Política
13 de Diciembre de 2022Expertos con derecho a voto y bordes a los derechos sociales: cinco luces rojas del acuerdo constituyente
Anoche se anunció los alcances del “Acuerdo por Chile” para habilitar un nuevo Proceso Constituyente. En las primeras horas del pacto, sin embargo, ya se avizoran algunos aspectos que proyectan un debate complejo; expertos con derecho a voto y sin remuneración -lo que abriría espacio para operadores políticos, advierten los críticos-, bordes a los derechos sociales -carácter “progresivo y sujeto a la “responsabilidad fiscal”- y un calendario electoral que, a juicio del Servel, no estaría cuadrando con los plazos legales.
Desde la rotunda victoria del Rechazo en el Plebiscito de Salida del 04 de Septiembre, pasaron cerca de cien días de negociaciones entre los partidos con representación parlamentaria para cerrar un acuerdo que habilite un nuevo Proceso Constituyente.
Pese a las dificultades y tensiones que por momentos marcaron las tratativas, finalmente cerca de las 22:00 horas del lunes 12 de diciembre, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y su par de la Cámara, Vlado Mirosevic, anunciaron los alcances del pacto que, sin embargo, diversos parlamentarios ya habían ido adelantando en la horas previas a través de las cámaras de TV.
Así las cosas, Elizalde y Mirosevic oficializaban los principales lineamientos del acuerdo. Un órgano redactor mixto compuesto por 50 miembros electos y otros 24 expertos designados por el Congreso, quienes desde enero del próximo año redactarán un anteproyecto que servirá de base para la redacción de la propuesta constitucional.
Asimismo, en abril del 2023 serán las elecciones de los constituyentes, quienes tendrán seis meses para redactar el borrador de nueva Constitución que será sometido al veredicto ciudadano mediante un nuevo Plebiscito de Salida con voto obligatorio.
Si bien el acuerdo permite abrir un nuevo itinerario constitucional, trae consigo aspectos que adelantan un debate controversial y que probablemente serán materia de la tramitación legislativa y del trabajo propio del órgano redactor de una nueva Constitución.
Aquí The Clinic te identifica cinco luces rojas que estarán presentes en el debate constitucional que seguirá en los próximo meses.
1) Expertos con derecho a voto en “comisión mixta”
Acaso es el punto que genera mayor inquietud del acuerdo constituyente; la figura de los expertos. En el documento base del acuerdo ya se adelantan que -dicho en simple- su designación será en base a uno de los métodos inmemoriales para distribuir el poder político: el clásico “cuoteo”.
“(La comisión experta será conformada) en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras”, plantea el documento, sin ahondar cómo se definirá esa proporcionalidad.
Aplicado para el caso de la actual Cámara de Diputados, las diferencias de representación se replicarán en el órgano constituyente. Ejemplo: el Frente Regionalista Social Verde -partido miembro de Apruebo Dignidad- cuenta con apenas dos diputados, lejos de los veintiún diputados que conforman la bancada de la UDI.
En el documento del acuerdo, además, se establece que los expertos deberán contar con “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica” y tomarán decisiones en base a un quórum de 3/5 de la comisión. Sin embargo, es su labor ante la propuesta de Carta Fundamental donde se abren las interrogantes.
Esto, pues la denominada “Comisión Experta” deberá entregar un informe al Consejo Constitucional electo, a objeto de que “mejoren la redacción y comprensión de normas del texto”. Luego, el acuerdo fija los umbrales de aprobación y rechazo de las normas.
“Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas siguientes: se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con el quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cada una por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio”., dice un extracto del documento de acuerdo.
Luego, se entra al punto más controversial: una “Comisión Mixta” donde expertos y constituyentes tendrán una capacidad de incidencia similar en caso de haber diferencias.
“Todas aquellas propuestas que no se encuentran en alguna de circunstancias anteriores, se resolverán mediante una Comisión Mixta, compuesta por doce personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia”, plantea el documento.
2) Expertos ad honorem: ¿Operadores políticos?
Asimismo, se informó que la labor de los expertos será ad honorem. Este punto del acuerdo constituyente ya genera debate, en el sentido de que sería un estimulo para la participación de expertos con las espaldas financieras suficientes como para dedicarse a la labor constituyente de forma gratuita.
Así lo planteó la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz: “Expertos sin remuneración es asumir que sólo quienes tienen recursos pueden serlo”, apuntó en su cuenta de Twitter.
Crítica similar planteó el periodista Daniel Matamala, también en la misma red social, apuntando a la posibilidad de que este espacio sea tomado por operadores partidarios. “Refuerza la idea de que no serán profesionales destacados, sino, simplemente, operadores de los partidos y sus think tanks en comisión de servicio”, sostuvo el comunicador.
3) La alerta del Servel: “Correr todo un mes”
En el último punto del documento que formalizó el acuerdo constituyente es dedicado a los tiempos del proceso. En el apartado titulado “Itinerario Constitucional” se plantea que el proyecto de reforma constitucional se ingresará al Parlamento “a la brevedad” mediante moción parlamentaria. En este contexto, se le solicitará al Ejecutivo que fije “discusión inmediata”, a fin de que calendario propuesto “sea factible”.
Así, el acuerdo plantea los siguientes hitos: 1) Instalación de la Comisión Experta en Enero del 2023. 2)Elección de los consejeros constituyentes en abril del 2023. 3)Instalación del Consejo Constitucional. 4)Tras cinco meses de trabajo, el 21 de octubre del 2023 se entregará el borrador de nueva Constitución. 5) Plebiscito ratificatorio de salida con voto obligatorio el 26 de noviembre del 2023.
El itinerario propuesto, sin embargo, ya fue cuestionado por el Servicio Electoral. Esto, pues el organismo ha insistido en que el plazo legal para habilitar un nuevo proceso eleccionario es de 140 días a partir de la publicación en el Diario Oficial de la reforma constitucional que habilitará el Proceso Constituyente. Esto, a fin de preparar los detalles técnicos y operativos de nuevos comicios, por ejemplo, actualizar el padrón electoral.
“La vemos un poco difícil por los tiempos. Confeccionar el padrón requiere tiempo, porque hay procesos relevantes como la auditoría y el derecho a reclamo que duran un mes cada uno. Suprimir esos procesos puede restar legitimidad”, dijo esta mañana el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle.
“Puede que no se llegue a abril por los plazos. No veo problema que el mismo calendario sea en mayo, la elección de consejeros, y diciembre el plebiscito. No habría mayor drama”, sugirió Tagle.
De manera más tajante, Andrés Tagle ya había hecho la prevención en la edición de hoy, 13 de diciembre, de El Mercurio: “los plazos están en la ley, no son inventos o caprichos del Servel”.
4) Dos líneas para los Escaños Reservados
El documento del acuerdo constituyente establece la presencia de Escaños Reservados en el Consejo Constitucional, quienes serán cupos adicionales a los 50 consejeros electos y a los 24 expertos, según afirmó en radio Cooperativa el presidente de la Cámara, diputado Vlado Mirosevic.
Sin embargo, la mención a la presencia de Pueblos Originarios en el órgano constituyente es escueta. “El Consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección”, dice el documento, sin detallar en qué consistirá esa proporcionalidad y si competirán en listas nacionales o por circunscripción -método similar a la elección de senadores- como ocurrirá con el resto de los consejeros.
5) Límites a los derechos sociales
Uno de los grandes consensos desde que se habilitara el Proceso Constituyente pasado era redefinir el carácter del Estado de Chile, el que en el borrador rechazado en el Plebiscito de Salida del 04 de septiembre, se establecía que Chile sería un “Estado Social y Democrático de Derechos”.
Esta definición se mantiene en el punto cinco del nuevo acuerdo, aunque ya se trazan determinadas fronteras para su implementación. Dice que el Estado promoverá el desarrollo “progresivo” de los derechos sociales. También agrega que esto será con “sujeción al principio de responsabilidad fiscal” y “a través de instituciones estatales y privadas”.
El detalle de estos bordes, de alta sensibilidad para el progresismo, será materia de la tramitación del proyecto de nueva Constitución.
