Ley de Usurpaciones: ¿Por qué el veto del gobierno al proyecto abrió un nuevo conflicto con la oposición?

“El Gobierno lo que está haciendo es ponerse del lado de los usurpadores“. Esa frase es la que dijo este fin de semana el presidente de la UDI, Javier Macaya, tras el ingreso del veto presidencial del Gobierno -el pasado viernes– a la Ley de Usurpaciones, aprobada a finales de agosto en el Congreso.

Uno de los reproches de Macaya, señaló en Mesa Central, está en la distinción que busca levantar el Ejecutivo entre usurpaciones violentas y pacíficas. En la presentación del veto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, marcó el punto sobre la distinción. “En caso de usurpaciones pacíficas, casos muy excepcionales, donde no hay violencia e intimidación, ni se agrede a ninguna persona, se establece que el juez va a definir si hay pena de cárcel, o hay multa“, expuso la secretaria de Estado.

“No sean vagón de cola de las decisiones que está tomando el Partido Comunista en esta materia“, interpeló el timonel UDI el domingo, tras esbozarse la idea de que quienes sean detenidos por el delito de usurpación no deban cumplir, necesariamente, una pena en prisión.

Las intenciones del Gobierno de frenar la promulgación de la ley vinieron desde que se aprobó la misma en el Senado. Esta busca sancionar las tomas ilegales de casas, departamentos y entre otros inmuebles. Hasta antes de la aprobación, el Gobierno de Gabriel Boric había presentado indicaciones que considerasen la condición económica del usurpador, además de buscar bajar la legítima defensa privilegiada.

El problema de la defensa para el Gobierno

“Lo que instaura no tiene nada que ver con la legítima defensa normal que existe en todos los delitos. No sólo permite defenderse, sino que permite defender a terceros. O sea, se puede contratar a un grupo de personas con cualquier medio y haciendo cualquier tipo de violencia“, argumentaba Tohá la postura del Ejecutivo durante la discusión de la Ley de Usurpaciones en la Cámara en ese entonces.

Para el Gobierno, este tipo de defensa abriría la posibilidad de una “autotutela” de los dueños de propiedades usurpadas sobre los usurpadores. Es decir, que el dueño actuase por iniciativa propia, sin esperar a las Fuerzas de Orden y Seguridad para su intervención.

“No es la ley de la selva. Aquí estamos haciendo un esfuerzo para hacer una ley que proteja a las personas que les usurpan sus bienes. Pero, hagámoslo con la herramienta del derecho, no del salvajismo“, defendía Tohá en agosto.

Penas para todos los casos

Otro de los puntos que generaron -y generan- sospechas en la oposición tiene que ver con las penas de presidio por la usurpación. El proyecto de ley aprobado establecía cárcel para cualquier evento, incluida la ruptura de algún objeto dentro de la propiedad privada.

Sin embargo, el Ejecutivo en su veto sostuvo el punto de ciertas circunstancias “pacíficas“. Es ahí donde desde parte del oficialismo se busca que sea un juez quien determine si, en esos eventos, respondería una pena de cárcel o una multa para el involucrado.

Tal idea levanta asperezas tanto en la derecha, como en el centro. El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), se refirió al tema en la mañana de este lunes.

“Cuando una persona tiene un terreno y alguien lo usurpa, eso es un acto violento. Todas las usurpaciones tienen que tener pena de cárcel, aunque no se use la fuerza”, señaló el líder de la mesa directiva a Radio Concierto.

Por su parte, un discurso similar reiteró el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI). El senador ya había manifestado sus apuntes al proceso de negociación que se llevó hasta la presentación del veto. Pese a ello, Coloma dijo que “el Gobierno ha tomado una mala decisión, porque ha desnaturalizado la ley. La esencia de lo que plantea es que no toda usurpación es violenta“.

“Tendría solo sanción de multa y eso es una forma de debilitar la defensa del Estado de derecho. Toda usurpación es de naturaleza violenta“, cerró.