Columna de Paula Poblete y Francisca Gallegos | Radiografía del cuidado en Chile

Disponer de datos pertinentes y actualizados es fundamental para que las políticas públicas sean relevantes y efectivas en el desarrollo social. Este desafío es aún más urgente considerando que Chile se encuentra en medio de una transformación demográfica sin precedentes: mientras que el Censo de 1992 mostraba que el 9,5% de la población eran personas mayores, según registros administrativos de 2021 esta proporción se elevó a 19,2%, duplicándose en tres décadas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia hemos logrado avances significativos en la recopilación de datos para comprender mejor la realidad social y orientar las acciones del Estado. El Observatorio Social del Ministerio ha sumado a la tradicional Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las encuestas de Bienestar Social (EBS), de Discapacidad y Dependencia (Endide), entre otras. Además, utilizando la gran cantidad de datos administrativos disponibles en el Ministerio, ha generado indicadores sociales que dan cuenta de fenómenos como el envejecimiento y la dependencia, llegando hasta el nivel comunal.  

En este mismo sentido, y como una forma de seguir avanzando hacia una mirada sobre los cuidados basada en derechos, hemos publicado el “Informe de Cuidados”, una radiografía exhaustiva del panorama en la materia en Chile, que representa la sistematización más relevante realizada por nuestro país hasta la fecha, proporcionando información actualizada y pertinente sobre el envejecimiento de la población, la prevalencia de la dependencia y las características tanto de quienes reciben cuidados como de quienes cuidan.

Entre los desafíos que revela el Informe están la superación de la desigualdad de género que existe con respecto a las labores de apoyos y cuidados, trabajo no remunerado que aún recae desproporcionadamente sobre las mujeres, marcando cada etapa de sus vidas con una responsabilidad que en muchas ocasiones no conoce formalidad, descanso, ni menos jubilación.

De las personas adultas dependientes que cuentan con una persona cuidadora integrante del hogar, el 26,6% recibe cuidados de una mujer adulta mayor (60 años y más). Este dato cobra relevancia porque muchas de estas personas están doblemente afectadas: ejercen como personas cuidadoras sin remuneración y, a la vez, requieren de apoyos o cuidados.

Esta persistente desigualdad tiene, además, profundas implicancias económicas. La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha ocurrido, prácticamente, sin que la sociedad desarrolle alternativas de cuidado y sin que exista una cultura de corresponsabilidad al interior de los hogares. Por ello, es crucial, también, contar con el apoyo del Estado y que los empleadores ofrezcan condiciones laborales que permitan una mejor conciliación de responsabilidades, tanto para hombres como para mujeres.

El gobierno ha dado pasos sustantivos para ir avanzando en las “3 R” vinculadas al cuidado. Por un lado, Reconociendo esa labor con iniciativas como la credencial de personas cuidadoras que da acceso preferente a la atención en diversos servicios, y Reduciendo y Redistribuyendo estas labores, a través de la rebaja de la jornada laboral (Ley de 40 horas) y la puesta en marcha de la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. 

En paralelo, y con foco en quieren requieren cuidados y quienes cuidan, se ha estado avanzando en la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, que lideran los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y de la Mujer y Equidad de Género, el cual se ha nutrido de la experiencia diaria de quienes cuidan, a través de diálogos participativos que reunieron a más de 12 mil personas, y de los datos provistos por los diversos instrumentos que se han sistematizado en el propio Informe de Cuidados, que está disponible en el sitio web ministerial del Observatorio Social.

Como gobierno nos hemos hecho cargo de la urgencia de avanzar en este tema y estamos sumando a todos los actores, pues se trata de una problemática que requiere del aporte público en sus distintos niveles —central, regional y municipal—, de la empresa privada, de la sociedad civil, las familias y las comunidades. Solo mediante un trabajo conjunto podremos alcanzar una mayor corresponsabilidad social y de género, implementando de manera efectiva una política de cuidados que se vuelve más acuciante conforme nuestro país se desarrolla.

*Paula Poblete Maureira, subsecretaria de Evaluación Social.

*Francisca Gallegos Jara, subsecretaria de Servicios Sociales.