“Ausencia de regulación” y “mantenimiento de su statu quo”: nuevos reparos del Ministerio de Transportes contra aplicaciones por Ley Uber

En enero pasado, la Contraloría General de la República empezó a revisar el reglamento de la ley que regula a las aplicaciones de transporte, más conocida como Ley Uber. Durante el proceso, el organismo ha recibido una serie de requerimientos de las empresas afectadas por la norma. Entre otras cosas, las compañías han acusado que la normativa disminuiría la competencia y se vulnerarían los derechos de conductores y usuarios. Además, quedarían fuera del sistema cerca de 40 mil choferes.

Como publica La Tercera, el 12 de enero Uber reclamó que el reglamento “adolece de manifiestos vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad. No puede entrar en vigencia”. Días después, el 25 de enero, Cabify aseguró que la norma “perjudica a pasajeros y conductores”.

El Ministerio de Transportes (MTT), liderado por Juan Carlos Muñoz, respondió de forma separada a ambas empresas. Primero contestó el requerimiento de Uber, el 19 de febrero, y una semana después el de Cabify.

Según la subsecretaria (s) de Transportes, Denisse Ramírez, “las empresas de aplicación de transportes irrumpieron en Chile hace años. Prestan servicios de transporte de pasajeros sin sujeción a regulación alguna y ―derechamente― infringiendo la legislación. Eso motivó un intenso debate que culminó con la dictación de la ley que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se prestan. Disponiendo los requisitos de las empresas, conductores y vehículos; condiciones de operación; suspensión de inscripciones, entre otras”.

“Interpretación errónea de la reglamentación”

Respecto a los cuestionamientos de Uber, la autoridad aseguró que “las alegaciones […] se basan en una interpretación errónea de la reglamentación o en una falta de comprensión del alcance de la potestad reglamentaria con que cuenta este ministerio. Esto, sin que se configuren las pretendidas contravenciones a lo dispuesto por la ley o la Carta Política. Ha sido la propia legislación la que ha dispuesto el marco de acción para esta potestad”.

“Busca configurar estas pretendidas contravenciones tomando como base la situación actual en que se desenvuelve su actividad. Sin que sea argumento suficiente el mantenimiento de su statu quo, que en este caso se traduce en la ausencia de regulación”, añadió.

En ese sentido, la subsecretaria (s) respondió a Cabify que el reglamento “ha sido objeto de un riguroso análisis. Esto, con la finalidad de satisfacer los estándares de razonabilidad técnica a los que se encuentra obligada la administración”.

Además, remarcó que las alegaciones de la aplicación “tienen como base una errónea interpretación de la reglamentación, sus alcances y consecuencias. Una interpretación inexacta de los objetivos del legislador y de la entidad de la materia regulada o falta de comprensión del alcance de la potestad reglamentaria con que cuenta este ministerio. Esto, sin que se configuren efectivamente las situaciones y/o efectos alegados a lo largo de su presentación”.

La respuesta del Ministerio de Transportes a otras aplicaciones

En el marco del análisis al reglamento de la Ley Uber en la Contraloría, la startup chilena Tucar SpA también presentó, el pasado 2 de febrero, un requerimiento. En él pidió al ente contralor que “corrija, enmiende o subsane” la normativa. A su juicio, “contiene una serie de ilegalidades, errores e inconsistencias”.

Un mes y tres días después, el 5 de marzo, llegó la respuesta del Ministerio de Transportes. En un documento de 18 páginas, firmado por el subsecretario Jorge Daza, la secretaría de Estado arremetió en contra de las aplicaciones de transporte. Ahí, la autoridad acusó que las empresas “irrumpieron informalmente en nuestro país en 2014. Desde ese momento se ha venido prestando de manera paralela con los diversos modos regulados”, como taxis, buses y colectivos.

El MTT sostuvo, además, que los conductores y propietarios de autos utilizados para aplicaciones están expuestos a multas y sanciones. Esto, plantearon, “sin que las empresas asuman responsabilidad alguna en la materia. En circunstancias que el transporte de pasajeros constituye una actividad intensamente regulada en atención al riesgo que conlleva”.

El subsecretario de Transportes cuestionó, también, que las empresas que están detrás de aplicaciones de transporte no están consideradas como tales en los registros legales. Eso ocurre con Tucar App que, según Jorge Daza, “ha buscado un objetivo diverso”.