Columna de Luis Osandón | Educación escolar: jugar en el segundo tiempo del Ministerio de Educación

El presidente Boric ha zanjado su tercer cambio de gabinete, y nos trae como una de sus novedades a un nuevo ministro de Educación. Nicolás Cataldo, anterior subsecretario de la misma cartera, militante comunista y con un amplio conocimiento del mundo municipal y de las políticas educacionales de la última década, se instalará en una de las intersecciones más sensibles del debate actual.

Si bien la agenda ha estado copada por la necesidad de una reforma a los sistemas de pensiones y de salud, pacto fiscal mediante, la verdad es que la agenda de gobierno en educación puede llegar a ser tanto más estratégica que esas necesarias reformas. Veamos qué desafíos se le presentan al nuevo ministro, particularmente en lo que se refiere a la educación escolar.

En lo más coyuntural, el Colegio de Profesores y Profesoras se encuentra en plena movilización por un conjunto de temas que van desde el pago de la deuda histórica al profesorado, literalmente estafado por el Estado a inicios del proceso de municipalización, hasta la exigencia de una mayor proactividad frente a las crisis de financiamiento que se vive en diversos municipios. Veremos si su destreza política y conocimiento del gremio por dentro (fue asesor del Colegio anteriormente), le permiten cerrar rápidamente este conflicto en desarrollo.

En lo más estructural, sin embargo, la agenda sigue siendo desafiante. Lo que se ha venido denominando “reactivación educativa” no es más que el esfuerzo de enfrentar una prolongada crisis de la escuela, evidente para sectores cada vez más amplios de la sociedad, sobre todo para el mundo popular urbano. Cada vez queda más claro que el problema no es solo de “recuperación de aprendizajes”, sino además del sentido formativo de la experiencia escolar.

¿Cómo se recupera ese sentido?, ¿qué medidas son las más adecuadas para que las nuevas generaciones se sientan parte de una trayectoria que les pertenece, como parte de su sentido vital? Obviamente no es un asunto solo de mejorar procesos de alfabetización básica o de mejora de puntajes en la prueba SIMCE, sino de recuperación de un sentido colectivo, de producción de bienestar subjetivo y social, de la tarea educativa. En este sentido, convencer a maestros y maestras, así como a las familias, que la tarea es común, desafía el sentido mismo de la educación neoliberal, que se contenta con una relación producto-consumo del servicio educacional.

Lo anterior se entrecruza con un proceso de actualización curricular que ha comenzado desde hace ya unos meses, y que tiene como uno de sus hitos más relevantes el actual Congreso Pedagógico-Curricular. Animado por el mismo ministerio, tiene como meta central recoger ampliamente las demandas y expectativas de la sociedad civil y las comunidades educativas respecto de la educación que queremos como sociedad. El objetivo final es aprobar un nuevo curriculum para los cursos que van desde primero básico hasta segundo medio para el año 2025.

Parte de las respuestas a los problemas de la reactivación educativa es probable que las encontremos en este proceso, si es que es asumido en toda su profundidad. Sin embargo, los factores de riesgo son muchos y es muy probablemente que provengan de los sectores más conservadores, que querrán transformar la actualización curricular en un terreno de disputa valórico- cultural. Es un delicado, pero necesario equilibrio el que deberá sostener el ministro para evitar el aborto de un aspecto crucial de las necesarias transformaciones educacionales.

Pero si se trata de cuestiones estructurales, dos temas serán claves en lo que resta de este gobierno. Lo primero es lograr una transformación sustantiva del sistema de financiamiento de la educación escolar, pues esto está dando signos de crisis progresiva, sino terminal según se puede ver en diversos municipios y servicios locales de educación. En el plano técnico, hay consenso que el actual modelo de financiamiento en base a subvención por promedio de asistencia no es consistente con los requerimientos de un “buen servicio” educativo.

Su modelo costo-eficiencia y oferta-demanda, junto a un intrincado y deficiente sistema de asignación de recursos, están impidiendo cualquier mejora real del proceso educativo. Todo parece indicar que transitar a un modelo de financiamiento basal, flexible frente a las diversas necesidades de los y las estudiantes en cada centro educativo, es el camino por seguir; sin embargo, generar consenso político en ello parece un desafío mayor visto el nivel de polarización frente a este y otros temas.

Lo segundo es lograr un avance sólido en la implementación de los servicios locales de educación. Las complicaciones sufridas hasta el momento obedecen a aspectos de diseño de la ley, pero también a la falta de proactividad del ministerio en su implementación, especialmente durante el último gobierno de Piñera.

En todo caso, lo que no debiera perderse de vista es que no es solo un asunto de mejora de las formas de traspaso administrativo, o de un equilibrado proceso de traspaso de personal, o de equilibrios financieros, sino, también, de la centralidad de lo pedagógico en los servicios locales. Optimizar la gestión administrativa es una condición, más no el núcleo del sentido de la desmunicipalización. Si no se fortalecen las capacidades de conducción pedagógica de los servicios locales, promoviendo una saludable sinergia territorial y un proceso de contextualización cultural de los centro educativos, poco avanzaremos en los desafíos de fondo que tiene la educación escolar.

En síntesis, se trata de una agenda en que se cruzan aspectos “blandos” y “duros” de la política educacional, en que ninguno de ellos, probablemente, pueda sustentarse sin modificar los otros de un modo armónico. El ministro Cataldo parece tener las cualidades técnicas y políticas para comprender la complejidad de este juego multinivel que es el Ministerio de Educación; veremos qué tan buen jugador es en este segundo tiempo.

*Luis Osandón Millavil. Académico de la Universidad de Chile e Investigador del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (SCIA ANID CIE160009).