Columna de Gloria Hutt | Del delito común a la seguridad nacional: la amenaza cambia de tono

Las declaraciones del Fiscal Héctor Barros esta semana, respecto al origen de la operación que resultó en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, no hacen sino confirmar que avanzamos aceleradamente hacia escenarios de grave amenaza para la estabilidad democrática de nuestro país.

El gobierno puede equivocarse en muchas cosas: su capacidad de gestión puede ser limitada, sus propuestas a la ciudadanía pueden ser débiles, e incluso, puede administrar mal los recursos. Todo lo cual tiene consecuencias que afectan negativamente a los ciudadanos y debe corregirse. Pero existe un ámbito en el que no puede errar: no hay reparación posible cuando la seguridad nacional no se protege a tiempo.

El riesgo se acaba de transformar en realidad: una investigación formal confirma la inaceptable intervención de Venezuela, desde donde se habría coordinado la ejecución de actos de violencia en Chile, como el secuestro y asesinato de un ciudadano protegido por la condición de refugiado político.

En febrero de este año, junto a otros Presidentes de partidos de oposición, concurrimos a plantear a la Ministra Carolina Tohá nuestra preocupación por la escalada de violencia que afecta al país. Le hicimos ver especialmente la vulnerabilidad que el crimen organizado y el narcotráfico representan para la seguridad nacional. También le planteamos la conveniencia de resguardar la confidencialidad de la investigación sobre el secuestro de Ronald Ojeda, puesto que el señor Juan Andrés Lagos, militante comunista que ha hecho explícito su apoyo al régimen de Maduro, era en esa fecha, asesor en la Subsecretaría del Interior.

Poco tiempo antes los partidos de oposición habíamos emitido una declaración conjunta en la que proponíamos una serie de acciones para enfrentar estos riesgos, cuando aún ni siquiera ocurría el secuestro de Ronald Ojeda.

Si hoy hiciéramos un registro de la información disponible públicamente, los vínculos entre las personas y gobiernos, las declaraciones, comunicados y las sesiones en el Congreso, y los ordenáramos, encontraríamos con cierta facilidad y sin ser expertos en inteligencia, que se configura una trama compleja llena de peligros para Chile.

Todos los hechos son alarmantes. El ingreso de personas que en forma organizada puedan construir una estructura delictual sólo puede ocurrir si los controles son escasos, la prevención insuficiente, las personas corruptibles y la fiscalización escasa e incompleta.

También lo es la fragilidad del control que el Estado realiza a quienes han accedido a la condición de asilado político. Se agrega la permanencia de funcionarios comunistas, explícitamente vinculados al régimen de Nicolás Maduro, que se desempeñan en ámbitos sensibles para la seguridad del entorno interior.

El contexto institucional de protección no acompaña. La detención del Director de la Policía de Investigaciones impacta sobre el ánimo de los funcionarios. Y respecto al General Director de Carabineros, el Presidente intenta dejar en manos del Ministerio Público una decisión que es su responsabilidad. Él tiene las facultades para removerlo de su cargo en cuanto lo decida, si tiene la convicción de que esa es la mejor opción para el país (el Presidente Piñera lo hizo dos veces, y en mayor escala). La ambigüedad con que se ha tratado el mérito de la acusación instala un manto de duda sobre el grado de protección al que podrán aspirar los policías en las calles en caso de incidentes.

El entorno regulatorio espera, desde 2021, contar con normas que definan el alcance del uso de la fuerza y la protección de la infraestructura crítica, entre las más importantes.

Un gobierno poco dispuesto a cortar lazos con un país que construye tramas destructivas ejecutadas en nuestro territorio, junto con personas desprotegidas, aun teniendo la condición de asilados políticos, policías debilitadas, voluntad legislativa demorada y organizaciones criminales cada vez más consolidadas, además de la virtual ausencia de un sistema nacional de inteligencia, no puede sino generar un ambiente de gran debilidad.

La situación actual amerita que el gobierno defina sus límites y establezca con claridad su compromiso con la paz, la democracia y el respeto institucional. La permanente presión de personas y partidos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro sobre las decisiones de política pública en Chile, sumado a una visión ideológica que pareciera impedirles actuar con más determinación en el control del orden público, solo nos está arrastrando a una situación cada vez más difícil de revertir.

Atribuir el clima delictual solo a la inmigración es una simplificación inaceptable. La complejidad de la situación no deja espacio para discusiones inconducentes. La pauta está en manos del gobierno y también la obligación de transmitir al país su decisión y voluntad por proteger al país de la amenaza que ya está instalada y sigue escalando.