Estudio asegura que entrada en vigencia de la Ley Uber podría dejar automáticamente a 40 mil conductores fuera del sistema

Actualmente, la Contraloría General de la República está revisando y ajustando el reglamento de la Ley EAT ―más conocida como Ley Uber―, que regulará el funcionamiento de las aplicaciones de transporte. La norma establece una serie de cambios en el rubro. Entre ellos, destaca la necesidad de inscribir, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la norma, los autos y choferes de las empresas.

Además, el reglamento estipula que los vehículos deberán tener una antigüedad menor a 10 años. Aunque, originalmente, el requisito era un tiempo inferior a siete años. Asimismo, se declara que la cilindrada mínima del motor debe ser de 1,4 litros y se debe contar con licencia profesional de conductor, dentro de los primeros 12 meses en que entre en vigencia la Ley Uber.

Como publica La Tercera, un estudio realizado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica reveló que en diciembre de 2023 había 107.500 choferes de aplicaciones. De ellos, sólo el 15,5% ―16.700 conductores― cumplía con los requisitos que consagra el reglamento.

En tanto, un 37,2% de los choferes de apps como Uber, DiDi y Cabify (39.900), no cumple con los requisitos de antigüedad. Un 62,8% sí los cumple, y el porcentaje equivale a 67.510 conductores.

Mientras, sólo 23.300 choferes ―un 21,7% del total― tienen licencia profesional y 84.200 no la tienen, lo que representa un 78,3%.

Así, según el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, el número de personas afectadas por la entrada en vigencia del reglamento de la Ley Uber “puede ser significativo en el corto plazo. Estamos hablando de entre 40 y 90 mil personas”.

“Lo que se está tratando de hacer ahí es transformar en taxistas a personas que manejan como conductores, pero en verdad no trabajan jornada completa en esto. El impacto que eso puede tener en el largo plazo puede llevar a cambiar significativamente lo que esta industria representa hoy”, afirmó Bravo en conversación con BioBioChile.

El académico UC añadió que el primer grupo afectado por la ley que regula las aplicaciones de transporte serán quienes no cumplen con los requisitos de antigüedad y cilindrada, pues esa medida rige automáticamente. En este caso, serían 40 mil los funcionarios que tendrían que salir del sistema.

En el caso de quienes no tienen licencia profesional, el plazo para poder obtenerla es mayor ―un año―, por lo que los conductores podrían mantener sus empleos. Sin embargo, de no hacer el trámite a tiempo, entre 40 mil y 88 mil choferes podrían perder sus trabajos, según estimó Bravo en La Tercera.

El economista cuestionó, también que el registro de conductores de las aplicaciones se congele por 18 meses. “La esencia del trabajo de plataformas requiere que exista flexibilidad para activarse o desactivarse por parte de los conductores […]. Congelar el registro, aun cuando sea temporalmente, implica afectar la capacidad y posibilidad de empleabilidad en el tiempo”, señaló.

“Por definición, un registro cerrado, con cupos fijos o sujeto a discreción de la autoridad, afectará a las empresas de plataformas que vayan a entrar con posterioridad a la vigencia de la ley y a las empresas con menor participación de mercado. Es una norma anticompetencia”, sostuvo David Bravo.