Grupo de expertos calculó el costo de la propuesta de Constitución: explicaron por qué podría ser de hasta US$45 mil millones cada año

Un grupo de destacados economistas nacionales, dio a conocer durante la noche de este jueves 28 de julio un estudio que calcula el costo de la implementación de la nueva Constitución.

El grupo de expertos publicó un documento que tiene 122 páginas, que se publicó por primera vez ayer en Canal 13. Sus motivaciones -explicitaron en el informe- son dos. Por una parte, sería «proporcionar información de utilidad para personas que requieren más elementos a la hora de decidir su voto». Además, afirmaron tener «la convicción de que para lograr un alto grado de prosperidad compartida es imprescindible que seamos capaces de mantener las finanzas públicas sanas».

Entre los autores de la investigación se encuentran ex funcionarios públicos, como el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Además, el grupo es compuesto por cuatro destacados académicos. Andrea Betancor, de la Universidad de Talca; Claudia Martínez, de la Universidad Católica; Guillermo Larraín, de la Universidad de Chile; y Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos.

Para sus conclusiones, realizaron dos estimaciones en la mayoría de los ámbitos que aborda la propuesta de nueva Constitución. Es decir, para gran parte de las materias considerar un escenario «bajo», recatado en cuanto a provisión de servicios y gasto, y uno «alto», menos conservador.

En ese sentido, los resultados arrojaron que en el escenario bajo, el costo anual de la implementación de la Carta Magna sería de un 8,9% del PIB (Producto Interno Bruto), lo que se traduce en unos US$28.500 millones.

Sin embargo, en un escenario alto este monto asciende hasta US$45.000 millones, lo que significa un costo del 14,2% del PIB.

Derechos sociales: la materia más cara

La investigación realizó un análisis por capítulo de la propuesta de nueva Constitución, y así pudieron estimar costos para cada tema que toca el texto, que se ha convertido en un best seller de ventas durante las úíltimas semanas.

En ambos escenarios -alto y bajo- las categorías que más implicarían costo anual, sería protección social, seguido de salud y educación. Más abajo vendrían los servicios públicos generales, orden público y seguridad, servicios comunitarios.

Dentro de la categoría protección social, se identifican diferentes ámbitos que implicarían gastos provenientes de las arcas fiscales. Los derechos a seguridad social, vivienda, y al cuidado y al reconocimiento del trabajo de cuidados sería los que más implicarían costos al respecto.

A diferencia de un proyecto de ley, la constitución no implica un ejercicio de estimación de costos. Sin embargo, los especialistas señalaron que la metodología utilizada corresponde a la que se usa para proyectar implicancias fiscales de estos proyectos, tal como en un programa presidencial.

Además, señalaron que su cálculo del costo es una estimación que «supone la aplicación plena de la propuesta de Nueva Constitución. Eso signfica, por ejemplo, que asumimos que los derechos que se establecen en ella son todos plenamenete satisfechos».

Revisa el informe completo aquí:

Costo fiscal propuesta de Nueva Constitución by The Clinic on Scribd