Democracia Viva e indultos: el trasfondo de las 24 horas más agitadas del Gobierno a días del plebiscito

“La verdad es que el plebiscito implica simplemente que la gente pueda decidir si está a favor o en contra de un texto constitucional. Un texto que fue redactado no por el Gobierno ni por un sector específico que trabaje en el Gobierno“. De esa forma respondía la mañana de este jueves la ministra vocera Camila Vallejo (PC) sobre el plebiscito del fin de semana, enfatizando que no es un escrutinio sobre el Ejecutivo, y, además, de la inquietud que dejaba lo ocurrido con las revelaciones del Caso Democracia Viva y si ello afectaban los resultados del plebiscito.

Y es que pese a que ningún integrante del gabinete presidencial ha manifestado su intención de voto respecto del plebiscito, sí lo han hecho sus partidos, abanderados en el “En contra“. Asimismo, la campaña del “A favor” interpretó una frase del Presidente Gabriel Boric —sobre los derechos de las mujeres— para encasillarlo en la opción contraria al texto.

Por lo anterior es que nacía la consulta respecto a cómo conflictuaba —hasta entonces— el hecho de que Daniel Andrade (exRD) y Carlos Contreras (exRD), principales involucrados del caso, fuesen detenidos.

A ello se sumaba la declaración de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), quien aseguró que envió un informe con las fundaciones identificadas en Antofagasta al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), a pesar de que el líder de la cartera haya negado constantemente saber algo antes de la fecha del destape del caso (16 de junio).

En ese sentido, la pregunta sobre cuándo el Gobierno y Montes (y Boric) se enteraron de las irregularidades de Democracia Viva volvían a acechar al Palacio de La Moneda.

Sin embargo, mientras Vallejo daba sus impresiones, minutos antes, en Copiapó, se daba la detención de Luis Castillo, uno de los indultados por el Presidente el diciembre pasado. Una consulta nació con respecto al presunto secuestro se vio involucrado el indultado.

“¿Perdón?”, respondió la vocera, a lo que sentenció que “si es algo en desarrollo, no puedo adelantar información“, derivando la respuesta del Gobierno en el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).

Dos problemas de alto nivel en 24 horas

Lo ocurrido en ambos casos no es para nada trivial para el Gobierno. Los dos eventos derivaron en renuncias por parte de trabajadores cercanos al Presidente.

En el caso de los indultos, Boric tuvo que tomar la renuncia a su ministra de Justicia, Marcela Ríos (CS) y de su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía (CS). Ello se debió, según explicó, a las “desprolijidades” cometidas en la ejecución de los indultos. Ello porque el argumento principal para otorgarlos radicaba en que fuesen condenados en el contexto del estallido social.

Pero, hubo indultados que llevaban consigo penas relativas a otros delitos. Uno de ellos fue Castillo, quien contaba con causas por robo en lugar no habitado, robo con violencia e intimidación, daños simples, entre otros.

En cambio, por el lado de Democracia Viva, quien pagó el primer costo en el gabinete fue la renunciada subsecretaria Rojas. En el momento en que señaló que no envió un informe al ministro Montes con las irregularidades de las fundaciones de Antofagasta —contrario a lo que declaró ante la Fiscalía—, su renuncia fue solicitada por el Presidente.

Pero Rojas no fue la única afectada. Posteriormente los ojos de la oposición se dirigieron hacia el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), fundador del partido involucrado en la redada de la fundación.

Además, las cosas se tornaron más oscuras para Jackson cuando, a poco más de un mes de ocurrido lo de Democracia Viva, un robo se efectuase en las oficinas de su ministerio, sustrayendo 23 computadores. Ello agudizó su estadía, en donde el sector opositor condicionó sus conversaciones con el Gobierno a la salida del ministro, hecho que finalmente ocurrió el 11 de agosto.

Ahora los dardos se centran en Montes, en donde el Partido Republicano y Chile Vamos amenazó con presentar una acusación en contra del exsenador si es que no abandonaba el gabinete en los próximos días. Es así como el ministro socialista actualmente se posa por la cuerda floja, pero con el respaldo irrestricto —aún— de Boric.