Entrevistas
8 de Octubre de 2022Roberto Izikson (Cadem) y proyecto de pensiones: “Cualquier reforma que restrinja la libertad de elección y el derecho de propiedad, se va a encontrar con la resistencia de la opinión pública”
El gerente de Asuntos Públicos de Cadem profundiza en los resultados del último sondeo de la encuestadora, donde un 56% de los consultados quiere que el 6% de cotización extra que contemplaría la reforma de pensiones del Ejecutivo, vaya completa a las cuentas de los cotizantes y no a un fondo común de reparto como aspira el gobierno. A lo que se suma que el 83% de los encuestados prefieren que se les otorgue la posibilidad de optar entre una AFP o una institución estatal.
Según ha trascendido en la prensa especializada, a fines de este mes el Ejecutivo debería presentar una de sus políticas más ambiciosas y complejas de tramitar e implementar: la reforma de pensiones. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por manejar el tema con el hermetismo propio del caso, hasta ahora se han filtrado algunos de los criterios en los cuales se basaría la iniciativa.
Por ejemplo, que se agregaría una cotización extra que llegará hasta un 6% con cargo al empleador, el que iría a un fondo común de reparto en un nuevo sistema de pensiones.
También las AFP desaparecerían, pudiendo estar presentes en el sistema como gestores privados de inversión las que, en todo caso, funcionarían en paralelo a otro ente público de similares fines. Así las cosas, sería el Instituto de Previsión Social el ente que estaría cargo de administrar las cuentas de ahorro, recaudando las cotizaciones y pagando las pensiones a los afiliados.
Hasta ahora, informaciones que sólo serán oficializadas una vez que el gobierno ingrese al Congreso la reforma de pensiones para su tramitación.
Sin embargo, habría una sensibilidad de parte de la opinión pública que estaría inclinada más a la individualidad que a lo colectivo. Es decir, una ciudadanía que aspira a que la cotización extra vaya entera a su cuenta, y que, ojalá, se mantenga la opción de poder elegir entre un sistema de capitalización individual u otro de carácter público.
Una encrucijada que, de cierta forma, protagonizó el debate constitucional en la ex Convención, donde cobró fuerza el relato del movimiento Con Mi Plata No quienes, incluso, presentaron una propuesta al órgano constituyente, la que terminó siendo rechazada.
¿Habrán quedado resabios de aquellas ideas? Al menos, las encuestas marcan un contrapunto a los principios progresistas que serían referencia para el gobierno.
Un antecedente de la causa, por ejemplo, son los resultados de la última encuesta Cadem con fecha de trabajo en terreno en la última semana de septiembre.
Ahí, el estudio concluyó que el 56% de los encuestados prefieren que la cotización adicional vaya a la cuenta de los trabajadores, mientras que un 27% aspira que esto se reparta entre las cuentas individuales y fondo común. Apenas un 13% quiere que la cotización extra vaya a por completo a un fondo común solidario.
Asimismo, un 82% prefiere que se pueda optár por quién administraría la nueva cotización, a la vez que un 83% está a favor de que se pueda optar por una institución estatal o una AFP.
Un debate inminente en el que profundiza el gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson. “El debate sobre las pensiones es por lejos el más relevante y el más significativo porque de alguna manera es el resumen de las tensiones que están ocurriendo en Chile”, afirma en conversación con The Clinic.
-¿Tal vez hay una cultura de mayor individualismo de lo que ponderan en el gobierno y en la izquierda respecto de las AFP?
-Desde mi punto de vista, esta reforma de pensiones es el resumen de un encuadre de lo que fue, por una parte el Plebiscito, por otra parte, el resultado del Plebiscito de salida, y por otra parte, el alma de lo que es el programa de gobierno del Presidente Boric.
-¿En qué sentido?
-En el sentido de la tensión entre el rol del mercado y el del Estado en la provisión de bienes públicos, de una sociedad que en los últimos 30 años se acostumbró a un modelo neoliberal, pero que sí quiere avanzar hacia uno más socialdemócrata y que no ha logrado, todavía, encontrar un punto de equilibrio en ese proceso de cambio.
En ese contexto, es cierto que hoy día hay una mayoría del 56% que espera que tanto su 10% actual, como el 6% adicional, vaya a la cuenta individual de los trabajadores. Todo, además, reforzado después con los retiros, con fondos que están acumulándose en las cuentas de la AFP, que son de propiedad de los trabajadores, que existen y que también rentan. Esa es una externalidad positiva de los retiros.
-¿Esa “externalidad” vendría a reforzar esta idea de que los ahorros previsionales son realmente del cotizante, no?
-Yo no lo enfoco en la individualidad, lo enfoco desde el derecho de propiedad. Hay un derecho de propiedad sobre esos recursos que proviene de tu trabajo.
-¿Y eso sería una suerte de sentido común instalado?
-El 62% refleja ese sentido común del Rechazo. En el fondo son muchas razones, pero también pasa por reforzar este derecho de propiedad sobre ciertos bienes, en este caso específico, sobre el ahorro previsional que proviene de tu trabajo.
Ahí hay un principio que es importante, que se ve reforzado desde mi punto de vista, con uno que también es relevante y del que todavía no hay un acuerdo: qué es la libertad.
-¿Por qué la libertad?
-Cuando tú preguntas sobre ese 6% extra quién lo tiene que administrar, el 82% te dice que tiene que haber libertad de elección. Hoy día no hay libertad de elección porque no existe un organismo estatal que compita con las AFP, como sí existe en la banca, la salud, la educación y en otras provisiones de bienes públicos.
Entonces, la gente quiere tener la libertad de elegir si es el Estado a través de una administradora, o son los privados a través de la AFP o el nombre que queramos ponerle.
Hay una combinación de dos cosas importantes; los fondos y el derecho de propiedad por una parte, y por otro lado, la libertad. Así, cualquier reforma del gobierno que restrinja la libertad de elección y el derecho de propiedad, se va a encontrar con la resistencia mayoritaria de la opinión pública, probablemente similar a la que se encontró en el Plebiscito de Salida.
-¿El gobierno arriesgaría entonces ir a contrapelo del sentido mayoritario de la opinión pública?
-Sí, pero dicho eso, creo que los chilenos después del Estallido Social están mucho más conscientes de la necesidad de que en cada ámbito de los derechos sociales haya mayores grados de solidaridad.
“El debate sobre las pensiones es por lejos el más relevante y el más significativo porque de alguna manera es el resumen de las tensiones que están ocurriendo en Chile”.
Pero en algún porcentaje y en la medida en que esté bien explicado, que sea consistente y claro, los chilenos pueden estar abiertos a que en ese 6% extra haya elementos de solidaridad. En todo caso, me parece va a costar efectivamente generar un consenso de que no vaya todo a la cuota individual.
-Se avizora complejo para el gobierno entonces…
-Me parece que donde habría total resistencia es a no tener la libertad de elegir quién lo administra. Porque lo que la reforma plantea es que ese 6% vaya completo a solidaridad, pero al mismo tiempo que sea 100% administrada por el Estado. Entonces, esa combinación me parece que efectivamente es bastante compleja.
No digo que sea imposible, pero va a requerir de mucho liderazgo político para generar un consenso que hoy día no existe a nivel de la opinión pública.
-De todas formas, hay expertos que sostienen que un sistema previsional requiere de algún componente solidario, colectivo…
-No soy un experto en previsión, pero sí pondría en duda la premisa. Creo que el consenso que existe, tanto a nivel de la opinión pública como en general de toda la política y en todos los expertos, es que es necesario un sistema tripartito. Es decir, que las personas hacen su aporte, que las empresas hacen soporte y que el Estado hace su aporte.
Hoy día la solidaridad que tiene el sistema es a través de los impuestos generales que todos pagamos; el Estado financia una Pensión Garantizada Universal, la PGU. En el fondo, esa solidaridad debería venir a través de los impuestos generales.
Lo que dice la encuesta es que hay más duda con respecto a esos niveles de solidaridad. O sea, la solidaridad viene de los impuestos generales y no desde el trabajo.
-Es decir, se acrecentará el debate conceptual: qué entenderemos por “solidaridad” en un nuevo sistema previsional…
-A través de los impuestos generales entregas ese componente solidario. O también tienen que ser las personas o las empresas a través del aporte que hagan.
Eso no está claro y creo que la opinión pública, los chilenos, están disponibles a grados de solidaridad, incluso en el 6%, pero te diría que no al 100% ni restringiendo la libertad de poder elegir si es un organismo estatal o una AFP.
“La gente legitima los principios de la capitalización individual”
-¿Cuánto del 62% del Rechazo en el Plebiscito tiene que ver con la idea instalada de que estaban comprometidos la propiedad de los ahorros previsionales?
-El Rechazo no tiene ganadores. No hay un ganador claro como sí tiene derrotados. Por lo tanto, hay múltiples razones por la cual la gente rechazó, no hay una sola.
Lo que sí sabemos, y lo que muestra la evolución completa de nuestra encuesta al menos, es que el Apruebo entre Enero y Marzo, le ganaba al Rechazo con una diferencia que era estadísticamente significativa y que desde la primera semana de abril hasta septiembre, el Rechazo ganó con una diferencia estadísticamente significativa.
-¿Qué ocurrió en esos meses?
-Hay muchos factores. Se aprobó el derecho a aborto, la Plurinacionalidad, y se rechazaron los retiros de fondos de pensiones en el Congreso. La desconfianza en los constituyentes, además, era un factor permanente. La caída de la aprobación del gobierno también.
Pero también ocurrió que se rechazó en la Convención Constituyente la iniciativa de Con Mi Plata No. Ahí hay una portada bien emblemática de Bernardo Fontaine que instalaba esta duda de que la nueva Constitución ponía en duda la propiedad, la heredabilidad y la libertad de poder elegir quién administraba los fondos de pensiones.
-Más bien, dijo que todo eso quedaría fuera con el proyecto de la Convención…
-Claro, por eso digo poner en duda, porque algunos podrán haber creído, otros dirán que era interpretable o no, pero esa portada, que fue a fines de marzo de este año, coincide con el momento en que el Rechazo aumentó diez puntos, se puso significativamente por sobre el Apruebo y desde ahí nunca más cambió la tendencia.
Es decir, el Gobierno y la Convención perdieron el Plebiscito en abril de este año, no lo perdieron en Septiembre. Y una de las razones, o una de muchas, evidentemente, fue por este debate.
-Usted hace una afirmación que no quiero dejar pasar: “no hay vencedores con el Rechazo”. Se tiende a pensar que, al final del día, ganó la derecha en el Referéndum.
-No. Nosotros preguntamos hace como dos o tres semanas, y así como la opinión pública identificaba Boric y el Partido Comunista como los principales derrotados, la opinión pública no identifica un claro ganador del Rechazo.
“En la medida en que esté bien explicado, que sea consistente y claro, los chilenos pueden estar abiertos a que en ese 6% extra haya elementos de solidaridad. En todo caso, me parece que va a costar efectivamente generar un consenso de que no vaya todo a la cuota individual”.
De hecho, he leído a algunos militantes de partidos de derecha decir que no les dieron tiempo para celebrar. Me parece que es una lectura tremendamente equivocada, sería una muy mala lectura de los partidos de derecha si lo vieran así.
La derecha no ganó este Plebiscito, el Rechazo pudo ganar porque no era de derecha, era transversal. La derecha evidentemente tiene un rol, los Amarillos también y el gobierno también.
-Parece que todos hicieron su aporte, incluyendo a los convencionales…
-Todos hicieron su aporte, pero la derecha no es el ganador del Plebiscito. Actuar en consecuencia de eso me parece que podría llevar a tomar una serie de decisiones que tengan costos político electorales significativos en el futuro.
-A la luz de los antecedentes, los estudios y la evidencia, ¿la ciudadanía quiere realmente terminar con las AFP? Hasta hace no mucho era un mantra de la izquierda y del gobierno en campaña.
-Quedó en evidencia que la gente legitima los principios del sistema de capitalización individual y los caminos de reforma que son necesarios, es decir, que el sistema de pensiones tiene que ser tripartito, individual, con un aporte importante del Estado desde los impuestos, y con aportes de la empresa que permita aumentar las cotizaciones. Y que haya libertad para poder elegir, eso no existe.
-¿Qué debería hacer entonces el Ejecutivo?
-De hecho, si tú me preguntas a mí, leyendo los diarios creo que la propuesta del gobierno no va por ese camino, pero probablemente una reforma al sistema de pensiones que tendría un consenso en el país en cuatro días, es mantener los principios fundamentales del sistema, crear una AFP estatal o un órgano público estatal que pueda competir en igualdad de condiciones con las privadas, donde la personas tengan libertad de elección ante un sistema público o privado. Y el 6% adicional, agreguen un grado de solidaridad.
La gente podría estar disponible, pero no el 100% a solidaridad. Tal vez la mitad, tres y tres, y evidentemente que el Estado tenga un rol a través de impuesto más generales, que ya lo hizo a través de la PGU, y asegurarse que sea a través de una reforma tributaria u otros caminos para que esa PGU llegue a los $250.000.
-En todo caso, no olvidemos que el programa de gobierno dice que se eliminarán las AFP.
-El programa de gobierno quiere eliminar la AFP, aprovechándose de que la marca AFP no goza de confianza, pero creo que donde se equivoca es que aunque la marca AFP puede tener algún daño reputacional, los principios del sistema están están legitimados. Por lo tanto, efectivamente pueden encontrarse con una piedra de tope.
