Reportajes
24 de Septiembre de 2023El despliegue a contrarreloj del gobierno, liderado por la Ministra del Trabajo Jeannette Jara, para sacar adelante la reforma de pensiones
Una gira por el sur y el norte del país, reuniones con el oficialismo y diálogos con los sectores no alineados al gobierno son parte de las gestiones del Ejecutivo para viabilizar una de las reformas claves para la administración Boric. Y es que ahí están conscientes que no pueden permitirse un fracaso similar al de la reforma tributaria. La ministra Jeannette Jara (PC) ha liderado esas tratativas y el despliegue en terreno y advierte: "Todos debemos ceder. Ahora le corresponde a la oposición hacerlo".
Por Rocío LatorreEl miércoles estuvo en Arica e Iquique, el jueves en Antofagasta, el viernes el recorrido culminó en Copiapó.
Son seis los puntos que, en cada exposición sobre la reforma de pensiones -o “encuentros ciudadanos” como los ha bautizado el gobierno-, ha reforzado la ministra del Trabajo, Jeannette Jara: que el proyecto de ley mejora las actuales pensiones y futuras; que disminuye la discriminación a mujeres; que fortalece la libertad de elección; que valora el esfuerzo personal; que incorpora cotización del empleador y, por último, que deja atrás un sistema que califica como “extremo”.
La gira de Jara por el norte -ad portas de una semana clave para la reformas “estrella” de la administración de Gabriel Boric- no ha estado exenta de críticas, pese a que mediados de agosto ya lo había “estrenado” el mismo despliegue, pero por el sur de Chile, en tren y, junto al ministro Mario Marcel (Hacienda).
Incluso, el mismo Presidente Gabriel Boric se hizo presente hace algunas semanas en Macul, en un encuentro con vecinos de la comuna para abordar la materia.
“Si bien las políticas públicas las construyen el Ejecutivo y el Legislativo, este trabajo también debe hacerse con la ciudadanía. Tenemos la obligación de escuchar a las personas y despejar los mitos que algunos han instalado. No debemos tener miedo de que la ciudadanía esté informada”, explica la ministra a The Clinic.
Como sea, la acción ha crispado a diputados opositores que acusan falta de diálogo, a días de cumplirse el plazo autoimpuesto para que el gobierno ingrese las indicaciones comprometidas al proyecto.
“Lo que tiene que buscar son acuerdos en el Congreso, la reforma no flota”, emplazó el diputado de la comisión de Trabajo, Henry Leal (UDI) el pasado viernes.
Y ante el reclamo a Contraloría de legisladores RN, el ente fiscalizador requirió antecedentes a dos municipios (Quilpué y Viña del Mar) y a tres ministros (Interior, Mujer y Economía) que se han hecho parte de las actividades lideradas por Jara.
Al paso de esas críticas salió el jefe de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde. “Es fundamental que la gente se informe respecto del debate democrático en torno a iniciativas tan importantes como la reforma de pensiones”, defendió.
Así, pospuestas desde inicios de septiembre, ya hay luces de que el Ejecutivo lo cumplirá antes de fin de mes con el ingreso de modificaciones al texto original.
A mediados de esta semana, los parlamentarios oficialistas de la comisión de Trabajo recibieron una convocatoria.
La invitación venía de parte de la ministra, para una reunión telemática, a las 20.00 horas de este domingo. En la cita también se detalla que estarán presentes los ministros Marcel y Elizalde, junto a las subsecretarias Macarena Lobos (Segpres), Heidi Berner (Hacienda) y el subsecretario Claudio Reyes (Previsión Social).
“Por encargo de la sra. Jeannette Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, tengo el agrado de invitarles a una reunión, a realizarse el día domingo 24 de septiembre de 2023 (…)”, reza el mensaje.
La expectativa oficialista es conocer el detalle final de los ajustes al proyecto. O una actualización acabada de los diálogos de La Moneda con la oposición.
Y es que a diez meses de presentada la iniciativa, en los partidos de gobierno miran con ansias el inicio de la discusión, pero con una meta exigente para los tiempos legislativos que corren: en el gobierno confían en despachar de la Cámara al Senado el proyecto en octubre, o a más tardar en noviembre.
Pero la falta de acuerdo respecto al 6% adicional -y de otros aspectos, como la reorganización de la industria de fondos de pensiones- podrían complicar ese cronograma.
Son los “nudos” que el Ejecutivo debe resolver con la derecha y con los sectores “no alineados” en el Congreso, como el Partido de la Gente (PDG) y el centro político (DC, Demócratas y Amarillos).
La fórmula en disputa
No es secreto que el gobierno busca hacer avanzar el nuevo pilar contributivo con cargo al empleador estipulando un 4% de la nueva cotización a un fondo solidario, y el otro 2% a la capitalización individual de cada trabajador.
Así lo ratificó la propia ministra Jara hace algunas semanas, en un seminario de la Sofofa.
“Vamos a presentar las indicaciones con 4%y 2% al Parlamento. Lo que más nos interesa, es que si eventualmente hay otras propuestas, la ciudadanía tenga muy claro que cada punto que se le baja al seguro social las pensiones van a subir menos y, por tanto, no son neutras las modificaciones que algunos parlamentarios proponen”, enfatizó.
A ojos de diputados opositores, esa configuración no representa una mayor complejidad a sortear en comisiones, considerando que en Trabajo y en Hacienda el oficialismo cuenta con relativa mayoría. El problema radica en la Sala de la Cámara: con apenas 64 votos “duros” de la base oficialista, el respaldo de los sectores no alineados con el gobierno -más allá de Chile Vamos- son claves para sortear el trámite legislativo.
Alberto Undurraga, timonel DC y miembro de la comisión de Trabajo, apuesta por el esquema que ha defendido el partido desde la discusión previsional durante la última administración de Sebastián Piñera. Y coincide con su par del Partido de la Gente, el parlamentario René Oyarzo, quien en diálogo con La Segunda, afirmó que no existe acuerdo para aprobar dicha proporción.
“Creo posible construir un acuerdo con 3% para solidaridad y así mejorar las actuales pensiones y con otro 3% para cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones. Una distribución de 4% y 2% no tiene viabilidad para ser aprobada en el Congreso. Si 3% y 3% fue un acuerdo hace algunos años, y la derecha estuvo dispuesta, no veo razón para que no sea un acuerdo hoy. Aquí no se trata de facilitarle el trabajo al gobierno, sino que facilitarle la vida a los pensionados actuales y futuros”, puntualiza Undurraga.
En diálogo con este medio, la ministra Jara replica que “para facilitar la posibilidad de acuerdos, como gobierno ya hemos flexibilizado la postura original en varios aspectos, como en no perserverar en las cuentas nocionales o en materia de reorganización de la industria. También en la distribución de la cotización adicional que, inicialmente destinaba el 6% completo al seguro social, para dejarla en 4% a ese instrumento solidario y 2% a capitalización individual (…). Para que lleguemos a un acuerdo, todos debemos ceder. Ahora le corresponde a la oposición hacerlo”.
Aunque en el oficialismo se remiten a lo dicho por la ministra Jara, en sectores del Socialismo Democrático admiten que la fórmula final dependerá de la estrategia legislativa que se adopte.
“Ya sabemos la postura de la DC, del PDG y de Demócratas”, admite el también miembro de la comisión de Trabajo, Héctor Ulloa (PPD).
Y agrega: “Son (votos) vitales para aprobar el proyecto en la Sala de la Cámara de Diputados. Por tanto esperamos, que el gobierno siga abierto a la posibilidad de, por lo menos, entrar a negociar con esos partidos (…). Sus votos son vitales para aprobarlo”.
Incluso, algunos apuntan a que el problema para Chile Vamos -si se quisiera contar con esos votos- no es la distribución propiamente tal, sino la idea de “separar” el actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), estableciéndolas únicamente como inversores, separando las otras gestiones como los cobros y pagos a otras entidades.
De hecho, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, en la misma instancia de la Sofofa en la que participó la ministra, mostró apertura a esa posibilidad -resistida en su sector-, pero bajo competencia, sin “monopolizar” la gestión de cuentas en un solo ente público o privado, como se ha planteado.
Para el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Juan Santana (PS), la discusión está a contrarreloj. Por ello, la definición de poner en votación, con o sin acuerdo, es más política.
“Yo tengo la convicción de que la reforma debe someterse a votación, exista o no exista acuerdo con Chile Vamos. Vamos a entrar en la parte final del año, hay un plebiscito, el próximo año también es electoral, y los períodos electorales, como bien sabemos, exacerban el clima entre los partidos (…). Al entrar en un escenario como ese, se dificulta más el avance de la reforma”, analiza Santana.
Si esa estrategia podría significar un nuevo golpe al Ejecutivo, como lo fue la reforma tributaria, el diputado socialista asegura que lo ve desde una “perspectiva contraria”.
Y argumenta: “Va a significar costo más alto para quienes se oponen, y son ellos quienes tendrán darle explicación al país. Es un costo enorme cuando en una reforma se rechaza la idea de legislar. No puede volver a tramitarse en un año. Si la idea de legislar se rechaza ahora, tendremos que someterla a tramitación en octubre. Ahí los sectores políticos tendrán que dirimir si es que quieren seguir oponiéndose a una reforma clave en un momento electoral”, concluye.
