La pesadilla de todos los gobiernos: cómo se desactivaron los últimos cinco grandes paros de camioneros

“El gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado como corresponde en casos como este y es un hecho, esta decisión ha sido tomada”, dijo enfática la vicepresidenta Carolina Tohá. Esto, debido al bloqueo de carreteras que está ejerciendo el paro de camioneros ante una movilización que se extiende por cuarto día consecutivo. Hasta la fecha, el Ejecutivo ha reconocido el impulso de 27 querellas en base a este instrumento legal.

Esto, luego que el pasado martes 22 de noviembre, el Ejecutivo y los camioneros movilizados llegaran a un acuerdo en base algunos puntos esenciales: modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible, estabilizar el precio del diesel y reforzamiento de la seguridad pública. 

Por lo mismo, la respuesta del Ejecutivo fue contundente. A la notificación de la ministra Tohá, se sumó el ministro (s) de Interior, Manuel Monsalve, quien cuestionó que ciertos gremios mantuvieran la movilización, no obstante haber concordado anteriormente posiciones, situación que calificó como carente de “fundamentos”. 

“Como esto afecta la vida de los chilenos, el gobierno va a ocupar todas las herramientas del Estado de Derecho  para proteger el normal funcionamiento del país para porteger a los sectores más vulnerables. Un grupod e interés al cual el gobierno le ha contestado, al cuál le ha puesto recursos cuantiosos, no tiene fundamento para alterar el normal funcionamiento del país”, dijo la autoridad. 

Para mayores luces, Monsalve incluso articuló un cálculo rápido para ponderar el costo fiscal de las medidas comprometidas para el sector. “Para paliar el alza del costo de los combustibles, es de igual magnitud fiscal que el pago de la Pensión Garantizada Universal”, calculó el ministro subrogante. 

Para enfatizar este punto, también intervino el jefe de la billetera fiscal, el ministro de Hacienda Mario Marcel. Hoy tenemos una carta que se la ha enviado al Ejecutivo, donde el primer punto es rebajar el valor de todos los combustibles en un 30% de forma inmediata y mantenerlo por seis meses”, dijo. “Son demandas desproporcionadas, el costo es del orden de los 2.500 millones de dólares”, agregó.

En este contexto se entiende la preocupación del gobierno por desactivar la paralización. El paro del transporte trae consigo efectos insospechados en la economía, al comprometer el abastecimiento del país, el libre tránsito, además del correspondiente estrés para la población.

Y pese a haberse anunciado un acuerdo con los camioneros movilizados, aún se encuentran máquinas bloqueando ciertos puntos en las carreteras. El fantasma del desabastecimiento, según previenen los gremios empresariales. 

Por lo mismo, The Clinic hace un repaso por las movilizaciones de camioneros de los últimos años y cómo los correspondientes gobiernos respondieron ante ello a fin de desarticularlos. 

2008: devolución de impuestos al combustible

Primer administración de Michelle Bachelet, junio del 2008. Luego de cuatro días de movilizaciones, el gobierno mandató al entonces ministro de Transportes, René Cortazar, para abrir una mesa de negociaciones con el gremio de camioneros. Para ello, se reunieron el secretario de Estado junto al presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, y otros cinco dirigentes, en una de las oficinas del ministerio. 

Fueron horas de intensas tratativas, las que sólo finalizaron a las 03:30 de la madrugada del 06 de junio de aquel año.

La respuesta del gobierno para desactivar el paro fue generosa: devolución del 80% del impuesto al combustible para ese año, y un 100% a partir del año 2009. 

“Una buena noticia para el país”, calificó el ministro Cortázar tras cerrar el acuerdo. A las 08:00 de la mañana de ese día, los camioneros volvieron a sus faenas. “Ese impuesto específico que se mantiene hasta ahora y termina en diciembre”, complementa para The Clinic el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya.

2015: camiones quemados por Alameda y recepción en La Moneda

Segundo gobierno de Michelle Bachelet. Finalizaba el mes de agosto del 2015 cuando una dantesca imagen fue transmitida por los noticiarios de la época: camiones quemados presuntamente en la Araucanía, transitando por la principal arteria de la capital: Alameda.

Las maquinas, de hecho, venían trasladándose en una caravana desde Temuco. Es en este año donde ya comienza a registrarse lo que será una constante en las demandas de los transportistas: aplicación de la Ley Antiterrorista para las máquinas que fueren quemadas. 

La escena graficó la fractura interna del gobierno de la época. Esto, pues la postura inicial del Ejecutivo era impedir el paso de los camioneros alzados a Santiago. De hecho, la Seremi de Transportes de la RM había emitido una circular prohibiendo el acceso de la caravana a la ciudad. 

Sin embargo, lo más complejo fue que el entonces subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy (PS) había manifestado públicamente su negativa a autorizar tamaño desafío a la autoridad. La negativa de las autoridades cambió cuando el ministro del Interior de aquellos días, Jorge Burgos (DC), determinó -previa consulta con la Mandataria, según sostuvo después- autorizar el paso de las máquinas calcinadas, las que incluso llegaron a pasar frente a La Moneda. 

Contactado por The Clinic, el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, recuerda: “Ellos fueron a La Moneda esa noche a mostrar su herida. Hicieron un show más o menos, lo que alargó un poco la solución hasta como a las 21:30 de la noche y ahí se fueron: ocuparon el horario prime para salir con esta cuestión. Pero el paro se acabó después de eso. Al día siguiente las carreteras estuvieron despejadas”, dice, quien recalca que dicho movimiento “era por la quema de camiones en la Araucanía, no por cuestiones económicas”. 

La divergencia de postura desató una crisis política en Palacio donde las versiones de prensa de la época aseguraban incluso intentos de renuncia del ex subsecretario Aleuy al equipo de gobierno.

“Fue un tema discutido al interior del gobierno. Incluso, el subsecretario Aleuy, con el que yo me llevé muy bien en todo el periodo, no quedó contento porque creía que había que ejecutar el plan que se había diseñado, pero Carabineros decía que era imposible. Y esa noche no les gustó a los otros ministros, y me quedé sólo en La Moneda. El que me fue a acompañar en las declaraciones fue Claudio Orrego (entonces Intendente de la RM), lo que hasta el día de hoy le agradezco”, agrega. 

Al año siguiente hubo otro intento de paro de camioneros, el que -sin embargo- tuvo un alcance más acotado. 

Jorge Burgos profundiza en sus recuerdos. “Luego tuve otro intento de paro fallido en febrero del 2016. Ese se desactivó sólo porque dejaron de tomarse la Ruta 68 porque estaban medio divididos, y la repulsa ciudadana de la gente fue gigantesca”. ¿Cómo logró el gobierno de la época desactivar esa movilización? “El compromiso fue ampliar las playas de estacionamiento”, responde el ex secretario de Estado.

2020: “áreas de descanso”, mesas de diálogo y sintonía con el gobierno

Segundo gobierno de Sebastián Piñera, septiembre del 2020. En medio de los días duros de la Pandemia, los camioneros deciden irse a paro por las mismas razones que habían motivado las movilizaciones en el pasado gobierno de Michelle Bachelet: mayor seguridad en las carreteras. 

Sin embargo, la actitud dialogante mostrada por el gobierno ante los gremios movilizados, atizaron los ánimos de la entonces oposición. De hecho, impulsaron una acusación constitucional contra el entonces ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI), por no haber garantizado el principio de “igualdad ante la ley” por la apertura del Ejecutivo a mantener tratativas con el gremio, pero con una actitud de mayor dureza ante las manifestaciones post Estallido que tuvo que enfrentar la autoridad, argumentaban defensores del libelo. 

De hecho, al ver que la acusación fue declarada admisible por la Cámara de Diputados, Víctor Pérez renunció a su cargo en el ministerio del Interior. La acusación, en tanto, siguió su curso en el Senado, donde se rechazó la acusación, declarando inocente al renunciado jefe de gabinete de todos los cargos. 

En paralelo a la ofensiva fiscalizadora de la oposición, el gobierno debió continuar con las negociaciones con los gremios en paro, las que desactivaron el conflicto. Fue así que el Ejecutivo abrió una mesa de diálogo en base a nueve puntos, entre estos, la construcción de áreas de descanso para los choferes en ruta en el ingreso de la VIII región por el norte, y en el acceso sur de la IX región. 

También abrieron otra instancia similar para abordar los detalles de la Ley Nacional de Transporte de Carga y atender demandas particulares como, por ejemplo, los transportistas de la Quinta Región, quienes resentían que con el atochamiento en los puertos de Valparaíso y San Antonio, perdían turnos y se exponían al robo de carga. 

Pasado el tiempo, en enero de este año, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, aseguró: “no nos adherimos porque ese paro, por palabras del presidente (Sergio Pérez), se lo pidió el gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen”, dijo sobre la agenda de seguridad, tras reunirse con el entonces Presidente electo Gabriel Boric.

Luego, matizaría sus dichos, aunque contactado por este medio, Araya acota: “creyeron que con el movimiento de los camioneros iban les iban a salir las leyes”.

Febrero 2022: Estado de Excepción en la frontera norte

A tan sólo un mes del cambio de mando presidencial entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric, en el norte grande ocurrió un hecho que crispó los ánimos del sector: el asesinato del camionero Byron Castillo en la ruta que une Antofagasta con Mejillones. 

Lo anterior motivó el bloque de rutas desde la región de Antofagasta hasta Valparaíso. Las demandas fueron mayores condiciones de seguridad y cambios a la ley migratoria, debido a que posterior al asesinato que gatilló la movilización, fueron detenidos cuatro inmigrantes sospechosos del homicidio. 

Hasta la zona se trasladó el entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien sostuvo una serie de reuniones con autoridades locales, dirigentes camioneros y la madre del fallecido, Milenka Herrera. 

Luego de ello, el 12 de febrero el gobierno decretó Estado de Excepción en las provincias fronterizas de Arica, Parinacota, Tamarugal, y El Loa. 

Entonces, los camioneros depusieron el paro…sólo por unos meses. 

Abril 2022: el ultimátum de Siches

Apenas había pasado un mes y fracción desde que había asumido el gobierno del Presidente Boric, cuando los gremios de camioneros nuevamente volvieron a la carga, ahora exigiendo medidas ante el alza en el precio de combustibles y del TAG, junto con mayor seguridad en la ruta. Siempre con la crisis en la Macrozona Sur como telón de fondo. 

Con cortes de tránsito en diversos puntos de la Ruta 5, y haber presentado nueve querellas por Ley de Seguridad del Estado, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, hizo una demostración de fuerza tras haber sido severamente cuestionada por su truncado viaje a Temucuicui a inicios del gobierno. 

En esta pasada, sin embargo, sentenció: “Esto está afectando a la ciudadanía, está poniendo en riesgo a las personas de nuestro país. Es por ello que como Ministerio del Interior y como Gobierno de Chile, queremos dar un plazo hasta las 16 horas de hoy para liberar las carreteras de nuestro país y permitir el libre tránsito, y recuperar la seguridad para las personas”. 

En tanto, uno de los dirigentes movilizados, Carlos Galaz, respondió con un ligero tono desafiante, al enterarse del plazo perentorio mientras dialogaba con el gobierno, según sostuvo. “No, señor. Nosotros nos vamos a retirar a las 17:00 horas porque ella no sabía los resultados de esto, nos estaba amenazando”, replicó tras asegurar que el gobierno se había comprometido a explorar soluciones para el sector. 

Bonus Track: militares entran al gobierno de Allende (Octubre del 72)

Uno de los momentos más complejos en la Historia de Chile: el emblemático paro del transporte en Octubre de 1972 en el gobierno de Salvador Allende. Las demandas de dicha movilización iban desde políticas por abastecimiento de repuestos, hasta por la situación económica en general. También se sumaron otros gremios profesionales y del comercio, todos apoyados por la oposición política y mediática al gobierno de la Unidad Popular. 

Luego de casi un mes de movilizaciones, la respuesta del gobierno fue decretar Estado de Excepción y convocar a las Fuerzas Armadas al gabinete, a modo de descomprimir el conflicto. Fue entonces que ingresó a la cartera de Interior el entonces comandante en jefe del Ejercito, Carlos Prats, además del contralmirante Ismael Huerta en Obras Públicas y el general de brigada Claudio Sepúlveda en Minería. Sólo entonces finalizó el paro de camioneros. 

El elenco cívico-militar se extendería hasta las elecciones parlamentarias de marzo del 1973. 

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