“Errores administrativos”: Las conclusiones de la auditoría externa a la polémica compra de Cesfam en Las Condes

La compraventa de la casa número 10 para la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) por parte de la Municipalidad de Las Condes, contó con “errores administrativos”, según determinó una auditoría externa contratada por la alcaldesa Daniela Peñaloza.

La polémica surgió luego de que los concejales Catalina San Martín (Evópoli), Patricio Bopp (independiente, tras renunciar a la UDI), Leonardo Prat (independiente-Partido Republicano) y Sergio Melnick (independiente-Partido Republicano) presentaron en marzo una denuncia ante la Fiscalía Local de Las Condes. Y su par republicana, Catalina Ugarte, interpusiera un reclamo a la Contraloría por presuntas irregularidades administrativas en esta adquisición.

Antecedentes del caso

Los ediles cuestionaban que en el marco de la compra de diez inmuebles para la construcción de un Cesfam, el décimo paño fue comprado por un monto muy superior al que había sido adquirido anteriormente. En específico, el 30 de diciembre del 2022, el municipio compró uno de los inmuebles por $852 millones por medio de la intermediaria Vulcon -propiedad del extenista Paul Capdeville-, cuando un mes antes el lugar tenía un valor de $422 millones.

Tras las acciones de los concejales la Policía de Investigaciones (PDI) allanó el municipio en el marco de la investigación y la alcaldesa informó que se realizaría un sumario administrativo y que se contrató una auditoría externa con los estudios de abogados Albagli Zaliasnik y Gómez, Pallavicini & García Abogados.

Los resultados de esta fueron dados a conocer durante este lunes y, según tuvo acceso El Mercurio, el documento señala que la razón detrás de la diferencia entre los dos precios es que en un principio la administradora de capitales Vulcon actuaba como intermediaria en la compraventa del paño, pero lego fue comprado a los propietarios.

Este hecho llevó a que la ganancia por comisión descendiera para Vulcon, frente a lo que se aplicó esta fórmula de precio como un mecanismo de compensación que llevó a que Vulcon se favoreciera con la diferencia: “Dicha diferencia se habría pagado mediante el aumento del precio de la casa 10, cumpliendo por esta vía y los otros mecanismos contemplados en el contrato suscrito con Vulcon, con el pago del valor acordado entre las partes”.

La semana pasada se registró la primera renuncia en el municipio de Las Condes en el marco de esta investigación, con la salida de Alejandro Contreras, director de la Secretaría Comunal de Planificación, quien señaló haber sido “acusado injustamente” y que eso “daña irreparablemente las confianzas necesarias y mi honra”. Este lunes la alcaldesa le solicitó la renuncia a Patricio Navarrete, director jurídico.

Conclusiones de auditoría externa por compraventa de Las Condes

Según el informe de los dos estudios de abogados consultados, en la compraventa del paño “no existen inconvenientes jurídicos para que la Municipalidad de Las Condes haya decidido construir un tercer Cesfam, pues una de las tareas municipales es velar por la salud pública”.

En tanto, -según el medio citado- se señala que “efectivamente existieron errores administrativos en el proceso de adquisición de algunos de los inmuebles que configuran el terreno en el cual se desarrollará el proyecto de un nuevo Cesfam, lo cual pudiera generar responsabilidad administrativa para los involucrados”. Esto, sostienen que “debe resolver privativamente la municipalidad en el ámbito de sus potestades sancionadoras”.

Asimismo, en el informe se apuntan ciertas falencias en el proceso de adquisición como “la falta de aplicación de mecanismos que se han de tener a la vista para llevar a cabo este tipo de operaciones, en consideración a los Dictámenes de la Contraloría General de República, la normativa jurídica y las buenas prácticas aplicables”.

El informe presenta ocho conclusiones, por un lado los ya mencionados “errores administrativos”, además apuntan “problemas de coordinación entre las distintas jefaturas de las unidades de la municipalidad que participaron del proceso”.

Como tercer conclusión plantean ciertas “falencias administrativas”, entre ellas “la falta de licitación o fundamentación del trato directo y la ausencia de tasaciones comerciales”. En cuarto punto mencionan “una falta de coincidencia entre las cartas ofertas de compra y venta y el contrato de corretaje celebrado con la empresa Vulcon Asset Managment SpA”.

Por otro lado afirman que los ediles tuvieron conocimiento de la compraventa, pese a no conocer más detalles sobre ella. Asimismo aseguran que “la adquisición de las propiedades se ajustó al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, no identificándose (…) la configuración de ilícitos en este sentido”.

Finalmente en el informe se plantea que no habría “deito de falsificación documental por parte de quienes participaron de la redacción del acta del Concejo Municipal, por medio de la cual se adoptó la decisión de adquirir los inmuebles”. Y, como octava conclusión, sostiene que “todas las operaciones de compraventa de inmuebles fueron revisadas por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y debidamente inscritas por este último”.