Poder de fuego, expansión territorial y falta de tecnología: Sergio Soto, fiscal especialista en encerronas, revela problemas que fomentan impunidad para autores de delitos

“Hay un antes y un después de una encerrona. Algunas víctimas no quieren volver a manejar, otras no quieren conducir de noche, y otras derechamente no quieren volver a subirse a un auto en ciertos horarios. Sienten que cuando el auto de adelante frena les van a hacer otra encerrona. Están mirando para todos lados y tienen temas paranoicos, dentro de los cuales me incluyo”, dice Sergio Soto, fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Corría el año 2017 y el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, designó a Soto como líder nacional de las investigaciones relacionadas a robos de camiones de alto tonelaje. Un delito que se concentraba en los enlaces de autopistas principalmente en la Región Metropolitana. Desde ahí que ha visto cómo evoluciona esta particular técnica para robar vehículos.

Además de ser persecutor de estos hechos delictivos, los ha sufrido en primera persona. Entre junio de 2019 y diciembre de 2021, él y su familia fueron víctimas de tres encerronas.

Dice que es un fenómeno que va “en expansión”, debido a que los delitos actualmente tienen una mayor violencia; hay más objetos de sustracción porque los delincuentes se roban “cualquier” auto; y que ya no ocurren solamente en las autopistas, sino que también en vías internas. Factores que le permiten “concluir seriamente que se va a extender a las regiones“.

Si bien el fiscal Soto viene advirtiendo desde hace tres años que este es el “delito de moda”, su incidencia sigue al alza, con muchos responsables que quedan en la impunidad. “Las posibilidades de éxito para los imputados es muy alta”, señala el persecutor.

¿Cómo se detiene esta tendencia delictual? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo se les persigue? ¿Qué pasa con las víctimas? Sergio Soto responde, el fiscal de las encerronas.

Armas, objetos de robo y focos delictuales

El fin de semana pasado murieron tres personas en encerronas. Una de ellas, fue un conductor que transitaba por la Costanera Norte y fue acribillado con más de una docena de disparos. “Nunca habíamos presenciado un uso tan alto de armas de fuego. Eso incluso hizo pensar que estábamos frente a un ajuste de cuentas”, cuenta Soto.

Violencia que se ha vuelto un “denominador común. Antes la intimidación era con elementos contundentes, hoy es con armas de fuego”.

“En cuanto a los vehículos objetos de sustracción, comenzamos con los camiones, luego a autos de alta gama y al día de hoy cualquiera: más del 50% de vehículos robados tienen valor inferior a $10 millones. Desde el punto de vista de la territorialidad, ya no ocurren solamente en las autopistas urbanas, sino que en distintas calles internas de distintas comunas”, sostiene el persecutor.

Con estos factores, Soto revela que hay un alto índice de responsables que quedan libres si se trata específicamente del delito de encerronas.

“Menos del 4% de las encerronas que han ocurrido en la RM tiene imputados conocidos. La identificación, detención y el esclarecimiento de los autores de este delito es super bajo. Desde el punto de vista criminológico, la probabilidad de éxito para los imputados son muy altas. Por lo que al analizar sus posibilidades y beneficios en distintas regiones, es prueba de que ello se va a extender”, advierte.

¿Quiénes son los responsables y cómo afectan a las víctimas?

La mayor cantidad de personas responsables de encerronas, dice Soto que corresponden en su mayoría a hombres chilenos jóvenes. “Un 34% son menores de entre 14 y 17, y el restante fluctúa entre 18 y 42. Se puede decir que no es una actividad delictual necesariamente ligada con la edad. Pero ojo: estamos considerando que ese porcentaje lo componen cuatro edades -personas de 14, 15, 16 y 17-, lo que es sumamente grave”, agrega.

Sobre el perfil de los imputados, sostiene que son “personas sumamente violentas, con importantes antecedentes penales que normalmente van en una escalada delictual: desde delitos menores hasta ahora en las encerronas”. Además, que tendrían una mayor preparación. “Hemos tenido casos de sujetos que van a cometer estos delitos con chaleco anti balas” indica.

Estos indicadores hacen que el trauma de vivir un episodio así sea aún mayor. “Todo eso genera una mayor situación de estrés para las víctimas, y muchas de ellas producto de este colapso nervioso no quieren seguir declarando o aportando antecedentes por lo mismo”, explica el fiscal. Incluso este efecto genera que un porcentaje “no menor” de víctimas, no quiera formalizar una denuncia por temor a represalias. Se quedan solo con las funas y denuncias en sus redes sociales.

“Lo que hacen es conectarse en sus redes sociales y desahogarse. Hacen una especie de catarsis, casi como terapia, y comentan todo lo que les pasó. Que la policía se demoró en llegar, que el personal de autopista nunca se acercó, que tienen miedo de llegar a sus casas. Incluso, algunas no quieren irse a sus casas luego de ocurridos estos hechos, porque piensan que los sujetos van a ir a su casa, les van a abrir la puerta y van a ser objeto de otro delito”, cuenta Soto.

Rol de las autopistas

Según cifras actualizadas al primer semestre de 2022, el fiscal Soto dice que las encerronas -no “portonazos” o robos de vehículos con violencia- en la RM subieron un 29% en comparación al año anterior. Las comunas más frecuentes son Maipú, San Bernardo, Pudahuel, Santiago y Quilicura. El período de tiempo en que más ocurren es entre las 22 horas y las 2 de la madrugada, a diferencia del año pasado en que era más temprano. Ahora, solo el 32% ocurren en autopistas y el resto en calles y avenidas.

“Desde el año 2019 comenzamos a levantar información”, dice sobre diálogos y mesas de trabajo públicas y privadas en las que ha participado. Pero las encerronas siguen aumetando.

Según él, la rapidez en la entrega de imágenes desde autopistas a Fiscalía ha mejorado, pero que “en la calidad estamos al debe”, por lo que cuesta reconocer patentes, vestimentas y rostros de los responsables. A su juicio, tampoco se han mejorado las luminarias y, aunque se sabe donde están los puntos críticos y horarios en que se cometen los delitos, no se realiza una correcta prevención con presencia de personal de las autopistas.

Considera que “no sería extraño” que en demandas colectivas contra las concesionarias por su eventual responsabilidad en estos hechos, los tribunales fallaran en su contra “por no dar un servicio acorde a la razón de la concesión, tal como fue en los casos que terceros lanzaban piedras a vehículos”.

Actualmente en el Congreso se tramitan varias leyes que buscan desincentivar la ocurrencia de encerronas, en los cuales el fiscal Soto ha colaborado bajo el paradigma de que “los proyectos que solamente buscan aumentar penas, no generan un efecto disuasivo importante que inhiba a las personas de seguir cometiendo estos hechos”.

Mejorar prevención y persecución

Consultado respecto a las medidas que se pueden tomar para que a los delincuentes les sea más difícil ejecutar las encerronas, Soto sostiene que en un proyecto de ley de los senadores Insulza y Elizalde se atacan al menos “cinco finalidades” de estos delitos que han sido reconocidos.

Primero, la venta por piezas en desarmadurías ilegales. Actualmente, dice el fiscal que la policía no puede reconocer estos elementos cuando fiscaliza estos recintos. Esto porque su número de serie solo está en el chasis y el motor. “Nunca vas a poder discriminar si una puerta, el capo o un foco provienen de un auto robado (…) lo que pretende el proyecto es que se marque esas partes”.

También busca “el enrolamiento de automotoras que están autorizadas para vender vehículos como primera inscripción” para evitar el blanqueamiento de los automóviles con ventas a través de empresas fantasmas. Además de la obligatoriedad del GPS en los autos.

Por otra parte, que los delitos de robo con intimadación o violencia como las encerronas, sean figura base para delitos de lavados de activos. Así se podría perseguir el patrimonio de organizaciones criminales “que ha sido el slogan de distintas autoridades”.

Por último, solicita que se les entreguen más facultades investigativas. “Técnicas especiales como agentes encubiertos o entregas controladas, establecidas para los fiscales en materia de la ley 20.000. Porque con este tipo de delitos tenemos que pasar los filtros de, primero, identificar a las personas y, segundo, de pedirle la autorización al juez. Y eso genera una alta demora al respecto”, concluye.