Columna de Ricardo Lagos Weber: Un Pacto Fiscal es más que cambios tributarios

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno inicialmente aspiraba a recaudar 4.1% del PIB. Esa propuesta se modificó a partir de conversaciones/negociaciones con la oposición en la Cámara de Diputados. Estableciendo una nueva y ajustada meta de recaudación de 2.7% del PIB (US$ 8 mil millones). A pesar de la flexibilidad del Gobierno, la oposición en pleno rechazó la idea de legislar. Con todo, el Presidente Gabriel Boric y el Ministro Marcel no se amilanan y proponen que se acuerde un “Pacto Fiscal”. Y así avanzar en el financiamiento de bienes públicos relevantes, necesarios y (entendemos) compartidos: previsión social, salud, seguridad ciudadana y protección social.

Un Pacto Fiscal supone ir más allá de modificaciones tributarias: fortalecimiento medidas contra evasión/elusión, alza/rebaja tributos, eliminación/reducción de exenciones, introducción nuevos impuestos: verdes, correctivos, etc.

Dicho Pacto Fiscal abre la puerta para acordar priorizaciones del gasto público; perseguir una mayor eficiencia del Estado al usar los recursos públicos; así como considerar los impactos sobre el crecimiento de las medidas que se adopten. Más aún, puede constituir una oportunidad para acordar medidas pro crecimiento, en particular para Pymes.

En materia de mejor gestión de recursos públicos cabe abordar temas difíciles, pero que constituirían una señal de compromiso. Como por ejemplo, tenemos un número de programas del Estado que han recibido reparos al ser evaluados por la Dirección de Presupuesto. Muchos de ellos han contado con apoyo permanente para su mejoramiento y aún así siguen mostrando falencias.

¿Por qué no incluir en el Pacto Fiscal medidas respecto de la modernización del Estado que identifiquen áreas a trabajar, con un horizonte de tiempo acotado, que proponga medidas a adoptar con la debida gradualidad? Temas cómo mejores servicios del Estado, personas en el Estado (empleo público), institucionalidad municipal y regional, etc. Tal vez los casos recientes de transferencias a Fundaciones entre militantes de partidos que hemos conocido en Antofagasta o el uso de recursos municipales para campañas políticas y/o en beneficio individual de autoridades en la comuna más pudiente del sector oriente de la capital   ayuden a estimular avances en esta materia.

En Chile debemos definir qué financiar, priorizar esas definiciones y estimar los recursos se necesitarían para cumplir esa meta. En nuestro caso se han identificado 4 áreas: pensiones (US$ 3.689); mejorar la cobertura y la calidad de la atención en salud (listas de espera, salud primaria y salud mental, US$ 2.728); seguridad ciudadana (US$ 1.085); y un sistema de protección (sala cuna universal y política de cuidados, US$ 620).

Todo ese “universo de lo deseado” equivale aproximadamente a “2.7% del PIB (US$ 8 mil millones). La idea del Pacto Fiscal es alcanzar dicha meta a partir de la suma de diversos instrumentos, políticas y esfuerzos.

Ciertamente que el tema tributario debe ser parte significativa de ese Pacto. Medidas evidentes: aquellas que fortalecen el control de la evasión y la elusión. Con todo, un alza de la carga tributaria dado nuestro nivel de desarrollo y la consiguiente demanda por más bienes públicos es ineludible. Podemos discutir sobre la magnitud y la gradualidad así como sobre cuales actividades o bienes incrementar dicha carga, pero no nos engañemos: un mayor crecimiento económico más una mejor gestión de los recursos públicos no alcanza. De ahí la necesidad de conversar, dialogar e insistir en un entendimiento. Resulta difícil de entender una negativa en torno a una reforma tributaria.

Somos varios los que tenemos responsabilidad de influir en el éxito o el fracaso de un entendimiento que permita financiar bienes públicos, entre otras formas a partir de una alza de los tributos. La oposición política, así como parte del empresariado, ha manifestado severos reparos, sino derechamente rechazo a avanzar en esta área. El Gobierno ha expresado de manera explícita (Cuenta Pública del Presidente incluida) su disposición al diálogo. No está enamorado de ninguna de sus ideas. Su capacidad de entendimiento en el proyecto de las 40 Horas, royalty a la minería, ingreso mínimo de $ 500 mil son testigos de dicha flexibilidad.

Desde el estallido en Chile, lo que más ha cambiado es el estado de ánimo y las preferencias electorales de los chilenos y las chilenas. Llevaron a La Moneda al presidente más joven y más de izquierda que ha tenido Chile en los últimos 30 años. Al año siguiente dieron una señal en la dirección contraria desde el punto de vista político.

Con todo, lo que permanece son las mismas desigualdades estructurales,  la misma falta de reformas como la de pensiones que nos persiguen y que constituían una demanda principal durante el estallido. En suma, pueden cambiar los estados de ánimo de los chilenos y las chilenas y sus preferencias electorales al corto plazo, pero eso sigue manteniendo las desigualdades y eso también lo percibe la ciudadanía, por tanto es mejor dialogar y buscar entendimientos que exponernos a tener otro desencuentro nacional.

*Ricardo Lagos Weber, abogado y senador del PPD por la Región de Valparaíso y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.