Jaime Orpis A1

El fiscal nacional Sabas Chahuán resolvió abrir una investigación por el delito de lavado de activos, en el llamado caso Corpesca, una de cuyas caras visibles es el senador UDI Jaime Orpis. Al anterior se suma el grupo Angelini que a través de Corpesca hizo aportes tanto para la campaña a senador en 2009 del parlamentario gremialista, como pagar las deudas de esta última a través de boletas ideológicamente falsas que hasta ahora suman más de $ 200 millones, coimas que se prolongaron por al menos dos años.

La resolución de Chahuán -con fecha de ayer- implica además que la causa quedará bajo secreto para todos los intervinientes durante seis meses, los que incluso podrían ser prorrogables, atendidos los “indicios” que existen en la indagatoria que permiten presumir la consumación del ilícito.

Esta es la primera vez que en el caso Corpesca que se lleva en Santiago bajo la supervisión del Cuarto Juzgado de Garantía, se dicta una decisión de este tipo.

Hay que recordar que los aportes de Corpesca comenzaron siendo indagados en Valparaíso en 2013, luego que se descubriera que Giorgio Carrillo, asesor de la diputada filo Alianza por Iquique, Marta Isasi, había recibido aportes -poco más de 25 millones- de la firma de los Angelini que fueron destinados a la campaña parlamentaria de 2009.

Este caso de la fiscalía porteña ha tenido varios hitos. Uno de ellos la formalización de Isasi por fraude al fisco por una suma de cercana a los $ 143 millones, por la falta de fiscalización en los recursos propios del parlamento para su trabajo. También se le imputaron cargos por fraude el fisco a Carrillo.

Un segundo evento se produjo a fines de mayo pasado, oportunidad en ese mismo Ministerio Público resolvió abrir una indagatoria por blanqueo de capitales, porque existían discrepancias en los productos financieros de Carrillo.

“Los ingresos que ha acreditado no se condicen con el nivel de abonos mensuales que registra su cuenta corriente, en el período comprendido entre julio de 2011 y julio de 2012… el 41 % de los abonos registrados en su cuenta corresponden a depósitos en efectivo y transferencias electrónicas realizadas por él de origen desconocido”, señala el escrito que dio inicio a esta cuerda separada en la V Región.

Fuentes que conocen del caso indicaron que en la arista blanqueo de capitales que acaba de iniciar Chahuán, se habrían descubierto nuevos aportes a Orpis y que abultarían al doble los más de 200 millones hasta ahora detectados.

La decisión de Chahuán se basa en el “delito base” de cohecho, es decir un ilícito que al ser precedente permite configurar el lavado de activos. Ahora bien, en la reciente modificación a la ley del ramo 19.913, se sumó el delito tributario.

Otro empoderamiento de la autoridad para evitar el blanqueo le cayó de perilla a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como también a la fiscalía, ya que aumentaron sus atribuciones para indagar ilícitos de este tipo.

En el control de legalidad que hizo a las modificaciones de este cuerpo legal el Tribunal Constitucional a principios de año, la UAF puede mediante la autorización de un ministro de Corte -sistema muy similar al usado por la Agencia Nacional de Inteligencia para realizar medidas intrusivas- levantar el secreto bancario tanto a personales naturales o jurídicas (es decir, empresas), “ sin previo aviso al afectado”.

En el caso Penta, por ejemplo, fiscalía se amparó en la la Ley de Lavado de Activos a principios del año pasado para decretar el secreto de la investigación.

Confesiones

En la investigación que ahora tramita Chahuán existe la confesión del ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, quien reconoció los aportes ilegales a Orpis, mediante informes sobre la situación del narcotráfico en el norte del país y luego por la vía de las boletas ideológicamente falsas, es decir sin que se refrendaran servicios.

Orpis, públicamente admitió que recibió las lucas, pero aseguró que ello nunca significó que votara en la Cámara Alta a favor de la Ley de Pesca -aprobada en 2012- que favoreció a la industria del ramo. . Se trata del mismo argumento que usó para responder a la Comisión de Ética del Senado, instancia que actualmente lo indaga por las posibles faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.

Otra declaración clave en el caso la proporcionó Isabel Gazitúa, una ex asesora de Orpis, quien usó a sus familiares para que emitieran boletas a Corpesca dinero que iba a parar al parlamentario gremialista.

Se trata de dos oficiales de Carabineros que presentaron su baja a la institución una vez que los hechos fueron conocidos por las fiscalía.

A todo lo anterior se suma que tanto Carrillo, Isasi y Mujica se encuentran querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como también por el Servicio de Impuestos Internos.