Columna de Daniela Catalán | Proceso Constitucional: cuando el conservadurismo excluye a las mujeres

Septiembre marcó el inicio de las votaciones en el pleno del Consejo Constitucional, etapa trascendental en el actual proceso constituyente, ya que es aquí donde se concretan las modificaciones al Anteproyecto que se iniciaron durante los debates en comisiones. Entre dichos cambios, nos encontramos con normas que, en vez de avanzar en el reconocimiento de derechos,  retroceden, incluso, en lo ya dispuesto  por la Constitución  de 1980.

En este contexto, se establecen una serie de normas conservadoras que no solo significan una involución, sino que, también, un muro de contención para avanzar en el reconocimiento de los  derechos de niñas y mujeres en Chile.

En primer lugar, constituye un retroceso abrumador poner en riesgo la derogación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales vigente hace seis años en Chile, después de un largo debate en el Congreso que culminó con un fallo favorable del Tribunal Constitucional. El propio Partido Republicano ha hecho presente, a través de sus intervenciones en el Consejo Constitucional, que para ellos es un mandato buscar “siempre y en todo lugar” la derogación de la ley de aborto.

La posibilidad de que esta normativa sea derogada queda abierta, tras aprobarse  la modificación del derecho a la vida, ya que se reemplaza  la frase “La ley protege la vida del que está por nacer” por aquella que dice “La ley protege la vida de quien está por nacer”. Este cambio parece sutil, pero tiene un impacto profundo, porque va en la línea de los movimientos más conservadores que buscan otorgar el estatus jurídico de persona al no nacido, desde el momento de la concepción, argumentos semejantes a los  utilizados en los pocos países que aún prohíben la interrupción voluntaria del embarazo de manera absoluta, como Nicaragua, El Salvador y República Dominicana.

Otra norma que mantiene la invisibilización de la mujer es aquella que otorga solo un reconocimiento simbólico a la labor de cuidados no remunerados de personas en situación de dependencia. Con los votos de la derecha se rechazaron otras propuestas que buscaban reconocer el valor económico y social de este trabajo, garantizando que el Estado tomase un rol activo a través de políticas públicas. Sin embargo, el artículo aprobado sigue considerando esta labor como una tarea perteneciente al ámbito privado del hogar y de la familia, lo que perjudica a las mujeres chilenas quienes, en su mayoría, realizan este trabajo. Así, se mantienen diversas situaciones que las discriminan. Por ejemplo, no pueden o tienen menos oportunidades de acceder a trabajos formales y remunerados y, en consecuencia, esto deriva en que su pensión sea sustantivamente más baja que la de los hombres.

Finalmente, el Consejo Constitucional aprobó el reconocimiento constitucional de la libertad de conciencia para las instituciones. Fuera de consideraciones de si las personas jurídicas como centros de salud o centros educativos pueden o no tener este derecho, no debe convertirse en una potestad absoluta que atente contra el mandato de la ley y el ejercicio de otros derechos. Y este podría ser el caso si interfieren en el acceso a la salud de niñas y mujeres. Esto pareciese ser lo que buscan ciertos consejeros de derecha que avalan la objeción de conciencia para que, por ejemplo, farmacias se nieguen a la venta de anticonceptivos de emergencia.

La construcción de una nueva Constitución debiese ser una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, sin retroceder en los mínimos ganados tras largos años de debates democráticos. Y hasta el momento, las discusiones  en el pleno y las normas aprobadas no demuestran el afán de llegar a los consensos que demanda la ciudadanía que ayuden a mejorar la percepción negativa que se tiene tanto del proceso constitucional como del texto que están votando, sobre todo cuando se afecta al 51% de la población.

*Daniela Catalán, Investigadora Laboratorio Constitucional UDP