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Política

31 de Mayo de 2023

Anteproyecto constitucional: las principales diferencias con la propuesta rechazada y los puntos más complejos para lograr consensos

Soledad Bertelsen, profesora de derecho constitucional e investigadora de POLIS Observatorio Constitucional de la U. de Los Andes, conversó con The Clinic sobre el anteproyecto despachado, sus principales diferencias con la propuesta rechazada de la Convención y los temas que podrían complejizar los consensos en el Consejo.

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La Comisión Experta despachó este martes el anteproyecto constitucional que será entregado al Consejo el próximo 7 de junio en la ceremonia de instalación. Entre aplausos, abrazos y cánticos del himno nacional celebraron el texto final que cuenta con 14 capítulos y 128 páginas que fueron discutidos entre 24 comisionados durante casi tres meses de trabajo.

A diferencia del proceso constitucional anterior, en donde la Convención trabajó desde cero en la propuesta votada en el plebiscito de salida de septiembre del 2022, el Consejo trabajará sobre el anteproyecto presentado por la Comisión Experta durante cinco meses, periodo en que pueden aprobar, modificar e incluso agregar nuevas normas.

La abogada Soledad Bertelsen, conversó con The Clinic sobre el anteproyecto despachado, sus principales diferencias con la propuesta rechazada de la Convención y los temas que podrían dificultar los acuerdos entre los consejeros constituyentes.

Principales diferencias anteproyecto despachado con propuesta constitucional de Convención

Coordinación público-privado

La profesora de derecho constitucional e investigadora de POLIS Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, indicó que una de las principales diferencias entre el texto que fue rechazado en septiembre del 2022 y el anteproyecto despachado por la Comisión Experta es que “si bien el anteproyecto reconoce que Chile se organizará como un Estado social y democrático de derecho, deja de forma mucho más clara que esto no implica eliminar a los privados“.

“Si no que explicita que los servicios se van a proveer con una cooperación público-privada, deja mucho más claro que los privados tienen un espacio para participar en este Estado Social. Y eso que queda al comienzo ya declarado en el Artículo 1, también se manifiesta en otras normas, por ejemplo, cuando habla de empresas del Estado dice que tienen que ser creadas por ley, que se van a someter al mismo estatuto de los particulares”, señaló Soledad Bertelsen.

Con relación a lo último apuntó a que esa norma se asimila más a la Constitución vigente, que a la propuesta de la Convención.

Diferencias constitucionales

Por otro lado, la abogada mencionó las diferencias institucionales, en específico con relación al Congreso. “El proyecto anterior miraba con mucho recelo al Senado, de hecho le cambiaba el nombre a Cámara Regional, o sea en realidad no era el Senado, era una cosa distinta”, comenzó indicando Soledad Bertelsen.

A su parecer, “el proyecto actual sigue mucho más de cerca la tradición constitucional chilena”, ya que considera el Congreso bicameral, con los nombres actuales y con una composición similar.

Agencia Uno

Relación entre el Presidente y el Congreso

Como tercer punto, la investigadora de la Universidad de Los Andes aseguró que en el anteproyecto hay un mejor engranaje frente a las eventuales dificultades de gobernabilidad del Presidente por el difícil camino para llegar a acuerdos en el Congreso.

“Yo diría que el proyecto actual se hace cargo más del problema, no digo que el anterior consideraba que el problema no existía, pero yo creo que no logró engranar bien las relaciones entre el Presidente y el Congreso. ¿Cómo se hace cargo del tema? Dándole quizás más fuerza a los partidos políticos“, explicó.

A lo que agregó que la Comisión Experta “pone este umbral del 5% de los votos precisamente buscando que haya partidos políticos más grandes y eso hace que hayan menos partidos en la Cámara, lo que le permite al Presidente tener que negociar con menos actores”.

Pueblos indígenas

La abogada enmarcó que la propuesta de la Convención Constitucional, que fue rechazada en el plebiscito de salida, “tenía un componente indigenista muy fuerte, que se manifestaba transversalmente en distintos elementos de las autonomías territoriales, los escaños reservados, la justicia indígena”.

“Que ahora yo diría que ahora ese componente no… o sea, se hace un reconocimiento explícito a los pueblos indígenas, a derechos colectivos que puedan tener, pero no con toda la institucionalidad que le reconocía el proyecto de la Convención”, añadió.

Finalmente Soledad Bertelsen afirmó que en la propuesta rechazada se “consagraba muchos derechos nuevos”, mientras que -a su parecer- “el proyecto actual es más sobrio en ese sentido” con un “catálogo un poco más breve de derechos”.

Puntos del anteproyecto que pueden dificultar los acuerdos en el Consejo Constitucional

Con relación a los puntos dispuestos en el anteproyecto que podrían ser más complejos al momento de de lograr consensos en el Consejo Constitucional, considerando la distribución de escaños, Soledad Bertelsen señaló tres temas.

Paridad de salida

La profesora de derecho constitucional enmarcó que la paridad de salida es un tema “muy sensible” para la izquierda, que busca que no solo esté presente en las candidaturas, sino que también se tenga en cuenta en los resultados de elecciones. Un punto que, según aseguró, la derecha “no quiere”.

“En este momento lo cedieron a nivel del Comité de Expertos, pero no me extrañaría que a nivel del Consejo se volviera a discutir, porque creo que hay una mayoría de la derecha que no se siente cómoda con tocar las urnas, como le llaman ellos”, de echar mano al resultado de una elección democrática y de cambiar el candidato electo por ajustarse por paridad. Yo creo que ahí va a haber una discusión”, explicó.

Derechos sociales

Asimismo, para la investigadora de la Universidad de Los Andes, otro aspecto del anteproyecto que puede generar discordancias en el Consejo son los derechos sociales. En salud, puso el ejemplo de que “la derecha trate de que nuevamente se ponga algo explícito sobre un sistema o régimen de salud público y privado, que en este momento quedó solo claro que el proveedor de salud puede ser público o privado, pero no quedó claro que el sistema puede ser privado”.

Mientras que en los ahorros previsionales, sostuvo que “no me extrañaría que se tratara nuevamente de poner una norma tipo de que los ahorros son de cada persona, algo que en el fondo para el electorado de la derecha es muy sensible y que claramente la izquierda no está cómoda con eso”.

Derecho a la vida y protección del no nacido

Además, para Soledad Bertelsen otro punto que se podría volver una discusión más compleja es el “derecho a la vida y protección del no nacido”.

La abogada explicó que en el anteproyecto de la Comisión Experta este tema “quedó de manera amplia que la constitución entrega a todas las personas el derecho a la vida, lo cual también se le puede aplicar al no nacido, si se entiende como persona, pero no quedó como una protección explícita. En el fondo la indicación que habían presentado era que dijera protege a la vida que está por nacer, como está en la constitución vigente”.

Señaló que los temas que pueden ser más difíciles de lograr acuerdos entre derecha e izquierda son los que se “han pasado a considerar como cosas de principios de cada sector y obviamente los sectores están dispuestos a ceder en cosas que no son tan de principios, sino que son más discutibles, hay más margen de aplicarlo de distinta manera, pero en los principios ningún sector está dispuesto a ceder”.

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