer es descansar un rato, dormir. Depende del equipo lo que quieras hacer con 30 lucas, para ocho personas. Generalmente nosotras vamos a comer a un restaurante, y ponemos el resto de plata nosotras”.

El “autocuidado” es un tema que no está bien definido por los trabajadores, se suele ver como una carga innecesaria, sostiene Magdalena Calderón. Lo que demandan en sí, son mejores condiciones laborales y contención oportuna tras vivir un hecho traumático en el trabajo. “Terminamos con un modelo donde las personas se juntan una vez al mes a hacer un asado, donde probablemente hay consumo de alcohol u otras drogas que no ayudan mucho efectivamente a enfrentar los temas de salud que puedan estar viviendo” explica la profesional.

Desde SINTRASUB señalan que no existe ayuda psicológica en caso de agresiones directas a trabajadores. “Lo único que podemos hacer es ir a la mutual”, afirma Gorziglia.

Cuando The Clinic preguntó a la directora de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, si existe algún protocolo en esta área, se limitó a responder que el servicio exige a los colaboradores estar afiliados a una mutual, pero que por ley no pueden entrometerse más allá en términos laborales.

“La población que trabaja en esos lugares se enfrenta a condiciones de trabajo que afectan su salud física y mental. Hay estudios, por ejemplo, que dicen que al ser trabajadora de protección en niños y niñas, es más probable que recibas un insulto o violencia siendo trabajador del cuidado en estos ámbitos, que siendo policía”

Muñoz, recalca que el estado de salud mental de los trabajadores sí es preocupación para la nueva administración de Mejor Niñez. Existe un presupuesto de 2.500 millones de pesos. “Dentro de las oportunidades que tiene este servicio -y que no tuvo Sename- es que nosotros podemos realizar transferencia directa. Nosotros hoy estamos desarrollando la academia Conectando Saberes, que está en fase de diseño. Estamos construyendo mallas curriculares no sólo con el foco en mejorar la intervención (…) La gracia de este sistema es que tiene foco en cuidar al que cuida”, asegura la Directora.

Si bien, Gabriela Muñoz declara que para Mejor Niñez -que lleva poco más de un año en funcionamiento- es relevante la salud mental de sus trabajadores, SINTRASUB, las expertas y las trabajadoras consultadas por The Clinic dudan de esta preocupación. Después de todo, concuerdan en que Mejor Niñez continúa en una lógica muy similar al funcionamiento que tuvo el Sename.

*Los nombres de Daniela y Constanza no son reales, ambos fueron modificados a petición de las trabajadoras.