Legítima defensa privilegiada, el duro golpe al Gobierno en la aprobación de Ley de Usurpaciones: “No es la ley de la selva”

Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que busca sancionar las tomas ilegales de casas, departamentos y otros inmuebles, más conocido como Ley de Usurpaciones.

Tras ser analizada por la Comisión de Seguridad Ciudadana, la iniciativa no contempló una serie de modificaciones que había propuesto el Presidente Gabriel Boric, tales como considerar la precariedad económica de quienes se tomen lugares y revertir la polémica “legítima defensa privilegiada”, que, según La Moneda, ocasionaría graves enfrentamientos.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, fue enfática en criticar este proyecto de ley, asegurando que “lo que instaura no tiene nada que ver con la legítima defensa normal que existe en todos los delitos (…) No solo permite defenderse, sino que permite defender a terceros. O sea, se puede contratar a un grupo de personas y segundo, con cualquier medio y haciendo cualquier tipo de violencia“.

“El Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, pero no es lo mismo saltarse una reja que amenazar a alguien con una pistola. No está de acuerdo con que se arme un lote con gente a palos o armas a hacer justicia por sus propias manos”, añadió.

La secretaria de Estado agregó que “si eso no es autotutela, si eso no es la ley de la selva, aquí estamos haciendo un esfuerzo para hacer una ley que proteja a las personas que les usurpan sus bienes. Pero hagamos con la herramienta del derecho, no del salvajismo”.

Asimismo, diferentes parlamentarios del oficialismo mostraron su rechazo a la iniciativa. Uno de ello fue el diputado Luis Cuello -jefe de la bancada del Partido Comunista-, quien indicó que los artículos “atentan contra el Estado de derecho porque promueven la autotutela, que es hacer justicia por la propia mano y eso significa un peligro para la integridad física y la vida de las personas”

Qué propone la Ley de Usurpaciones

El proyecto que tendrá que ser votado en el Senado tiene el propósito de establecer sanciones más estrictas -como penas privativas de libertad- a aquellas personas que se tomen propiedades, además de facilitar la detención de estos.

De la misma forma, entre los principales objetivos de la iniciativa está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia y permitir que durante la investigación se pueda devolver anticipadamente el inmueble ocupado.

Además, establece penas de cárcel para quienes engañen a otra persona al momento de celebrar la compraventa o arriendo de un sitio ocupado ilegalmente.