«Populismo penal»: Red Acción Carcelaria acusa que proyecto de ley presentado por diputado Gaspar Rivas «atenta contra lo más básico de una democracia»

El 3 de agosto el diputado del Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, presentó un proyecto de ley para endurecer las medidas cautelares a imputados por delitos violentos. Una medida que causó alta polémica por sus dichos donde se autodenominó «el Bukele Chileno» y que hoy, la Red Acción Carcelaria denuncia como «populismo penal».

«Estoy dispuesto a ensuciarme las manos en el combate contra la delincuencia de la manera que sea (…) He aquí el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas que inundan de drogas a nuestros jóvenes, a quienes la izquierda tiene el desparpajo de defender», sostuvo el parlamentario en conferencia de prensa.

El proyecto, en específico busca que «el Juez de Garantía deba dejar en prisión preventiva a los imputados por delitos de violación, violación con homicidio, parricidio, femicidio, homicidio, robo con violencia y robo con fuerza en las cosas y, una vez condenados, no pueda otorgarles ningún tipo de beneficio carcelario, en aquellos casos en los que la Ley N° 18.216 actualmente no considera».

La polémica provocó un duro cruce por redes entre Rivas y la periodista Mónica Rincón. Hoy la aborda en entrevista con The Clinic Antonella Oberti, directora de incidencia de Red Acción Carcelaria. Organización cuyo fin es «lograr un sistema penal y penitenciario que garantice los derechos humanos y una sociedad justa e igualitaria».

«Es grave que hayan silencios cómplices»

-¿Cuál es la postura de su organización respecto al proyecto que presentó el diputado Rivas?

-Estamos completamente en desacuerdo con el contenido y las declaraciones del diputado. Entendemos que estamos en un contexto donde la sensación de inseguridad y lo delitos han subido bastante. Eso obviamente genera una sensación de desprotección y de inseguridad que es muy íntima en las personas. La sensación de que tu integridad está en peligro despierta, de alguna forma, sensaciones super íntimas o como primitivas incluso.

En ese sentido, nos parece que el diputado se aprovecha un poco de esa situación. Y sabemos también que eso -en experiencias comparadas- ha generado potencial para mucha popularidad política de quienes adquieren ese discurso del populismo penal y punitivo. Nos parece que es grave la sensación de que haya un poco de silencios cómplices -no han pasado tantos días, entonces quizás es un poco injusto decirlo- de la Comisión de Ética, o de otros diputados y diputadas. Porque es necesario que se paguen costos políticos por este tipo de declaraciones. Atenta contra lo más básico de una democracia, que son los derechos que establece el debido proceso.

-¿Qué derechos fundamentales de las personas imputadas se vulnerarían en específico?

-En primer lugar, sería la presunción de inocencia. Mientras una persona no está condenada, se tiene que presumir su inocencia y excepcionalmente se puede restringir su libertad mientras no ha sido condenado. La regla general es que las personas mantengan su libertad, mientras ningún tribunal los haya condenado por algún delito.

Además, el diputado incurre en un pequeño error. La ley 18.216, que es la que el habla como de beneficios carcelarios, es la de penas sustitutivas, y delitos como la violación o violación con homicidio, etc., hoy en día ya no se pueden aplicar penas sustitutivas como la libertad vigilada, o la remisión condicional. Da aun más pie para decir que este proyecto es puro populismo punitivio y es puro discurso, porque no establece ninguna política sustantiva, ni ninguna propuesta contundente sobre como abordar la violencia hoy, sino que solamente ex post.

Incluso entendiendo que él se refiere a la libertad como un beneficio, se estaría vulnerando el principio de que la libertad es, en la regla general, cuando uno aún no está condenado.

Por otro lado, se estarían vulnerando múltiples tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y la misma Constitución. En el sentido de que cuando a una persona se le priva su libertad por algún delito, se le priva solamente de su libertad de tránsito. Si bien esto no es tan así, porque en la práctica se saben las vulneraciones a los derechos humanos que ocurren en la cárcel. Pero esta idea como de deshumanización atenta contra múltiples tratados internacionales.

«La prisión preventiva no está siendo tan excepcional como debería»

-En el último tiempo ha habido polémica por la extensión de las prisiones preventivas. ¿Cómo evalúan su uso en la actualidad?

-Si bien el discurso público instala siempre esta idea de la puerta giratoria y refuerza la sensación de impunidad, eso no es tan así en la práctica. Hoy en día, casi un tercio de la población privada de libertad. Más de 15 mil están en prisión preventiva, de un total de 42 mil personas de población privada de libertad. Eso es un número alto en comparación con otros países, y refleja que el uso de la prisión preventiva no está siendo tan excepcional.

Eso también refleja -ante el discurso público de este pánico de la inseguridad- una necesidad de demostrar que si se está aplicando el castigo. Pero atenta contra este mismo principio que te mencionaba de la presunción de inocencia.

-¿Estarían las condiciones para llevar a cabo una medida como la que propone Rivas?

-Las cárceles como están hoy por hoy -en caso de que se quiera invertir esa regla general, como es lo que busca hacer el proyecto del diputado- no darían abasto. Por un lado, en términos de insfraestructura, de espacio físico.

Por otro lado, en términos de personal de Gendarmería tampoco. Ya tienen turnos muy largos, y alcanzan a cubrir todas las funciones que tienen que cumplir. Y por último, eso subiría considerablemente los costos de mantener a quiénes residen en las cárceles.

-Rivas se declaró como el «Bukele chileno», haciendo referencia a la política de seguridad del presidente de El Salvador. ¿Podría imitarse algo como eso en Chile?

-Por eso yo creo que es preocupante este tipo de declaraciones. No solo por su contenido vulneratorio de derechos humanos, sino que también por el potencial que tienen de resonar con una población que hoy en día se siente desportegida. En El Salvador, Bukele desde que asumió, pero particularmente desde marzo cuando declaró el régimen de excepción, ha subido mucho en popularidad liderando una especie de batalla contra las pandillas.

Uno cuando se mete a ver las cifras, efectivamente El Salvador ha estado semanas con cero homicidios, lo que en un país como ese es histórico. Pero, ¿a costo de qué? También es importante preguntarse si uno está dispuesto a llegar a niveles donde se erosionan bases democráticas. Hay muchas denuncias de detenciones arbitrarias, se hacen redadas y se toman detenidas a cuadras enteras porque se presumía que ahí había un pandillero. Hay muertes dentro de los penales, acoso a periodistas, se han pasado leyes en la Asamblea Legislativa super vulneratorias de la libertad de expresión.

Cuando las prioridades de una sociedad están puestas en seguridad -entendiblemente, porque no quiero caer en discursos como el de Daniel Stingo– eso genera en principio una aprobación. Pero cuando se empiezan a erosionar esas bases y a sentirse más de cerca las actitudes totalitaristas, hay que sentarse a pensar que las políticas que se necesitan son propuestas serias. Con respeto a los derechos humanos y dentro de un marco de legalidad. Porque si no, es pan para hoy y hambre para mañana.