Luces y sombras del paso de Michelle Bachelet por las Naciones Unidas

Es definitivo, Michelle Bachelet vuelve a casa.

La ex mandataria declaró que no buscará continuar en calidad de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cargo que ocupa desde 2018.

La reciente decisión de volver a Chile ha suscitado preguntas sobre el rol de Bachelet en el futuro político del país. Fiel a su estrategia, se ha mostrado cautelosa, declarando que “no me han pedido algo en específico pero quiero estar allí.” Las reacciones ante su retorno a casa no se hicieron esperar. El presidente Boric tuiteó un animado “bienvenida de vuelta,” mientras que más cauta la Ministra Camila Vallejo replicó que “me imagino que cualquier ex presidente tendrá el interés de ser parte de un momento histórico de cara al plebiscito del 4 de septiembre”.

La derecha aprovechó las críticas de su visita a China para aportillar la credibilidad de Bachelet. Luciano Cruz-Coke sugirió al presidente “desmarcar al país de este fracaso” y José Antonio Kast manifestó que la decisión no fue voluntaria porque “en la práctica la echaron.”

Más allá de las razones concretas del retorno, nadie en la política local puede mostrar indiferencia. Su presencia, ya se sabe, ha sido considerada esencial en volcar la balanza electoral hacia la izquierda en sectores reacios al gobierno. Las respuestas irán apareciendo en el camino, pero lo que es seguro es que aunque el viaje haya sido largo, el nivel de expectativas y reacciones que ha generado el anuncio de su regreso, hablan de que Michelle Bachelet todavía puede decir que retornar a Chile es volver a casa.

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En Ginebra, la expresidenta ha seguido un estilo marcado por una amplia defensa de los derechos de las mujeres y las niñas a escala global, así como una marcada voluntad por perseverar en el diálogo hasta las últimas consecuencias.

Su vocación democrática, sin embargo, se ha enfrentado a un contexto internacional al que –sin exagerar– podemos calificar de caótico. En su rol de Alta Comisionada le ha tocado defender los Derechos Humanos frente a la escasez económica y crisis de movilidad de la pandemia del Covid-19, además de una intensa reactivación de la guerra que tiene al conflicto entre Rusia y Ucrania como su punta de lanza.

Aquí, las luces y sombras del complejo paso de Bachelet por las Naciones Unidas.

La deriva venezolana

Hasta el 2019, Michelle Bachelet era percibida como una potencial aliada del gobierno venezolano. Al comienzo de su nombramiento, recibió duras críticas de las ONGs más relevantes en Derechos Humanos, tales como Human Rights Watch, UNA-UK y Amnistia Internacional. Una pública camaradería unía a Bachelet con Hugo Chávez, ambos miembros de lo que se conoció como la marea rosa de la política latinoamericana. Pero en política, se dice, no hay amigos permanentes.

Pero la relación entre Michelle Bachelet con el nuevo presidente Nicolás Maduro sufrió un violento deterioro después de un informe en que la Alta Comisionada denunciaba diferentes violaciones y abusos a los Derechos Humanos cometidos en el territorio venezolano.

Este surgió de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela en julio de 2019, donde se reunió con más de 600 personas, entre las que se incluyó –entre otros– el presidente Maduro, estudiantes, sindicalistas, empresarios, víctimas de derechos humanos de todo el espectro político e incluso el autoproclamado presidenteJuan Guaidó.

En el documento, la alta comisionada concluyó que “la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria”, agregando que “la situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica” e hizo un llamado a Nicolás Maduro a “que se ponga la mano en el corazón y saque a todos los presos políticos”. Se trataba de la primera vez que una oficina de la ONU se refería así a los detenidos en el marco de la crisis política en el país. 

El oficialismo respondió duramente a las acusaciones. Maduro escribió una carta en la que objeta la prioridad que Bachelet dio a versiones sobre el proceso venezolano “recabadas en el extranjero” y la omisión en el informe de violencia por parte de los opositores a su gobierno, cuestionando que la visión de la Alta Comisionada estaba en línea con “el relato mediático y político impuesto desde Washington.” Diosdado Cabello, vicepresidente del partido de Maduro, reprochó la denuncia de que la escasez había compelido a muchas mujeres a intercambiar comida por servicios sexuales, declarando que “la señora Bachelet se mete con la mujer venezolana, la acusa de prostituirse.“

En Ginebra, la expresidenta ha seguido un estilo marcado por una amplia defensa de los derechos de las mujeres y las niñas a escala global, así como una marcada voluntad por perseverar en el diálogo hasta las últimas consecuencias.

Este tenso escenario ha sabido dar escasos frutos. Los esfuerzos de Bachelet solo han podido contribuir a restaurar un inestable camino de diálogo con Venezuela. La alta comisionada ha afirmado con tesón la voluntad de mantener abiertas las negociaciones con el régimen venezolano. Aunque ha mantenido sus denuncias de abusos del gobierno venezolano, también ha sido una voz fundamental para levantar las sanciones de la comunidad internacional al país. En su más reciente intervención destacó la apertura de diversas vías de comunicación con el gobierno, y su voluntad de seguir “alentando el levantamiento de sanciones sectoriales para contribuir a aliviar las necesidades de los segmentos más vulnerables de la población venezolana.”

La derrota en Afganistán

Finalizaba 2020 cuando Michelle Bachelet habló públicamente desde un Afganistán arrasado por la guerra. Ya para ese entonces la Misión de Asistencia en Afganistán de las Naciones Unidas registraba más de 6000 víctimas civiles en un conflicto que se rehusaba a terminar. Fue en ese contexto en que declaró que “hay una correlación directa entre la participación de las mujeres y la sustentabilidad de la paz.”

Las palabras de Bachelet resonaban con fuerza tras las políticas de los talibanes en el poder, quienes habían atentado gravemente contra los derechos de las mujeres restringiendo su educación, forzándolas a casarse, prohibiéndoles el trabajo y obligándolas –entre otras cosas– a usar la burka. Los castigos a quienes rompieran las reglas eran aún más violentos. La orientación de Michelle Bachelet era clara: los derechos de las mujeres no eran negociables.

La evolución del proceso, sin embargo, no favoreció a la Alta Comisionada.

En septiembre de 2021, Bachelet miraba con preocupación el avance talibán reorganizado desde Pakistán, advirtiendo de la exclusión de las mujeres de la vida pública y duras restricciones al acceso de la educación de las niñas. “Afganistán pende de un hilo,” reclamaba la investigadora afgana Mariam Safi al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, “pero también la credibilidad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional.” Ya para octubre, los talibanes retornaron al poder tras una guerra de insurgencia contra el gobierno constituido en Kabul con apoyo de los Estados Unidos.

De ahí en adelante, la situación empeoró. La oficina del Alto Comisionado de la ONU intentó restablecer el diálogo con las autoridades afganas en una visita a Kabul donde llamó a restablecer derechos de comunidades afectadas, pero también a disminuir las sanciones contra el gobierno de facto. A pesar de sus intentos, los talibanes disolvieron la Comisión Independiente de Derechos Humanos, interlocutor directo de las Naciones Unidas. Bachelet reaccionó con una contrariada misiva en la que lamentaba el paso retrógrado de Afganistán frente a los Derechos Humanos de sus habitantes.

Lapidario informe

Octubre del 2019 no solo fue un terremoto social dentro del país. Chile irrumpía en la agenda internacional de Bachelet con la misma violencia que circulaban imágenes de manifestantes fuertemente reprimidos por las fuerzas policiales. Bachelet se vio impelida a juzgar a su propio país frente a la urgente protección de los derechos humanos. La primera reacción de la mandataria fue un llamado al diálogo, pero incluyó una inevitable expresión de afecto, al expresar “estoy muy preocupada y triste de ver la violencia.”

En solo unos meses la oficina dirigida por Bachelet registraba centenares de relatos sobre abusos a los Derechos Humanos, entre los que destacaban más de 300 personas con lesiones oculares. La misión especial encargada de observar el trato a los DD.HH concluyó con un lapidario informe: “Se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos” señalando que entre las vulneraciones se encontraban el “uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”.

Pasarían dos años para que Bachelet diera un balance propio de la situación. Ante un cuestionario realizado por la fiscal encargada de investigar los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social, Bachelet declaraba que “se produjo un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.”

Jaime Bellolio, ministro vocero del gobierno de Sebastián Piñera, criticó a Bachelet indicando que “fue el propio presidente Piñera quien pidió a la oficina, en que hoy día está la ex presidenta Bachelet, que concurriera a nuestro país e hiciera un informe,” y que eran los tribunales y no los ex presidentes quienes debían pronunciarse en el asunto. Pero los organismos internacionales ya habían respondido, y aunque le pesara, a la cabeza estaba Michelle Bachelet.

En las tierras del gigante asiático

La relación de Bachelet con la República Popular China ha sido tensa desde el comienzo. El foco principal han sido las denuncias de la comunidad internacional al trato que han recibido los uigures, etnia al noreste de China, por parte del gobierno central. El compromiso de los uigures con el Islam ha implicado una escalada en los mecanismos de control y restricciones en el territorio.

Desde Beijing, se han tenido que refutar acusaciones que van desde detenciones ilegales a abusos físicos, psicológicos y sexuales, que podrían acabar –según anuncian expertos– en un “genocidio cultural.” Recién nombrada, la Alta Comisionada instó al gobierno a permitir el ingreso de monitores de Derechos Humanos en la región, a lo que Pekín prontamente respondió que se respetara su soberanía.

Bachelet fue implacable en insistir que el gigante asiático diera luz verde a un ingreso de las Naciones Unidas al territorio uigur. Las tirantes negociaciones lograron un avance único para la agenda de internacional de Derechos Humanos. A fines de mayo de este año, Michelle Bachelet visitó la provincia noroccidental de Xinjiang, territorio de los uigur, autorizada por la República Popular China, se trató de su última visita como alta comisionada.

Pero la relación entre Michelle Bachelet con el nuevo presidente Nicolás Maduro sufrió un violento deterioro después de un informe en que la Alta Comisionada denunciaba diferentes violaciones y abusos a los Derechos Humanos cometidos en el territorio venezolano.

El objetivo de la visita es juzgar desde el organismo internacional la veracidad de las acusaciones en contra del régimen chino. Hace 17 años que un alto cargo de las Naciones Unidas no visitaba el país.

Tras el viaje, la alta comisionada afirmó que no pudo “evaluar la magnitud” de presuntos centros de torturas; enfatizó en que las “detenciones de abogados, activistas, periodistas y otras personas (…) son muy preocupantes” e hizo un llamado al gobierno a “emprender una revisión de todas las políticas de lucha contra el terrorismo y de desradicalización para garantizar que cumplen plenamente las normas internacionales de derechos humanos y, en particular, que no se aplican de forma arbitraria y discriminatoria”.

Sin embargo, fue ampliamente criticada: un grupo de naciones lideradas por Estados Unidos criticaron el que supuestamente no haya hecho suficiente por presuntos abusos a los derechos en dicha región de Sinkiang.

Tal vez la más destacable críticafue la declaración de Kenneth Roth, director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, quien tildó la acción de Bachelet de “diplomática” y la acusó de adoptar “la retórica de China,” al nombrar en su reporte los campos de trabajos forzados como “”centros de formación educacional y vocacional.”

Tras las críticas, el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres salió respaldando el trabajo de la alta comisionada.

Si vas para Chile

A días del balotaje presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el diputado Jorge Rathgeb exigía la renuncia de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas. Y es que la Alta Comisionada no solo había sostenido una larga reunión con Boric apenas aterrizó en el país, sino que dos días después publicaba un video de apoyo explícito al candidato del Frente Amplio, diciendo que “No da lo mismo por qué candidato se vota, por eso yo voy a votar por Gabriel Boric.” Mientras la izquierda celebraba eufóricamente el favor de la ex presidenta, desde la derecha el mismo José Antonio Kast la acusaba de intervencionismo. La polarización hablaba de la relevancia que su cargo en las Naciones Unidas le había permitido sostener tras dejar el poder ejecutivo en Chile. 

Bachelet se vio impelida a juzgar a su propio país frente a la urgente protección de los derechos humanos. La primera reacción de la mandataria fue un llamado al diálogo, pero incluyó una inevitable expresión de afecto, al expresar “estoy muy preocupada y triste de ver la violencia.”

Pero algo más que un apoyo electoral bajaba en el avión de Bachelet. Su llegada venía a robustecer una de las áreas que con mayor vehemencia ha sostenido el discurso de la presidencia hasta hoy: el respeto irrestricto a los derechos humanos. Boric ya había capitalizado de establecer claras definiciones en este sentido, en particular durante la primera vuelta en la que condenó las violaciones a los Derechos Humanos en Cuba. De esta manera, Boric afianzaba su posición en el concierto latinoamericano El porfiado celo democrático con que Bachelet había llevado su cargo en las Naciones Unidas

Aunque no representa una continuidad política, el apoyo de Bachelet a Boric comenzó un traspaso generacional que se ha expresado en el deseo de realizar políticas pensadas durante el gobierno de la ex presidenta e incluso en incorporaciones al gabinete de jóvenes líderes socialistas.