Columna de Francisco Cox y los 50 años del Golpe | ¿Nunca más?

Cuando se conmemoraron los 40 años del golpe de Estado, no se escucharon voces dispuestas a relativizar la comisión de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. No sabemos si por convicciones profundas o de conveniencia circunstancial. Desde todos los sectores reconocían que se habían cometido delitos de lesa humanidad. Es decir que las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas fueron sistemáticas, parte de una política dirigida contra una población civil. Y, en el caso de Chile, no solo fueron sistemáticas sino que también generalizadas.

Según documenta Manuel Guerrero, el 60% de las muertes ocurridas durante la dictadura ocurren los cuatro primeros meses y, por otra parte, los militares toman el control del país en las primeras 24 y 25 horas siguientes al Golpe. Ello refleja que los crímenes de lesa humanidad se cometieron desde el inicio de la dictadura, por eso la división entre golpe de Estado y violaciones de los derechos humanos suena tan artificial.

El carácter sistemático y generalizado de los crímenes, sumado a la concentración temporal de su comisión, hacen difícil creer que quienes planificaron el Golpe no hayan planificado igualmente la forma en que enfrentarían a quienes hasta el 11 de septiembre de 1973 gobernaban Chile y cómo erradicarían cualquier atisbo de apoyo a dicho gobierno. Todo indica que la forma diseñada fue a través de la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Cuando se cumplieron los 40 años parecía que Chile podía vanagloriarse de ser un ejemplo de las bondades de lo que se llama justicia transicional. Se denomina justicia transicional a las distintas alternativas que se han creado para enfrentar la respuesta que debe dar el Estado cuando se pasa de un sistema autoritario a uno democrático, o de situaciones de conflicto armado más o menos extendido en un país a un acuerdo de paz. Simplificando un poco, la justicia transicional se ocupa de responder a las preguntas: ¿Qué hacer con los violadores de derechos humanos? ¿cómo lidiar con violaciones masivas de derechos humanos? ¿cómo reparar a las víctimas? ¿cómo asegurarnos que no vuelvan violarse derechos humanos de manera masiva y sistemática?

Chile fue pionero en dar respuesta a estas preguntas, ya que como no se tenía la capacidad para juzgar a los perpetradores de los delitos de lesa humanidad, se creó la Comisión de la Verdad como alternativa a juzgar y sancionar a los responsables. También se crearon planes de reparaciones y no mucho más, luego vino la detención de Pinochet y los juicios se activaron.

Como suele ocurrir cuando se construye una comunidad de estudiosos alrededor de un fenómeno, lo que nace como una incapacidad se convierte en virtud y prontamente surgieron voces hablando de las bondades de las comisiones de la verdad por sobre los juicios, ya que estos tienen un carácter binario y no permiten evaluar las complejidades de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos.

De igual forma, una comisión permitía abarcar los distintos aspectos y dar un relato más omnicomprensivo, lo que contribuiría al establecimiento de la verdad de los hechos que después permitiría permear en la población y construir una memoria compartida por todas y todos. Logrando, al final, que se haga real el “nunca más”.  

A los 40 años del golpe, Chile podía ser mostrado como un ejemplo de éxito de dichos planteamientos. Parecía existir un consenso casi unánime, al menos salvo cercanos directos de los delincuentes condenados, de lo que había ocurrido; hubo series de televisión; nadie verbalizaba sus dudas de la ocurrencia de los crímenes. Creo que más por los juicios que por las comisiones, pero probablemente todos los mecanismos de justicia transicional habían contribuido a ello.

A 50 años la situación se percibe bien distinta. Una diputada relativiza el carácter sistemático y generalizada de la violencia sexual sufrida por víctimas de crímenes de lesa humanidad, ampliamente documentada por las distintas comisiones de la verdad creadas y sancionadas por los tribunales de justicia. Cuando se leen los nombres de diputados desaparecidos, no se hacen presentes todas las fuerzas representadas en la Cámara de Diputados y Diputadas. No se logra firmar un documento unánime donde se condene directamente las violaciones a los derechos humanos y se reconozca la comisión de crímenes de lesa humanidad, los dos bloques tienen sus propias declaraciones. Afortunadamente, según algunas encuestas, al parecer este nivel de crispación solo sería de la elite y no de la mayoría de la ciudadanía. El comandante en jefe de la Armada dice “nunca más”.

¿Qué fue lo que pasó? A riesgo de equivocarme, esbozo un intento de respuesta. Lo primero que pasó fue el estallido social. En mi opinión, ahí comenzó una suerte de relativización con este supuesto compromiso absoluto con los derechos humanos que se había cimentado gracias, entre otras cosas, a la justicia transicional y también la condena a métodos violentos para lograr objetivos.

En no pocos círculos se escuchó que había que correr bala, que el Presidente Piñera no tenía los pantalones para responder a la situación, entre otras expresiones que develaban un bajo compromiso con los derechos humanos. Por otra parte, hubo voces que exigían la salida del Presidente Piñera y relativizaban el nivel de violencia que se observaba en las calles; algunos, incluso, parecían querer que se incrementara para lograr su objetivo de derrotar al Presidente elegido democráticamente. En esos días el país se tensionó como nunca antes desde el retorno a la democracia. Si creemos lo que algunos indican, las FF.AA. no estuvieron dispuestas a tener un rol más activo por temor a futuros juicios, mostrando la efectividad de los juicios como garantías de no repetición.

Otro factor que puede haber influido es el fracaso de proyecto de una nueva Constitución. El intento de un importante sector de los constituyentes que se identificaban como de izquierda y que venían a plasmar los derechos humanos en el texto constitucional, escribieron sus visiones a raja en el proyecto constitucional y se declararon vencedores. Ello generó un ambiente de suma cero. Mantuvo una lógica de ellos y nosotros; bueno y malos.

Si bien dicho ambiente ya existía durante el estallido social, esta instancia de encausamiento institucional del conflicto y división no contribuyó a acercar posturas y eliminar esa lógica de ellos y nosotros, sino que se erigió como la consolidación del triunfo de uno de los dos lados. Y, de esta forma, el proyecto de texto constitucional se identificó como la constitución de la izquierda y los derechos humanos. Luego vino el rechazo por parte del 62% de dicho texto. 

Quizás ese apabullador resultado hizo sentir a algunos que los derechos humanos en este país eran una agenda de la izquierda y que el 62% de los chilenos los había rechazado, por lo que ahora podían expresar lo que realmente pensaban: que las violaciones a los derechos humanos alguna explicación y justificación tenían. Que los desaparecidos y torturados durante la dictadura algo habrán hecho. En definitiva, algunos sintieron que ya no era necesario ocultar o susurrar en círculos de confianza lo que creían, ahora podían decir las cosas como las veían, porque tenían el respaldo ciudadano. Ahora ellos eran los vencedores.

Es de esperar que tengan razón aquellas encuestas y que la mayoría de la ciudadanía no apoya esta visión y que las violaciones a los derechos humanos siguen siendo repudiadas por la mayoría y que lo indicado por el comandante en jefe de la Armada sea compartido por todas las FF.AA. De lo contrario, Chile habría pasado de ser un ejemplo exitoso de justicia transicional a uno de su fracaso. La gravedad de ese fracaso radicaría en que el “Nunca Más” sería solo una ilusión y que Chile estaría expuesto a revivir en un futuro los crímenes de lesa humanidad que sufrieron miles de compatriotas.