Se acaba el paro de funcionarios de Bafona: las razones del fin del conflicto que atravesó la gestión de dos ministros de Cultura

Este miércoles llegó a su fin el paro de funcionarios del Ballet Folclórico Nacional (Bafona), que se extendió por poco más de nueve meses. Los empleados se reintegraron, en un régimen diferenciado, a sus funciones dentro de la entidad dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Según explicó a La Tercera la vocera de la Asociación de Funcionarios de Bafona (Afubaf), Evelyn Hernández, “nos llegó un calendario de labores recién. Labores que vienen diferidas en relación al elenco. Nosotros volvimos el 1 de diciembre, pero no se nos habían dado labores. Pero no nos permiten volver a las actividades”.

“Ellos nos enviaron unas actividades segregadas. ¿Por qué? Según ellos, es porque tenemos que prepararnos para ingresar por un tema de clima laboral. Hoy día decidimos aceptarlo, en el fondo por el bienestar de las personas, pero no significa que no sea una segregación”, agregó.

Entre las razones para el retorno habría estado un pronunciamiento de Contraloría que señalaba que se podían descontar los salarios de los funcionarios movilizados. “Dado que la adhesión voluntaria a una huelga, interrupción o paralización ilegal de actividades no configura una causal de justificación de la ausencia, los funcionarios que no desarrollen sus tareas carecen del derecho al pago de los emolumentos correspondientes, por lo que de haber sido estos percibidos, procede que el valor de tiempo no trabajado sea descontado de sus remuneraciones”, afirma el dictamen al que accedió The Clinic.

Pero, según fuentes ligadas al Ministerio de las Culturas, un segundo motivo para la vuelta tendría que ver con las irregularidades en la constitución de la Afubaf, debido a alteraciones en el quórum de constitución.

El conflicto en el Bafona

El 24 de marzo de 2023, a 13 días de la llegada de Jaime de Aguirre como ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Afubaf inició su movilización. En conversación con The Clinic -en agosto pasado- Hernández se refirió lo que solicitaban en la paralización.

“Lo importante para nosotros es poder ser escuchados, que se escuchen las legítimas demandas que tienen los trabajadores artistas. Para el Bafona, el conflicto se centra en las demandas laborales. Pedimos la homologación entre los artistas del Bafona y de la Orquesta de Cámara de Chile, que tienen tratos muy diferentes entre cada uno. No puede ser que en un país donde se privilegia la igualdad ante la ley existan, dentro del Ministerio de Cultura, artistas de primera y segunda categoría. Nuestras demandas se ajustan a derecho, son legítimas, pero hay un tema netamente de voluntad”, planteó.

Evelyn Hernández sostuvo -en esa oportunidad- que “nuestras demandas no han sido atendidas, hemos quedado como abandonados en virtud de la contingencia”.

En las conversaciones con el Gobierno, una de las propuestas que se barajó para homologar los salarios fue realizar aumentos progresivos en las remuneraciones. Pero, en julio, la asociación decidió llevar el conflicto a la justicia. Así, en julio, los trabajadores interpusieron un recurso de protección por maltrato y vulneración de derechos fundamentales ante la Corte de Apelaciones. Pero esa acción legal no prosperó.

Tras ello, a fines de agosto volvieron a intentarlo. Esta vez, los trabajadores del Bafona anunciaron que acudirían a un tribunal laboral por presuntas “violaciones a los derechos fundamentales laborales y humanos”.

Y, en octubre, hubo un nuevo intento. El grupo de funcionarios informó que -asesorados por el abogado Maximiliano Lobos– presentaría un segundo recurso de protección por vulneración de garantías constitucionales. Esta vez, la acción se dirigía a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo y la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Noela Salas. Además, apuntaba a la jefa del departamento de Ciudadanía de la cartera, Marianela Riquelme, y a los directores artísticos del ballet Jaime Hernández y Yamile Álvarez.

Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (Anfucultura), sostuvieron esa vez que detrás de la acción legal existía una “instrumentalización por parte de la derecha”. Además, sostuvieron -en diálogo con The Clinic– que la Afubaf sólo representaba a “una veintena” de trabajadores.

En tanto, presidenta del Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte), Paola Lattus, comentó que es “terrible que con esto hasta se esté poniendo en riesgo la existencia de un ministerio”.