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Nacional

20 de Octubre de 2022

Presunto mal uso de dinero: La querella de los concejales de Rinconada que tiene por las cuerdas a su alcalde

Fachada Contraloria General de la República

Mal uso de dinero, falsificación de instrumentos públicos, fraude al fisco y negociaciones irregulares eran las demandas de los concejales de Rinconada a su alcalde.

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Los concejales de Rinconada de Los Andes, se querellaron contra el alcalde, Juan Galdames, debido a ciertas irregularidades con el uso del dinero del municipio, fraude al fisco, falsificación de instrumentos de carácter público y negociaciones anormales.

La demanda fue realizada por los concejales Miguel Tamaya, Juan Castillo y Carlos Montenegro, donde también en la querella se suma una acusación de irregularidades contra Hernán Espina, encargado de la secretaria de Planificación Comunal.

Juan Castillo afirma que no es primera vez que han realizado denuncias de este carácter a la Contraloría de la República, donde afirmó que “nosotros ya hemos hechos varias denuncias en Contraloría, respecto de la utilización de los fondos de casino (…) Con respecto a esta investigación se descubrió que existían unas compras ilegales, por ejemplo compras por trato directo en cuanto a terrenos, la utilización de casi 2000 millones de pesos (,,,) Respecto a la querella tiene que ver con la profundidad de esta denuncia, o en lo administrativo, se salta muchas lejos como la ley de compras publicas o la ley de lobby”.

Dentro de los testimonios de los ediles se presenta la compra anómala de un terreno sin una acreditación ni permiso legal, donde el municipio gasto aproximadamente $1.900 millones y además de irregularidades con el uso del agua que no estaban inscritas de manera correcta donde gastaron otros $600 millones. Así corroboró el medio radial del sector de Aconcagua Preludio Radio vía Twitter.

Los funcionarios resaltan que estos tipos de irregularidades son casos intolerables, debido a que en la provincia viven alrededor de diez mil habitantes, donde un 25% vive en situaciones precarias bordeando la pobreza y otro 20% tiene dificultades para poder acceder a una fuente de agua potable. Por lo que de corroborarse esta serie de delitos, Juan Galdames podría ser condenado a una pena de 5 a 10 años en prisión.

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