Columna de Carolina Urrejola: La última milla de la Ley Uber

Diez años han pasado desde que las aplicaciones de transporte empezaron a existir en el país. Todo este tiempo operaron sin mayores regulaciones, hasta que hace cinco años se empezó a debatir la llamada Ley Uber (Ley E.T.A.) en el Congreso.

Todos estos años, los usuarios hemos disfrutado de las bondades de un sistema de traslado dinámico, fácil y conveniente, que rompió con lo que conocíamos y fortaleció el empleo. Según los datos disponibles, más de 220 mil personas reciben una remuneración por trabajar en estas plataformas. Y todos conocemos a alguien que trabaja o ha trabajado en ellas.

Pero esta falta de regulación no podía durar para siempre, a pesar de los anhelos de los más libertarios. Se hacía necesario un conjunto de normas que asegurara condiciones mínimas de seguridad a conductores y pasajeros. Que emparejara la cancha respecto de otros servicios de transporte. Detrás de la comodidad de pedir un auto a cualquier hora y en cualquier lugar hay precariedades y riesgos.

Secuestros, asaltos y abusos de conductores que en realidad son delincuentes a sus pasajeros. Robos, agresiones y asesinatos a conductores por parte de supuestos pasajeros que en realidad son antisociales. Eso lo vemos seguido en las noticias.

Y en una ley que pusiera determinadas reglas, trabajaron durante largos cinco años nuestros parlamentarios, a quienes criticamos seguido por su incapacidad para ponerse de acuerdo. En el debate hubo argumentos a favor y en contra de una mayor regulación hasta que, en enero de este año finalmente salió humo blanco.

Durante su último trámite en el Senado, la Ley Uber, que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte fue aprobada. Se hizo con 26 votos a favor, uno en contra y una abstención. En abril fue promulgada y entrará a regir 30 días después de que el reglamento ingrese a la Contraloría, el próximo 19 de enero.

Que los conductores deben obtener licencia profesional e inscribirse en un registro nacional se sabía desde enero. Pero el borrador del reglamento que redacta el Ministerio de Transportes se conoció hace algunas semanas y traía sorpresas que no gustaron a las empresas del rubro: que los automóviles deben tener una cilindrada igual o mayor a 1.4 CC. Esto deja afuera a miles de autos más pequeños, cuyos dueños en muchos casos siguen pagándolos con las ganancias de los viajes que realizan. La otra exigencia del reglamento es que los vehículos no tengan una antigüedad mayor a 7 años.

La tensión entre las empresas y el gobierno ha subido de tono las últimas semanas, con sendas campañas rimbombantes para defender sus posiciones sobre la Ley Uber (“Deja Moverme”, de las apps y “Muévete Sin Miedo” del gobierno) y a los usuarios se nos presenta un panorama seudo apocalíptico que nos obliga a tomar posición, blanco o negro.

Lo cierto es que no es necesario elegir entre la flexibilidad de las aplicaciones y el resguardo que nos otorgan a todos los derechos laborales de los conductores. Es una falsa dicotomía presente en otros debates, como el de pensiones. Es tanta la penetración cultural del modelo económico en que vivimos hace décadas, que nos cuesta mirar posibilidades de mayor equilibrio.

Ahora, lo que el gobierno no puede pretender es que taxis y autos de aplicación sean lo mismo. Las exigencias de cilindrada y antigüedad parecen requisitos excesivos, destinados a tranquilizar al gremio de los techo amarillos con la excusa de ofrecer condiciones equivalentes. En regiones y en determinados sectores no abundan los taxis, esa es la particularidad y la gracia de apps como Uber o Cabify.

Es de esperar que gobierno y empresas tengan la apertura para acordar un reglamento balanceado y gradual, que permita concretar lo que los legisladores -que nos representan a todos- decidieron tras largos años de debate, lobby y negociación.